Tras la cacerolada del martes por la noche para pedir medidas urgentes contra la COVID-19 en Lleida o la campaña ‘Antiracistes’ que han puesto en marcha los movimientos sociales, se acumulan años y años de luchas por los derechos laborales e incluso humanos de los trabajadores del campo.
Las demandas que desde la Marea Blanca de Lleida y con el apoyo de la Plataforma Fruita amb Justícia Social dirigían a las autoridades el pasado martes implicaban cuatro puntos. El primero de ellos, como explicaba en una entrevista para este diario el portavoz de Marea Blanca Lleida, Gerard Sala, era cuestionar qué políticas de salud pública se están promoviendo y denunciar la falta de medidas de salud pública y rastreo. “Es evidente que hay elementos difíciles de prever en situaciones así”, decía Sala, “y también hemos sido cuidadosos a la hora de hacer cierta crítica de la administración y entender parte de la improvisación, pero hay algunas cosas por las que sí que no podemos pasar”.
Con esta sentencia Sala se refería a reforzar la prevención que se hace desde el servicio comunitario de salud pública pero podría ser ampliable a la falta de previsión que ha habido desde el inicio de la campaña de la fruta en cuanto a medidas sociales . “Las administraciones no están dando respuesta habitacional, que quieren decir albergues, ni tampoco ayudas destinadas concretamente al colectivo de temporeros”, decía Sala. Y en esta misma línea Gemma Casal, de Fruita amb Justícia Social, comenta que este año, debido a la COVID hay muchos establecimientos cerrados y las empresas no están facilitando el alojamiento para sus trabajadores.
Para Casal, llegada la pandemia, se ha visibilizado toda una vulneración de derechos que viene de lejos porque “mientras todo el mundo estaba encerrado en casa, había gente viviendo en la calle” y porque “mientras se exigía a las empresas medidas sanitarias para poder ir a trabajar, resulta que existía un volumen enorme de personas que iban a trabajar sin tenerlas y ni el Departament de Treball ni Salut han hecho el trabajo que tenían que hacer”. En esta situación, prosigue, la Patronal, que desde su punto de vista siempre ha tenido una mirada y un discurso corporativista, no se ha querido responsabilizar de las consecuencias de las acciones de las empresas y, más allá de eso, “dicen que los rebrotes se están dando en las personas que duermen en la calle otra vez diciendo que son sin papeles y que no son trabajadores y eso es mentira. El rebrote se ha dado sobretodo en las centrales fruteras y en los almacenes”.
Así, desde la plataforma se muestran indignados cuando las empresas se desentienden de sus trabajadores y apuntan que “ellos dicen que no son responsables de lo que hacen cuando salen de trabajar”. Para Fruita amb Justícia Social sí lo son: “lo son en tanto tanto que tienen la obligación de dar un alojamiento en condiciones”. “Que la manera de alojarlos sea en espacios no salubres, a compartir entre muchísima gente y sin las herramientas higiénicas necesarias para poder mantener la prevencion de la COVID también es responsabilidad de la patronal”, afirma Casal.
Medidas sanitarias insuficientes en el campo y la central
La plataforma Fruita amb Justícia Social hace más de un mes que recibe denuncias y quejas de trabajadores que aseguran no tener medidas de seguridad suficientes. Algunas de las situaciones en las que se han encontrado son no disponer de gel hidroalcohólico pero tampoco tener agua en los campos. También, recibir una mascarilla quirúrgica cada quince día cuando, a su entender, deberían recibir una al día. “Con mucha gente una mascarilla quirúrgica es insuficiente y más cuando en las centrales frutales no puede haber distanciamiento… Y sabemos que en muchos centros la gente hace doble turno: 16 horas diarias, de lunes a sábado en un mismo espacio… Claro que varias personas se han puesto enfermas”, critica Gemma Casal.
