Javier Pacheco recibe el Diari del Treball en su despacho de Via Laietana, 16. Minutos antes leía con fruición las noticias de la junta de accionistas de Nissan, donde se produjeron divergencias sobre la decisión de cerrar las plantas catalanas, de las que el secretario general es trabajador.
¿Cómo valora la respuesta sindical, y concretamente de su organización a la situación ocasionada por la pandemia?
El confinamiento ha supuesto un choque. Un choque de sensaciones y también de cambios de modo de hacer. También una oportunidad, para ver cómo hemos sido capaces de ponernos como referencia de miles y miles de trabajadores y trabajadoras que han tenido la necesidad de recibir asesoramiento ante la nueva situación que se producía en las empresas con los ERTE, con la reducción de jornada, con el teletrabajo, etcétera.
Ante todo esto el sindicato ha tenido el acierto de ponerse como punto de referencia, ya que hemos podido dar un salto hacia la digitalización de nuestra organización. Hemos sido capaces, en 72 horas, de dar respuestas a los trabajadores y trabajadoras, sin tener presencia física en los lugares de trabajo. Esto ha sido, evidentemente un trabajo ingente hecho por el conjunto de la organización.
¿La situación creada a raíz del estado de alarma sería el momento más difícil al que se ha enfrentado CCOO en la democracia?
No sé si es el más difícil, porque cada etapa de la historia tiene su contexto, pero creo que ha sido uno de los momentos más complejos, sobre todo por las incertidumbres que suponían. Es la primera vez que el mundo socioeconómico se ha detenido totalmente y había una crisis total de oferta y demanda laboral. Además, a la situación se añade la crisis sanitaria que ponía en riesgo la vida de muchas personas. También había la necesidad de asegurar el abastecimiento de productos esenciales a la ciudadanía, una preocupación muy importante. Por lo tanto, sí, ha sido muy difícil. Efectivamente podríamos decir que es la crisis más grave en tiempos de paz de los últimos cien años.
Vuestro mandato lo iniciaste hace cuatro años con el lema: “vamos a la ofensiva”. ¿No os parece que cuando esto ha sido posible por la correlación de fuerzas en Madrid, la epidemia lo ha hecho tirar atrás?
Yo creo que no. Esta crisis será un punto y seguido, pero no será un paso atrás. Creo que la ofensiva sindical ha ganado la hegemonía de las ideas. Esto significa que la precariedad no puede quedar instalada. También la ofensiva se ha hecho realidad con los últimos aumentos salariales y la recuperación del poder salarial obtenido. Pero, sobre todo con el relato que asumen todos los espacios ideológicos en el sentido de que hay que acabar con esta auténtica lacra que es la precariedad. Creo que la reforma laboral, que vendrá de la mano de este gobierno, los próximos meses ayudará también a instalar esta idea. Es verdad que se ha producido una parada en el camino, pero creo que es sólo un punto y seguido y la ofensiva seguirá.
Por lo tanto, ¿cree que la clase obrera, en este caso, no volverá a pagar la crisis?
No la pagará igual que la pagó anteriormente. Ahora bien, hay que decir que nosotros, los trabajadores, ya estamos pagando una parte de esta crisis en cuanto a los ingresos de mucha gente, lo que puede agravar la pobreza. Pero creo que tenemos una correlación de fuerzas favorable, y una buena muestra de ello es la gente que en plena pandemia salía cada día a los balcones a reivindicar los elementos esenciales para mantener los mínimos vitales. Y eso el sindicalismo confederal sabrá transformarlo en acción política.
¿El Ingreso Mínimo Vital o la continuidad de los ERTE os hacen olvidar el mantenimiento de la ley mordaza o que no salgan adelante impuestos para las grandes fortunas?
Esta situación de gran epidemia nos ha enseñado que la estructura pública del Estado es la que mantiene y asegura la supervivencia de la ciudadanía en una crisis importante. Y la estructura pública debe reforzarse. Y para ello se necesitan recursos. Para obtener este dinero es necesario un cambio radical en el sistema fiscal para ponernos al menos al nivel de la media europea. No olvidemos que nuestra recaudación es inferior en 70.000 millones a la media europea. Por lo tanto podemos exigir el incremento de los impuestos a pagar por los que más tienen. Estos valores deben ponerse en primera fila de la acción política y así lo exigiremos desde Comisiones Obreras.
¿Cómo valora la gestión del gobierno de la Generalitat respecto del mundo del trabajo?
