Hay dos maneras de analizar la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya que se inició ayer en la Moncloa. La primera es hacerlo bajo el marco del conflicto político entre Catalunya y el Estado a raíz del conflicto independentista. Y qué se podría decir, de esta perspectiva?
Lo primero es que se trata de un acontecimiento excepcional si tenemos en cuenta que la última reunión entre ambos gobiernos fecha de finales de 2011. La escalada de la tensión en el proceso independentista, el uno de octubre y la injusta prisión los presos políticos seguramente ha sido, en parte, la historia de la no política. Mariano Rajoy y el PP fueron el paradigma de la no política, y la judicialización del proceso su consecuencia.
En este sentido, la mesa de diálogo entre gobiernos implica el retorno de la política. Asimismo, con el retorno de la política, se abre la puerta a la posible resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Pero esta no es, por bueno o por malo, la perspectiva que tienen los actores implicados en la mesa de negociación, que tiene más que ver con la segunda interpretación de la mesa.
¿Qué implica esta segunda perspectiva?
La segunda interpretación es la que ve la mesa de diálogo como un tablero de ajedrez. El objetivo ya no es la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado sino como los diferentes actores implicados escenifican sus estrategias políticas para conseguir sus objetivos de partido. Es decir: no es posible disociar la mesa de negociación de que, más pronto que tarde, habrá elecciones en Catalunya. Sólo desde esta perspectiva es posible comprender porque Junts per Catalunya participe en una mesa que, poco antes de que se iniciara, despreciaba.
La mesa de negociación formaba parte del pacto establecido entre ERC y el PSOE a cambio de la abstención de los primeros en la investidura de Sánchez. Desde que ERC viró su discurso político todo distanciándose de sus rivales / compañeros de viaje, y favorecidos por este giro en las encuestas electorales, el planteamiento de los republicanos ha sido doble: por un lado, adoptar una posición gradualista respecto la independencia, intentando, en primer lugar, acabar con el encarcelamiento de los presos políticos. Por el otro lado, la estrategia pasa por recuperar la voz de las políticas sociales, dejadas de lado durante los años del procés.
La mesa de negociación, en este sentido, es clave para lograr ambos objetivos. Tanto porque es el gobierno del Estado, formado por PSOE y Unidas Podemos, quien tiene capacidad de encarar un proceso o bien de amnistía o de reformar el delito de sedición; como por el hecho de que si se quieren encarar reformas sociales relevantes redistributivas – poco compatibles con la ideología del mundo convergente – deberán contar con el apoyo puntual de los socialistas. Este era el objetivo inicial de la mesa de gobiernos, visto con buenos ojos por Pedro Sánchez, más preocupado por restablecer una cierta cordialidad entre administraciones que acabe con la beligerancia de la extrema derecha española, donde, aparte de VOX, habría que sumar el Partido Popular de Casado.
Ahora bien, la incorporación a última hora de Junts per Catalunya en la mesa modifica el tablero de ajedrez en el que se ha convertido la mesa de diálogo. Todo comienza por la premisa de las exigencias que presenta Torra a Pedro Sánchez – principalmente, el referéndum de autodeterminación y la inclusión de un relator externo en las negociaciones. No es que no lo sean porque no son posibles: un referéndum sería perfectamente posible, de acuerdo con la misma constitución española. No lo será porque una de las dos partes – el gobierno de España – ya ha dejado bien claro que no están dispuestos a negociarlo. Y llevar sobre la mesa de negociación un tema que se sabe que es innegociable sólo es comprensible, sólo, desde el tacticismo político.
La estrategia de Junts per Catalunya, pues, no pasa por la consecución de los objetivos que presuntamente quieren conseguir, sino por sacar rédito electoral de la más que evidente negativa por parte del Estado. No sólo eso: la idea subyacente no es tanto dejar en evidencia al gobierno del Estado, con el que no comparten muchos votantes, sino a ERC, verdadero enemigo de la formación liderada por Puigdemont.
Junts per Catalunya intentará, durante el transcurso de las negociaciones, poner palos en las ruedas a la misma existencia de la mesa. Como one-issue party (partido con un solo punto en la agenda) en el que se han convertido los postconvergentes, necesitan un antagonista claro que les de sentido y los reafirme. El discurso de Junts per Catalunya se sostiene bajo una única premisa: sin independencia no hay Estado catalán, y sin este último no puede haber ni justicia ni libertad. Por tanto, el principal problema que tendrán será justificar en qué medida acuerdos concretos que se puedan ir cerrando entre administraciones (como podría ser, por ejemplo, la cesión de Cercanías a la Generalitat) son negativos para Catalunya.
En definitiva, ayer comenzó la mesa de diálogo, y, como una partida de ajedrez entre profesional, los primeros movimientos de apertura son siempre conocidos, y, de alguna manera, inocentes. Será más adelante cuando la cosa se empezará a poner interesante y se verá qué estrategia es la ganadora.