Por su parte, Agustín Liñan, secretario en Lleida de la CGT, señala que la problemática del campo en Lleida no es nueva. Por un lado destaca la problemática del alojamiento: “nos encontramos que hay un montón de gente en condiciones infrahumanas viviendo en la calle” y, por otra, “toda la precarización laboral que hay en el mundo de la fruta”. Una precarización que viene determinada, según Liñan, por el tipo de modelo agrario: “un modelo que beneficia a las grandes multinacionales o las grandes empresas hortícolas y que perjudica a los trabajadores o a la pequeña agricultura”. Ahora, a las vulneraciones, se ha sumado que las empresas no han dispuesto las medidas adecuadas de seguridad y salud en sus lugares de trabajo. “Se paga por debajo de lo que marca el convenio, se está haciendo trabajar en días festivos sin pagar el plus de festivos, se les está haciendo hacer horas extras sin pagarlas como tal y están haciendo turnos interminables”, denuncia Liñan. Quien añade que la herramienta ante esto es hacer denuncias públicas y a Inspección de Trabajo pero el miedo a perder el puesto de trabajo hace que sean los mismos trabajadores quienes ponen trabas. En todo caso, dice, “la respuesta de Inspección de Trabajo en muchos casos es nula”.
Tanto desde la CGT como desde la plataforma Fruita amb Justícia Social creen que la COVID ha servido para hacer emerger de nuevo toda la vulneración de derechos y hacer que la población esté más informada y más sensibilizada. Aunque sindicalmente sea un ámbito de díficil actuación también por la propia temporalidad y por el hermetismo de las empresas. Liñan apunta que, aunque no a todas pasa, “cuesta mucho entrar en las empresas”, que “muchas veces los delegados sindicales forman parte del entramado empresarial” y que, por tanto, “los trabajadores se ven huérfanos de alguna herramienta que les cobije para reivindicar sus derechos “. Ante esto, desde la plataforma con la ayuda de los sindicatos intentan hacer llegar informaciones a través de charlas o octavillas a los trabajadores para que tomen conciencia de qué derechos tienen y en qué condiciones laborales deberían trabajar.
También sobre la realidad de las empresas de trabajo temporal. “Hacen un gran negocio de la gestión de la mano de obra y les es absolutamente indiferente lo que pase porque no se ven obligadas a dar alojamiento ni garantizar las condiciones sanitarias. Les es igual si se ponen 10, 100 o 1.000 trabajadores enfermos que los pueden reemplazar en cualquier momento. Las ETT tratan a las personas como mercancía y la patronal dice que no lo pueden parar porque tienen que recoger la fruta”, denuncia Casal.
Con este panorama, desde la plataforma defienden que se hace evidente que el sistema no es sostenible, que sin grandes agricultores igual podría haber fruta dado que la agroindustria va hacia ese camino, pero sin jornaleros no.
Fruita con Justícia Social exige un plan de inspecciones a las empresas de la agroindustria en Lleida
Otra herramienta de la que hacen uso, como tanto Casal como Liñan cuentan, son las denuncias a Inspección de Trabajo. Desde Fruta con Justicia Social, a raíz de las quejas estamos reciben de personas que trabajan en la campaña de la fruta, lo hagan en el campo o las centrales hortofrutícolas sobre vulneraciones de derechos recogidos en los convenios agropecuario de Catalunya y de recaudación, almacenamiento, manipulación y venta de frutas y verduras, exigen pues a la Inspección de trabajo que lleve a cabo un plan de trabajo para inspeccionar las empresas de la agroindustria de Ponent. Apuntaban que, “aunque algunos sindicatos hayan presentado denuncias los últimos días identificando conductas concretas y empresas concretas, la actuación de inspección de trabajo no puede limitarse a esperar a actuar cuando haya una denuncia sino que debe hacerlo de oficio, por prevención y porque éstas empresas se sientan interpeladas a cumplir con las obligaciones legales y convencionalmente previstas”.
Además, durante la misma rueda de prensa, pidieron a la Generalitat de Catalunya que auxilie a Inspección de Trabajo ofreciendo recursos y mecanismos para poder efectuar las tareas de control e inspección necesarias, especialmente en el Departament de Salut y la Agència de Salud Pública de Catalunya para que se lleven a cabo las actuaciones de vigilancia y de control sanitario oficial que tienen por finalidad evitar o minimizar los riesgos para la salud humana presentes en los alimentos.
