El pasado 29 de abril el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia del Caso Palau tras más de diez años de investigaciones, de idas y vueltas, de alegaciones, de prórrogas y de sentencias no en firme. Finalmente, sin embargo, ya se puede decir que hay un fallo definitivo que prueba que Convergència Democràtica de Catalunya se financió durante años de manera irregular tejiendo una basta red de corrupción. Una red que incluía dos de los personajes principales de la jet set catalana como eran Millet y Montull, (el primero, merecedor de la Cruz de Sant Jordi a manos del entonces President Pujol), el principal partido político de la historia reciente de Catalunya (Convergència Democràtica de Catalunya) y una de las principales empresas más importantes de todo el estado como es Ferrovial. Por todo ello, la sentencia del Supremo es una pieza crucial para comprender el funcionamiento de la política catalana bajo la hegemonía convergent.
Hay dos momentos que ayudan a comprender la esencia de la corrupción en Catalunya. El primero es aquel en que el entonces Presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, en sede parlamentaria, pronunciaba la famosa frase a Artur Mas bajo la mirada atónita del arco parlamentario: “ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%”. A continuación, Artur Mas, – “usted ha perdido completamente los papeles” – le exigía que retirara las acusaciones bajo la amenaza de tumbar el proyecto del Estatuto; Maragall, entonces, bajó la cabeza y se disculpó.
Hoy sabemos que las acusaciones de Maragall no eran infundadas, por lo que no parece desventurado asumir que la gravedad del asunto está en que si Maragall tenía indicios, también los tenía Mas y, probablemente, el resto del Parlamento. La ley del silencio, el poder de la corrupción. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo callaba. ¿Cómo funcionó el mecanismo de corrupción institucionalizado? Este párrafo de la sentencia del Supremo lo resume:
“Con la indispensable mediación y participación de Félix Millet y Jordi Montull, aquellos dos encausados, sin que conste el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, ni de sus accionistas, y como mínimo desde antes del inicio de la temporada 1999-2000, pactaron con Carles Torrent, responsable de tesorería de Convergència Democràtica de Catalunya en dicha época y sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o cuya responsabilidad penal ha sido declarada prescrita, que FERROVIAL entregaría fondos dinerarios a CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA a cambio de que esta, haciendo valer el ascendiente que algunas de las personas que la integraban tenían sobre aquellas que conformaban los órganos de gobierno y de adjudicación de obra pública, en entes autonómicos o locales integrados por miembros del propio partido, garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”.
Es decir, que dos intermediarios como Félix Millet y Jordi Montull, dos de las personas más respetadas de la sociedad catalana, se estuvieron aprovechando de su extensa red de contactos y del nombre de una institución como el Orfeó Català para enriquecerse personalmente mientras ejercían de intermediarios entre las empresas beneficades de contratos públicos y Convèrgencia Democràtica de Catalunya. Recordemos que a Millet se le atribuye la frase recogida en el libro Oasis Catalán de Andreu Farràs y Pere Cullell: “somos unas 400 personas que nos encontramos en todas partes”.
Si la corrupción debía entenderse como una manera de hacer política y no simplemente como un mecanismo de enriquecimiento personal es que este poder se filtraba de CDC a las corporaciones locales. Eran las diferentes administraciones públicas en manos de CDC, fueran municipios, diputaciones, o la propia Generalitat, las encargadas de adjudicar los contratos de obra a las empresas partícipes del entramado corrupto. Pero la hegemonía política de Convergència durante los noventa y la primera década del nuevo milenio proporcionaba una estructura capaz de llegar a todos los niveles de la administración. Llegados a este punto, toma relevancia la figura del tesorero de CDC en el rol de “celador”. Como apunta la sentencia:
“Carles Torrent y Daniel Osácar, como tesoreros o responsables de finanzas de CDC, contaban por el ejercicio de esta responsabilidad con una relación personal tanto con otros miembros del partido, como con los miembros de las mesas de contratación que habían sido designados por Corporaciones Locales o el ejecutivo de la Generalitat de Catalunya gobernados por aquella formación política, relación aquella con suficiente peso o fuerza para poder exigirles a unos o, en su caso, a otros, para llevar a cabo determinadas actuaciones, pues todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en la carrera profesional o política.”