La gestión ha sido y es bastante pobre en el sentido de dar respuestas al mundo del trabajo. También valoramos negativamente la falta de cultura de concertación, aunque se ha aprobado una iniciativa de participación institucional. Pero esta normativa no se aplica cuando hace más falta, que es cuando hay una crisis a consecuencia de la pandemia. Aquí deberíamos estar negociando, como se hace en otras comunidades autónomas, un pacto de diálogo social para hacer frente a la crisis. Y, por el contrario, estamos en una carrera electoral preelectoral con proclamas en este sentido por parte de los partidos políticos miembros del Gobierno. Parece que tienen otras preocupaciones que no son salir juntos de la crisis y mantener la cohesión social.
¿Cree que en Catalunya debe haber nuevas elecciones y, qué iniciativa gustaría ver aprobada antes de pasar por las urnas?
No sería una actuación concreta. Nosotros, CCOO, hemos presentado un programa para la reconstrucción del país, para la reactivación económica, con un plan de choque. Esta actuación la hemos definido en diferentes fases. Sacar adelante este plan es necesario antes de que se hagan las elecciones que se dice que se pueden hacer en otoño. Yo creo que en julio se debería hacer un pacto de diálogo social para hacer frente a la reactivación económica, porque hay muchas empresas que no pueden esperar más, y sobre todo porque hay muchas trabajadoras y trabajadores que pueden perder su empleo en los próximos meses. El plan de choque habría sacarlo adelante con participación de los que somos protagonistas: la empresa y el mundo del trabajo. Esto debería concretarse antes de ir a elecciones. Unas elecciones que creo que son imprescindibles en Catalunya para cambiar un gobierno agotado, que ha comenzado su propia carrera preelectoral.
¿La precariedad es la vía de agua más grande que ha hecho el PP en el barco de los derechos laborales?
Las reformas laborales así lo han demostrado. Nosotros hemos estado en contra de estas reformas desde el inicio. Ahora creo que incluso aquellas personas que en su momento pensaban que devaluando los salarios se podía salir de la situación han visto que en la aplicación los gobiernos se han pasado de rosca. Hace más de cuatro años entre la salida de la crisis y de aparición de la pandemia, cuatro años con crecimiento económico en el país, y seguimos con la misma lógica de devaluación de salarios, lo que afecta la demanda y sobre todo el reparto de la riqueza.
Comisiones Obreras de Catalunya hará el próximo noviembre su congreso, ¿qué querrías tener solucionado antes?
Hay varios puntos que quisiéramos ver terminados. Uno, que todas las personas trabajadoras tuvieran su relación laboral regularizada. Hay muchas nuevas formas de trabajo que no tienen asegurada su situación legal, ya siguiendo las personas que trabajan en la economía de plataforma o las que trabajan en la atención a las personas, que se conocen como trabajadoras del hogar, que están mayoritariamente en situación de irregularidad. Queremos que el trabajo autónomo tenga también un reconocimiento que implique protección social. Hablamos de un trabajo autónomo que crece y que ya es el 20% de la población asalariada. Esto implica que haya una relación directa entre los ingresos y su protección social. También queremos que la nueva reforma laboral devuelva a la negociación colectiva la eficacia que tenía los años anteriores a 2012, cuando se dio la mejor etapa de crecimiento y de obtención de derechos para las trabajadoras y trabajadores del país. La negociación hace más competitivas las empresas y sobre todo hace una sociedad más cohesionada.
Todas las medidas que he dicho son concretas, no utópicas y necesitan una acción legislativa también concreta. Y por último, déjeme decirle, consolidar los avances de los últimos años en el campo de la igualdad y contra la violencia machista.
Todos son retos que tenemos delante y que están en un contexto de la economía circular, de la protección del medio ambiente, entre otros, a los que estamos inmersos todos los ciudadanos.
Sentí hace un tiempo a un sindicalista vasco que los que más les fastidia era el poco caso que las izquierdas les hacían. ¿Piensa igual?
Nos hacen menos caso del que nosotros nos gustaría. Pero, tanto o menos que la misma derecha. Nosotros no nos planteamos una relación directa, partidaria e ideológica. Dicho esto, nosotros somos partidarios de los gobiernos que hacen políticas de izquierdas. Porque creemos que las políticas de izquierdas están asociadas a la igualdad y el reparto de la riqueza y con los derechos y libertades. Por lo tanto, nosotros siempre apostaremos por este modelo de convivencia de la ciudadanía. Lo más importante es dar valor a la concertación. Esto significa que el país debe tener una estructura democrática que reconozca el papel que hacen las fuerzas sociales y económicas, legitimadas por la Carta Magna y que deben desarrollar la defensa de los derechos de los intereses de las partes.
