La reforma laboral efectuada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, haciendo uso de la mayoría absoluta de que disponía el PP en el Congreso, ha recibido desde entonces numerosas críticas, especialmente desde los colectivos sindicales. El texto fue evaluado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó que si bien creó trabajo, también aumentó la tasa de pobreza entre los trabajadores y no disminuyó significativamente la temporalidad del mercado laboral español.
Después de que el gobierno formado por PSOE y Podemos se comprometiera a derogar la reforma laboral, ésta ha vuelto a traer cola. Y es que los sindicatos UGT y CCOO han pedido al Ejecutivo de Sánchez la derogación inmediata de la modificación hecha al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores que se refiere a la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo.
EREs sin autorización de la administración
Desde la reforma laboral del 2012, el empresariado no tiene que pedir una autorización previa a la administración a la hora de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE). Si considera que la actividad económica en su empresa ha disminuido, puede decidir aplicar un ERE que no será evaluado por una autoridad hasta que ya se haya aplicado.
“Se pretende afianzar el mecanismo de los ERE como mecanismo alternativo a los despidos, dotándolos de agilidad mediante la supresión del requisito de autorización administrativa”, justificó Mariano Rajoy a las disposiciones generales del real decreto ley que efectuó la reforma laboral en 2012.
El ejecutivo popular justificó este instrumento como un mal menor, con la intención de hacer los ERE más atractivos para los empresarios para que no efectuaran despidos. Ahora, sin embargo, el comité de empresa de Nissan considera que se debe derogar este artículo de manera urgente y con esta demanda se manifestó el pasado Jueves.
El grupo sindical considera que “la derogación es clave en el desarrollo del conflicto, porque Nissan se vería obligada a dialogar la propuesta de cierre”, dice USOC en un comunicado. Por su parte, CCOO insiste en que “es fundamental evitar que Nissan tenga vía libre para ejecutar un posible ERE de extinciones sin que haya una autorización previa de la administración”.
En efecto, el hecho de que la reforma laboral eliminara la autorización previa agiliza el proceso y garantiza al empresariado poder ejecutar el ERE después de los 30 días de negociación con los representantes de la plantilla, haya o no acuerdo. Preguntado en rueda de prensa, el secretario general de CCOO en Catalunya, Javier Pacheco, cree que la reforma del artículo 51 “todavía es posible” que sirva para mejorar la situación de la plantilla de Nissan. El sindicalista confía en que el gobierno de Pedro Sánchez modifique el artículo antes del 30 de junio, fecha en que Nissan ha anunciado que arrancará legalmente el mes de consulta previa a la ejecución del ERE.
De todos modos, Pacheco considera que recuperar la autorización previa será útil en otros casos: “Que las empresas tengan que demostrar ante la autoridad laboral que sus causas son objetivas es importantísimo para poder evitar expedientes fraudulentos”.
El tira y afloja sobre la derogación
Podemos incluía en su programa la derogación de la reforma laboral de 2012 hecha por el ejecutivo de Rajoy, así como de la de Zapatero del 2010. Con todo, el acuerdo de gobierno progresista que firmaron el PSOE y Unidas Podemos a finales de 2019 integra una cláusula referente a segunda modificación: “derogar la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, dice el acuerdo de coalición.
El debate entre la derogación total o parcial de la reforma hecha por el PP en 2012 ha sido uno de los puntos de debate más calientes en la política española en el medio año de gobierno de coalición. La ministra socialista de Economía, Nadia Calviño, rehusó “mirar atrás” y propuso retocar los “aspectos más lesivos” de la reforma del 2012. Esto fue en la anterior legislatura que desembocó, en pocos meses, en las elecciones de noviembre de 2019 previas al gobierno con Unidas Podemos.
Ya en la actual legislatura, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habló de un “desmontaje” en dos fases: una de anulación de elementos urgentes y una segunda que significara la redacción “de un nuevo Estatuto los Trabajadores para el Siglo XXI”.
El tira y afloja entre derogación total o modificación parcial revivió durante la pandemia del coronavirus. PSOE, Unidas Podemos y EH-Bildu firmaron un acuerdo en mayo con la que el grupo vasco apoyaba la prórroga del estado de alarma a cambio de “derogar de manera íntegra la Reforma Laboral antes de la finalización de las medidas extraordinarias derivadas de la Covid-19 “.
La sorpresa de la claridad con la que el PSOE afirmaba la derogación total duró pocas horas. A medianoche, el partido de Ferraz emitió una “nota aclaratoria” en la que modificaba el acuerdo. El nuevo texto, calcado en la redacción del acuerdo progresista que dio lugar al ejecutivo actual, habla de “recuperar los derechos laborales arrebatados” y en vez de una reforma íntegra propone tres puntos de actuación urgente. La rectificación no gustó ni a Unidas Podemos ni a EH-Bildu, ya que sus dos líderes exigieron al día siguiente el cumplimiento del pacto firmado.