Entra aquí un fenómeno ampliamente estudiado en la ciencia política como es el de la disciplina de partido, entendida como la capacidad que tienen los responsables del partido de elaborar las listas electorales de “premiar” o “castigar” a los diferentes candidatos en función del grado de obediencia. Si este ya es un fenómeno generalizado en los partidos políticos más centralizados, con el sistema político de la corrupción de CDC obtenía un nuevo matiz: ya no sería tanto la obediencia a la línea ideológica del partido la que se requeriría para progresar profesionalmente, sino la connivencia con las prácticas de ilegalidad que se llevaban a cabo.
La corrupción de CDC se convirtió en un modo de hacer política porque construyeron una amplia red de control político en el que se incluían distribuidores, compañías constructoras, trabajadores públicos, y políticos de diferentes niveles. La sentencia, por ejemplo, detalla cómo una serie de compañías (Mail Rent, New Letter SL, o Letter Graphic SL, por citar algunas) prestaban diferentes servicios al Orfeó Català, por los que emitían facturas sobredimensionadas para que fueran redirigidas a la tesorería de Convergencia. Otras veces, efectuaban directamente donaciones a la Fundació del Palau de la Música para que después se entregaran en metálico las diferentes comisiones al partido.
La más importante de todas las empresas, y la más beneficiada de la estructura corrupta, tal y como señala la sentencia, fue Ferrovial. Como es sabido, es una de las empresas españolas con más peso de todo el estado, responsable de la construcción co-participada de muchos de los tramos de AVE, de la autopista AP-7, del eje transversal, y de la C-58, entre otros. Ferrovial es una de esas empresas que ha contribuido a erigir la silueta morfológica del país y a contribuir al modelo económico español – y catalán – de la construcción y el cemento. De entre las obras que tienen constancia de haberse adjudicado contratos fraudulentos constan la construcción de la línea 9 de metro de Barcelona y la construcción de la ciudad judicial situada entre Barcelona y L’Hospitalet. Sobre esta última, se explica que:
“Como ya se ha expuesto con anterioridad, las comisiones ilícitas pactadas por los acusados Pedro Buenaventura (Director de Ferrovial a Catalunya) y Juan Elízaga (actual Director de Relacions Internacionals i I+D+I, i antic Cap d’Obra de Ferrovial) con Félix Millet, Jordi Montull, Daniel Osàcar y, antes que este, Carles Torent, con destino a CDC, por y para la adjudicación de obra pública, se hacían llegar a esta formación política de forma enmascarada, sirviéndose para ello de la estructura jurídica-financiera del PALAU DE LA MUSICA que Félix Millet y Jordi Montull, con la determinante cooperación de Gemma Montull, ponían a tal efecto a su disposición”.
Así pues, la sentencia estima que Convergència Democràtica se benefició por parte de Ferrovial, y sólo tomando los casos que se han podido demostrar, de “al menos”, más de 6.6750.000 euros, entre principios de 1999 y julio de 2009. Si recordamos que la comisión que percibía CDC oscilaba entre 2.5% y el 3% en función del acuerdo pactado (pues otro 1% o 1.5% lo repartían entre Millet y Montull para hacer el trabajo de blanquear el dinero y repartirlo al partido), nos podemos hacer una idea de la cantidad de cientos de millones de dinero público gastado en construcciones de manera fraudulenta. Así funcionó, durante años, el sistema institucionalizado de corrupción de Convergència: el lucro personal de unos pocos, el crecimiento de las cuentas de Convergència, y el robo sistemático del dinero del erario público.
¿Cuánto no sabemos, aún, de todo lo que pasó? Porque si el primer momento relevante fue el 3% de Pascual Maragall en 2005, el segundo tendría lugar, nueve años más tarde, en la comparecencia de Jordi Pujol ante el Parlamento de Catalunya. Entonces, se acusó al expresidente de haber estafado a hacienda cientos de miles de euros y de disponer de una fortuna multimillonaria en bancos localizados en paraísos fiscales. La amenaza que Artur Mas le hizo a Pascual Maragall fue la de tumbar la legislatura. Pero Jordi Pujol dijo lo siguiente: “si vas segando la rama de un árbol al final cae toda la rama, todos los nidos que hay”. ¿A quién iba dirigida, esta amenaza?
De momento lo único que sabemos es que el Caso Pujol sigue sin esclarecerse del todo, y que la investigación judicial ha quedado prorrogada hasta marzo de 2021. No sabemos si la amenaza ha tenido un efecto importante, ni cuántas ramas del árbol quedan aún por remover. Pero con la sentencia del Caso Palau, ahora sí, nos podemos hacer una idea de la magnitud de la tragedia.