Hace diez años de la sentencia del Estatut y casi tres años del 1 de octubre. En estas dos situaciones, ¿piensa que CCOO jugó correctamente su papel histórico?
Creo que sí, evidentemente. Cuando el pueblo de Catalunya toma la palabra y da recorrido a su autogobierno hace diez años, el sindicato estuvo reforzando esta posición. No olvidemos que estuvimos organizando aquella gran manifestación convocada tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Aquella marcha fue una expresión de protesta contra un recorte importante de la voluntad del pueblo de Cataluña, que había votado en referéndum después de haber encontrado todos los consensos políticos y sociales. Por lo tanto, creo que allí estuvimos a la altura, como lo estuvimos también durante el otoño de 2017, porque antes defendimos el derecho de participación, es decir, el derecho a decidir del pueblo de Cataluña sobre cómo quería estructurar la su relación administrativa con el Estado español. Nosotros no hemos dicho nunca cuál era la relación que teníamos que tener,
Después hemos estado durante todos los momentos álgidos del conflicto, pidiendo cordura y respeto a la pluralidad, tanto al gobierno de la Generalitat como la oposición, en el sentido de afirmar que teníamos que encontrar espacios de diálogo y consenso para evitar la rotura de la cohesión y la convivencia en nuestro país. Y sobre todo hemos defendido no perder la capacidad de desarrollar el autogobierno del pueblo de Catalunya.
Creo que hemos estado a la altura, movilizándonos cuando era necesario y esto se ha visto con el amplio consenso que sobre esta posición hay dentro y fuera de la organización. Hemos intentado tejer todas las redes y todos los puentes de diálogo para garantizar la convivencia en Catalunya.
¿Cómo veis el conflicto de Nissan, de donde es trabajador?. Diríais que es el problema industrial más importante del país?
Lo digo solemnemente: es el problema industrial más importante de la democracia en este país después de las reconversiones de los años 80 del siglo pasado. Creo que el anunciado cierre es una medida que nunca pensamos que una empresa con el impacto de Nissan en el tejido productivo, en el empleo, se atreviese a hacer de la manera que lo está haciendo: “como si pudiera cerrar la persiana de un local comercial cualquiera”.
Si el anuncio sale adelante, se puede producir una gran pérdida para el tejido productivo catalán, especialmente en la automoción, que afectará cientos de empresas y sobre todo poniendo en peligro la pérdida de empleo de más de 25.000 trabajadores y trabajadoras.
No entendemos como la dirección de Nissan se puede plantear abandonar sus operaciones industriales en nuestro país. Tampoco entendemos como el socio de la alianza: Renault, que tiene operaciones en el país, permite que se dé una patada en la boca a los gobiernos de España y la Generalitat de Catalunya, con las formas y los tiempos como lo han planteado, en plena pandemia. Y también extraña que las dos administraciones no tengan la contundencia, más allá de la discursiva, para sentar las dos multinacionales a una mesa y cambiar la dinámica de conflicto fruto del anuncio de cierre.
Los sindicatos estamos convencidos de que Nissan Renault tienen todas las debilidades jurídicas para llevar a cabo el cierre con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Lo demostraremos en el periodo de consultas y lo acompañaremos con movilizaciones igual como han hecho con más de 57 días de huelga (la entrevista se hizo el 30 de junio), que seguirán más allá si la empresa no tira atrás y cambia los términos de la discusión y la negociación.
Hay que encontrar una viabilidad industrial. No podemos dejar sin utilizar 550.000 metros cuadrados junto al puerto de Barcelona. Y sobre todo, no podemos dejar en la calle estas 25.000 familias que dependen de esta actividad.
El sindicato hace su congreso en noviembre. ¿Presentaréis la candidatura a la reelección como secretario general?
Yo no daré suspense a esta historia. Creo que no es mi estilo ni el de Comisiones. Antes de finalizar el verano tenemos varias reuniones donde iniciaremos la dinámica del congreso. A finales de septiembre daremos al Consejo Nacional la propuesta de trabajo de esta magna asamblea. En este tiempo sabremos si puedo o no presentar la candidatura. Yo, voluntad tengo, pero no es una decisión individual. Al sindicato prima deliberación colectiva. Esto no lo cambiaremos.
