Más de 3.000 millones de euros. Esta es la cifra que se ha ido repitiendo desde la presentación este lunes del acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y En Comú Podem sobre las nuevas medidas de gasto que incluirá el anteproyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2020. El acuerdo, afirmaban en nota de prensa, “supone un paso adelante en el fortalecimiento del estado del bienestar y los servicios públicos en Catalunya, después de que en diciembre pasado se consensuara un paquete de medidas fiscales que permitirá elevar los ingresos de la Generalitat”. El Gobierno prevé que el proyecto de presupuestos llegue al Parlament para iniciar su tramitación a lo largo de enero.
La cifra de los 3.070 millones de euros corresponde al aumento del gasto no financiero (es decir, sin contar los intereses que se pagan por la deuda) y no finalista (que no incluye las transferencias del Estado español a la Generalitat para ejecutar exclusivamente determinadas políticas) respecto al gasto que preveían los presupuestos de 2017, las últimas cuentas que se habían aprobado en Catalunya.
El acuerdo para los presupuestos catalanes prevé hasta 58 compromisos y actuaciones estructurados en torno a cuatro ejes: la calidad institucional y de los servicios públicos; la reducción de las desigualdades sociales, de género y territoriales; el conocimiento, la innovación y la dinamización económica y el propósito de alcanzar un horizonte cero de emisiones y residuos.
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que estas cuentas “van más allá de las valoraciones exclusivamente macroeconómicas y priorizan la dimensión más humana de las cifras”. Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario Catalunya En Comú Podem, Jessica Albiach, aseguró que gracias a este acuerdo los comunes han conseguido el ser “principal objetivo: revertir los recortes tras una década perdida”.
Refuerzo de la sanidad y la educación
Una de las medidas estrella del presupuesto presentado es el incremento de la financiación del sistema público de salud en 908,5 millones de euros, que deberían permitir aumentar la plantilla de las entidades participadas por el Servicio Catalán de Salud en más de 8.000 profesionales (un 11% más que en 2017). Se hace especial énfasis en la incorporación de más de 1.400 nuevos profesionales en la atención primaria, uno de los sectores que más tiempo lleva pidiendo que se tomen medidas.
El acuerdo también incluye un decreto de accesibilidad al sistema sanitario para reducir las listas de espera, con un impacto presupuestario de 20 millones de euros anuales, que revisará los criterios actuales de acceso a la atención primaria y la asistencia quirúrgica. Por último, la garantía de la salud sexual y reproductiva para todos es la última de las medidas que incorpora el acuerdo en el ámbito de la salud.
En cuanto a la educación, el acuerdo contempla una dotación de 70 millones de euros que la Generalitat vuelva a cofinanciar las guarderías municipales, después de que dejara de hacerlo en la época de Irene Rigau debido a los recortes . También se incrementa el plan de inversiones en centros educativos, lo que se traducirá en una mejora de los equipamientos escolares y la retirada progresiva de barracones, otra de las promesas que el consejero Bargalló ha repetido suficientemente en los últimos meses.
El decreto de escuela inclusiva, aprobado en 2017 y aún poco desarrollado a consecuencia de la congelación presupuestaria, será uno de los beneficiados del acuerdo presupuestario, con un incremento de 54 millones. Del mismo modo, 15 millones extras irán a las becas comedor. Según se dice en la nota de prensa, “con este incremento, 7.365 niños y niñas más podrán beneficiarse de una beca comedor el curso 2020-21, con un total de 136.025 alumnos”.
Más gasto social y contratación
Aparte de los principales aumentos en sanidad y educación, también crecen las partidas relacionadas con el conocimiento. A las universidades se destinarán 130 millones de euros más y se ha acordado una reducción de las tasas en todos los tramos. Además, la dotación para la política de investigación y desarrollo un 25% más.
El aumento del gasto social también se notará en la partida destinada a la dependencia, que crece en 92 millones de euros para mejorar las tarifas y reforzar los Servicios de Atención Domiciliaria; en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que eleva su dotación en 125 millones de euros; en las políticas de vivienda, que incluirán una dotación adicional de 6,5 millones para eliminar la lista de espera de la mesa de emergencia habitacional; y en el transporte público, ya que se aumenta en 106,3 millones la aportación a la ATM para incrementar las frecuencias de paso y adquirir nuevos convoyes.
El acuerdo también incluye la incorporación de 750 mossos y 250 bomberos, algo que ya estaba prevista, y el compromiso de conseguir que el 50% de los contratos de la Generalitat incluyan cláusulas ambientales como instrumento para hacer frente al cambio climático y avanzar en la Agenda 2030. de hecho, la vinculación de los presupuestos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 las Naciones Unidas es una de las novedades en la metodología que el Gobierno ha querido destacar, ya que así pretende mejorar la eficiencia de la gestión presupuestaria.
Acuerdo por los presupuestos también en Barcelona
El mismo día en que se anunciaba el acuerdo por los presupuestos de la Generalitat de Catalunya que firmaban el Gobierno formado por Esquerra Republicana y Junts per Catalunya con el grupo parlamentario de En Común Podem, en Barcelona los republicanos y los exconvergents apoyaban el Gobierno del consistorio formado por Barcelona en Comú y el Partit dels Socialistes de Catalunya.
El acuerdo político por el presupuesto de 2020 en la capital catalana ha sumado 33 de los 41 concejales del Consejo Plenario, lo que ha sido valorada por la alcaldesa, Ada Colau, como “un acuerdo amplísimo e histórico que representa el inicio de una nueva etapa de política útil y acuerdos que la ciudadanía pide que las instituciones funcionen al máximo rendimiento”.
El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona superará por primera vez los 3.000 millones de euros. El acuerdo para hacerlo posible se compone de ocho medidas que inciden fundamentalmente en la promoción de la vivienda pública social, la mejora del espacio público, el impulso de la sostenibilidad y la lucha contra las desigualdades sociales y del territorio.
Colau ha remarcado que “profundiza y amplía las líneas estratégicas del anterior mandato, como la atención social, las políticas de vivienda y la emergencia climática”, y ha agradecido “el tono y la actitud de los grupos impulsores acuerdo”. También ha señalado que “eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros, que dejamos atrás políticas de recortes y de bloqueo y que empezamos entre todos una nueva etapa de diálogo, de acuerdos y de refuerzo de servicios públicos que son necesarios para a la ciudadanía y especialmente para la población más vulnerable”.
Entre los puntos que incluye el acuerdo encontramos un aumento de 50 millones de euros en políticas de vivienda para, entre otros, hacer crecer el parque de vivienda pública para alquiler social. En total se destinarán 170 millones de euros para la compra o el tanteo de pisos y el fomento del cooperativismo, la participación del tercer sector social o nuevos modelos de vivienda compartida para personas mayores.
Gran parte de las medidas del nuevo presupuesto están relacionadas con la sostenibilidad y la emergencia climática. En primer lugar, se destinarán 50 millones de euros a facilitar la transición energética y sostenible del parque de viviendas y equipamientos de la ciudad. También se invertirán 30 millones de euros a la renaturalización de la ciudad con corredores verdes, la recuperación de interiores de manzana del Eixample como parques urbanos o la instalación de muros vegetales. Además, se buscarán nuevas fuentes de ingresos que tengan en cuenta el combate de la emergencia climática ambiental como, por ejemplo, una tasa para impulsar el reciclaje y reducir la generación de residuos, la modificación de las tasas de aparcamiento según criterios de contaminación y un recargo al impuesto de estancias turísticas.
