El coronavirus nos dejará un escenario de más pobreza y mayor vulnerabilidad, en el que muchas personas no podrán hacer frente a las necesidades básicas para vivir. Ante esta situación, numerosos responsables políticos, especialistas en políticas sociales, entidades del tercer sector y sindicatos, hablan de la necesidad de impulsar una renta. La mayoría de las propuestas van ligadas a la redistribución de las riquezas y, por tanto, a la lucha contra las desigualdades.
En la actualidad se producen dos procesos indeseables: las personas que ya se encontraban en situación de riesgo ven cómo empeoran sus condiciones de vida, al tiempo que muchas otras que gozaban de un empleo se encuentran en paro, sin ingresos suficientes. El volumen de población que precisa la cobertura de unos ingresos mínimos es muy superior. Y es en este nuevo contexto que se justifica la demanda de un cambio en las políticas sociales a fin de garantizarlas.
Se utilizan diversos nombres: renta básica, renta básica universal, renta mínima de subsistencia, ingreso mínimo vital, renta coronavirus… Y a veces cuesta conocer cuál es el modelo que se defiende en cada caso, respondiendo a preguntas como: ¿quién será beneficiario?, si se pedirán contraprestaciones, ¿podrá complementar otras prestaciones o ingresos del trabajo?, ¿será condicionada, a título individual o familiar?, ¿qué coste tendrá para el Estado?, ¿qué cuantía recibirá la persona?, ¿será temporal o permanente?, ¿se modificará la gestión administrativa?, ¿será un derecho subjetivo a cargo del presupuesto sin límite o será una prestación discrecional sujeta a una partida presupuestaria limitada?, ¿significará mayor presión fiscal?, ¿conllevará una transformación del sistema de protección?…
Las respuestas a buena parte de estos interrogantes nos ofrecen escenarios muy diferentes, y en estos momentos nos encontramos a la espera de conocer las características de la propuesta de ingreso mínimo vital por parte del gobierno del Estado, habrá que ver si da respuesta a la realidad fruto del impacto de la Covid-19 de forma coyuntural o es una medida estructural que representará un precedente para un nuevo sistema de protección.
Nos encontramos a la espera saber si la propuesta de ingreso mínimo vital del Estado da respuesta a la realidad fruto del impacto de la Covid-19 de forma coyuntural o representará un precedente para un nuevo sistema de protección
Hay, sin embargo, algunas premisas a considerar que nos pueden ayudar a aclarar términos y a comprender lo que nos propongan. Los diferentes modelos existentes, a excepción de la renta básica universal, buscan garantizar una renta mínima para la población que no tiene los ingresos suficientes para vivir dignamente. A continuación analizamos algunos de los rasgos más significativos de los dos modelos sobre los que se fundamentan la mayoría de opciones:
La renta básica universal entiende que toda la ciudadanía, ricos y pobres, tiene derecho a recibir una renta, sin límite temporal, no condicionada, con una cuantía que al menos iguale el umbral de la pobreza del país. Es una medida preventiva contra la pobreza porque actúa antes de que se produzca, refuerza la libertad del trabajador -que así dispone de la seguridad de unos mínimos ingresos-, evita la estigmatización que pueden sufrir los receptores de prestaciones sociales y simplifica la gestión, ahorrando así gasto en los procesos administrativos.
La renta garantizada de ciudadanía (RGC), según la ley vigente en Catalunya, aprobada por el Parlament en julio de 2017, es una prestación para aquellas personas que no alcanzan el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta nacional). Reconoce el derecho subjetivo del beneficiario, contempla la unidad familiar como receptora de la prestación, no es complementaria con algunas otras prestaciones o ingresos, es temporal, está condicionada al cumplimiento de unos acuerdos, y busca el compromiso de la activación a través del empleo, la formación y la participación del beneficiario.
Entre estas dos opciones podemos encontrar diferentes variantes y todas cuentan con argumentos que tratan de avalarlas, pero hay que buscar un espacio de intersección y consenso que convenza a la mayoría de la sociedad. Y en este sentido tal vez es hora de impulsar una renta que resuelva con decisión y de forma definitiva el problema económico de la población vulnerable, a la vez que potencie la libertad de la persona y su desarrollo autónomo. Eliminarían, por tanto, los excesivos condicionamientos, la complejidad de la gestión, la lentitud en el otorgamiento y las medidas restrictivas, evitando ciertas dinámicas que han llevado a estigmatizar, cuestionar y desconfiar de los beneficiarios. Basta un dato para entender que no vamos bien: actualmente la RGC en Catalunya cubre un 10% de la población pobre del país. Una cobertura que es urgente que aumente de forma significativa.
Es hora de impulsar una renta que resuelva con decisión y de forma definitiva el problema económico de la población vulnerable, a la vez que potencie la libertad de la persona y su desarrollo autónomo
Una cuestión no resuelta es la financiación de estas rentas. En el caso de la renta básica, se piensa en el IRPF y otros impuestos como herramienta redistributiva que impondría más presión fiscal sobre los que más tienen; una opción con la que sería difícil asegurar la capacidad de recaudación que se precisa, según algunos estudios. En otros modelos de renta, la cuantía es inferior y se piensa en una financiación a cargo del presupuesto del Estado, con algunas modificaciones en la fiscalidad.
En función del modelo por el que se opte, el volumen económico variará considerablemente. Dependerá de varios factores, entre los que destacarían como más determinantes: 1) si es una renta universal o sólo es para un número limitado de beneficiarios; 2) la cuantía que se fije; y 3) la simplificación del actual sistema de protección, que permitiría eliminar duplicidades en las ayudas sociales con un ahorro económico importante.
Con la combinación de estos supuestos se han hecho diferentes estudios que hablan de cantidades que oscilan entre los 3.500 y los 15.300 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala en su informe Los programas de Rentas mínimas en España que el gasto que significaría actualmente una renta mínima oscilaría entre los 5.500 y los 9.000 millones de euros si se mejora la eficacia del sistema.
Las cifras bailan y el modelo a adoptar es incierto. Habrá que ver qué alternativa nos presenta España, pero no queremos dejar de recordar que es necesaria una clara voluntad política para impulsar definitivamente una cobertura de las necesidades mínimas a toda la población, incluyendo la pobre de antemano y la que se sumará por el impacto de la pandemia. Y esperamos conocer pronto una propuesta transformadora de nuestro sistema de protección.
