La explosión este martes por la noche en una de las empresas del polígono petroquímico de Tarragona, en La Canonja, que ha provocado dos muertos (un vecino del barrio de Torreforta y el encargado de planta, que inicialmente constaba como desaparecido) y ocho heridos (dos de ellos muy graves), ha reabierto debates latentes en una zona muy sensibilizada por los peligros inherentes de acoger el complejo más grande de estas características del sur de Europa. Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE), epicentro del siniestro, es identificada por los residentes en la zona por su antigua denominación, IQA (Industrias Químicas Asociadas). De hecho, una parte de las viviendas ubicadas en la calle Amposta se les conoce popularmente por ese nombre, porque fueron levantadas por la empresa en la década de los sesenta para acoger los trabajadores.
La puesta en marcha en 1961 de esta planta, dedicada actualmente a la producción de óxido de etileno (un gas altamente inflamable que puede provocar diversos grados de irritaciones en piel y ojos debido a su inhalación), supuso el punto de partida para la consolidación de un área que terminó siendo un polo de atracción para las compañías químicas, de carburos y de sus derivados. Y, como efecto dominó, provocó una gran demanda de puestos de trabajo, tanto de personal cualificado, como de mantenimiento o de construcción. Gente de toda España se desplazó hasta los barrios de Ponent de Tarragona (La Canonja estaba integrada en la ciudad desde 1964 antes de su segregación definitiva en 2010) atraídos por las ofertas generadas por la expansión del sector.
Esta incidencia en el mercado laboral ha sido una de las grandes cartas que ha jugado la industria para lavarse la cara ante las críticas, junto con las inversiones realizadas por ajustarse a los criterios medioambientales estipulados por las normativas, tanto estatales como europeas. Ahora bien, con el paso del tiempo cada vez se hace más visible la protesta vecinal por las derivadas de la proximidad a unas industrias vistas de soslayo por las nuevas generaciones.
Poco antes de la explosión salía a la luz un documental elaborado -gracias al micromecenaje- por la Plataforma Cel Net donde se ponían en duda los informes oficiales sobre la calidad del aire que se respira en la zona. Este movimiento ha impulsado estudios alternativos al respecto (encargados a la UPC) con el único apoyo material entre los municipios del área del ayuntamiento de El Morell. Asimismo, la actuación, al menos errática, de Protección Civil en este caso ha dado contenido a las quejas enterradas sobre la habilidad de la administración para elaborar protocolos eficaces en casos de crisis.
Aunque ahora el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, era incapaz de asegurar si el óxido de etileno era un producto tóxico o no, de cara a justificar el silencio de las sirenas que teóricamente deberían haber alertado de la existencia de un accidente de esta gravedad. La activación del Plan de Emergencias Químicas (PLASEQCAT) también tardó horas en ser comunicado, y la posterior emisión de una nota a través de las redes sociales en la que Protección Civil pedía el confinamiento de los 270.000 vecinos de varias poblaciones que conforman la segunda área metropolitana del país (entre ellas las de Salou y Reus) provocó sensaciones de angustia entre una población que se tapaba en algunos casos la cara con chaquetas y bufandas a modo de máscara improvisada.
Posteriormente llegaría un anuncio reduciendo el alcance de la medida a los municipios de Tarragona y Vila-seca, pero la sensación de caos (en ningún caso reconducido por autoridades de peso) duró hasta entrada la noche. Y más cuando se conoció que el vecino de Torreforta murió aplastado por una de las piezas del techo de la fábrica mientras se encontraba en su casa. De aproximadamente una tonelada de peso, la plancha fue propulsada casi dos kilómetros y medio para caer en el techo de la vivienda. La afectación podría haber sido mucho más grave en el caso de que el accidente se hubiera producido a mediodía, porque cerca de la fábrica se encuentran varios centros educativos y el mercado municipal del barrio, que se encuentra a pocas decenas de metros de la vivienda que recibió el impacto.
A la espera del inicio de un procedimiento judicial que aclare las causas de un accidente mortal (según los Bomberos, la explosión se originó en un reactor y afectó a una cisterna cercana), Tarragona y alrededores continuarán despertando los pesadillas acariciados por un PLASEQCAT que ya se había puesto en marcha tres veces desde principios del 2019. la más grave, la de finales de mayo: un trabajador de Carburos Metálicos (empresa situada en la Pobla de Mafumet) murió y otro resultó herido crítico para la fuga de un tanque de amoníaco. Los otros dos casos fueron provocados por sendos incendios en dos empresas.
