El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que se pidieron durante el año pasado se incrementó en los meses previos a las dos contiendas electorales. Antes y durante el mes de abril de 2019 y octubre y especialmente en noviembre del mismo año se incrementaron las peticiones para despedir colectivamente trabajadores, según los datos a los que ha tenido acceso Diari del Treball.
La cantidad de ERE que se presentaron en los últimos meses de 2019 alarmaron los sindicatos, sobre todo en la industria, el sector más afectado por las reducciones de personal. La preocupación llegó hasta los secretarios generales de CCOO y de UGT de Catalunya, que llegaron a decir que los ERE tenían un carácter preventivo respecto de un posible cambio de legislación laboral que pusiera dificultades a los recortes de plantilla.
Los datos de enero a noviembre de 2019 muestran un crecimiento del recurso a los expedientes de regulación de empleo respecto al mismo periodo del año anterior. En el número de expedientes se pasó de 346 a 440, con un aumento del 27%. Pero, es en el número de trabajadoras y trabajadores implicados en los cierres o recortes de plantilla donde se ve más claramente el cambio. Hasta finales de noviembre los ERE de 2018 afectaron 5.931 operarios, mientras que en el mismo periodo de 2019 los empleados que perdieron su empleo en expedientes colectivos fueron 9.438, lo que representa un incremento del 59%.
Carlos del Barrio, responsable de política sectorial y sostenibilidad de CCOO de Catalunya, considera que buena parte de las peticiones de reducción de plantilla presentadas por las empresas con epígrafes genéricos – como motivos organizativos – tenían detrás la motivación de avanzar los recortes antes de un hipotético cambio de legislación que hiciera más difícil la reducción de plantillas. En este sentido, asegura: “hemos podido ver cómo hay más ERE los meses de marzo y abril y noviembre, justo en momentos electorales que podían hacer pensar un cambio en los gobiernos”.
Cifras récord antes de abril y de noviembre
En febrero de 2019 se presentaron 31 ERE en Catalunya, que afectaron 1,153 trabajadores. En marzo, los expedientes fueron 42 y los operarios incluidos en estas reducciones de personal 803, una cifra superior a la media. Posteriormente unos meses hay un tira y afloja político que termina con una convocatoria electoral y justo antes de la cita de las votaciones se repite la presentación inusualmente alta de expedientes. Así, en octubre de 2019 se contabilizan 52 expedientes, la cifra más alta del año. Este paquete implica 1.532 trabajadores, la cifra más alta hasta ese momento. El mes de la repetición electoral, que tuvo lugar el 10 de noviembre, se vuelve a batir récords: 51 expedientes y 1.632 trabajadores afectados.
El goteo de ERE llamaron la atención de los máximos dirigentes de CCOO y también de UGT. Javier Pacheco, secretario general de CCOO, habló de expedientes preventivos. Por su parte, UGT pidió a finales de octubre una reunión con el director general de Industria de la Generalitat para hacerle llegar su preocupación ante el crecimiento de los expedientes de aquellos meses. Nuria Gilgado, Secretaria de Política Sindical de UGT de Catalunya, explica que “está claro que se ha querido aprovechar para reducir plantillas, aunque realmente no hiciera falta.
Varias direcciones de empresa han optado por ello ante la posibilidad de que después cambie la normativa nacida de la reforma laboral y haya que justificar mejor la reducción de plantilla”. El mismo sindicato argumentó que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que recoge datos de procedimientos colectivos y también de individuales, durante ese año se habían perdido en Catalunya 15.200 puestos de trabajo y que en el tercer trimestre la pérdida había llegado a 14.200.
El consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, también intervino, en octubre, en medio de una ola de anuncios de expedientes. El responsable de la Generalitat reclamó el retorno previo de la autorización administrativa en los ERE, como ocurría antes de la reforma laboral.
El último trimestre de 2019 vio que empresas como Prysmian, antigua General Cable, el matadero Sada, o TE Connectivity presentaban ERE, que, con la ley en la mano podían hacer sin tener que justificar una mala situación económica o una crisis especial. En el primer caso, los trabajadores de la empresa de cable llegaron a denunciar que el recorte de producción se hacía para conseguir subir precios.
En su balance anual, Pacheco, líder de CCOO, habló también de expedientes presentados “por si acaso se cambia la ley” y Camil Ros, secretario general de UGT afirmaba sin rodeos si fuera necesario el permiso “muchos de los ERE que hemos visto últimamente en Catalunya no deberían salido adelante”.
Con la perspectiva que abre el cambio de gobierno en Madrid, los principales sindicatos catalanes recuerdan que la reforma laboral, que querrían fuera abolida, eliminó el permiso previo necesario para hacer reducciones de plantilla y también permitió que las empresas, sólo con la previsión de futuras pérdidas, despacharan trabajadores.