Por otra parte, como señalaba Gemma Casal, “en estos momentos nos preocupa tanto el brote de la Covidien como el brote del racismo que se da cuando se señala a las víctimas en vez de los responsables: patronal y administración”. Unos afectados que son los temporeros para ser “el eslabón más débil de esta cadena y, precisamente por su vulnerabilidad y sus condiciones laborales, son los más expuestos a contagiarse” pero también lo son las mujeres en las centrales frutales. “La mayoría de las mujeres trabajan en los almacenes y en los almacenes se dan vulneraciones de derechos muy bestias”, denuncia Casal. Aparte de tener que trabajar sin distancia y con las condiciones generales, a muchas de las mujeres se les suma sufrir “una doble o triple discriminación” por tener una situación administrativa aún no regularizada. Casal apunta que la mayoría no tienen permisos de trabajo definitivos, que los han de ir renovando de vez en cuando y, siempre bajo la amenaza del despido, se ven ligadas al único puesto de trabajo al que pueden acceder siendo además temporal.
Fruta con Justicia Social exige un plan de inspecciones a las empresas de la agroindustria en Lleida
Cinco años de lucha contra la ley de extranjería y las vulneraciones de derechos laborales en el campo
La plataforma Fruita amb Justícia Social nace en 2015 a partir de una acción promovida por Crida per Lleida, la candidatura de la CUP y los movimientos sociales en las municipales. En agosto de 2015, el Ajuntament quiere desahuciar a los temporeros de la plaza donde habían estado viviendo durante la campaña de la fruta con la excusa de hacer obras. Ante la presión policial, una serie de personas que llevaban años denunciando la situación de las personas temporeras en las calles de Lleida evitaron el desahucio y elaboraron una serie de demandas dirigidas a las instituciones. Unas demandas que se convirtieron en un decálogo que analizaba los ejes de vulneración de los derechos de estos personas, más allá de Lleida, en toda la campaña frutal.
Como nos explica Gemma Casal de Fruita amb Justícia Social, los tres principales ejes de vulneración y de discriminación hacia los temporeros eran por un lado la ley de extranjería y la política de fronteras. Un segundo eje, la inoperancia de Inspección de Trabajo y la vulneración sistemática del convenio del campo por parte de la patronal y, por último, el propio modelo agrario “que es un modelo agrario completamente insostenible que requiere de mano de obra vulnerable y indefensa para hacer funcionar al final grandes empresas que dejan desasistidas y al margen a la pequeña agricultura”.
Desde entonces, Fruita amb Justícia Social se ha reunido con entidades de Lleida pero también de fuera. Entendiendo, en voz de Casal, que “Ponent vive una doble discriminación”. Por la centralidad de Catalunya, apunta que Ponent está abandonado y “mientras la campaña funcione y se puedan computar las exportaciones pues se da manga ancha”. Y también, paralelamente, por el crecimiento que han vivido en empresas de trabajo temporal y en otras empresas paralelas que, sin tener que ver con el sector agrario, “se incorporan a la agricultura como una forma de especulación” .
Así, analizada la situación, Fruita amb Justícia Social vio que, más allá del campo, las vulneraciones de derechos entrecruzaban con la ley de inmigración y decidieron empezar a trabajar el antirracismo con entidades como SOS Racisme, Tanquem els Cies, la Tancada per Drets, el Sindicat Manter… la otra polo, sobre la lucha por el convenio laboral, el trabajaron con sindicatos como la CGT pero también con Càrnies en Lluita. Incluso visitaron la gente del SAT, “porque sufrían vulneraciones muy similares e incluso porque compartimos la misma gente al ser temporales”. En la misma línea, también han visitado Huelva para conocer la situación del jornalerismo allí y estar también en contacto con las personas que acaban la campaña de la fruta roja y después van hacia Lleida “para poder establecer unas herramientas conjuntas de apoyo hacia las personas temporeras que se mueven de una campaña a la otra”.
A partir de aquí, siempre dentro de las posibilidades, ya que todos son voluntarios, la plataforma comienza a trabajar también en dar formaciones, para dar a conocer los derechos y saber encontrar en qué convenio laboral se encontraban. Cuando se encuentran con casos de vulneraciones a trabajadores que no se atreven a denunciar, son ellos quienes lo gestionan a la vez que hacen incidencia en ayuntamientos, Diputació y Generalitat para que se impliquen.
Es necesario que lo hagan porque ahora mismo, como resalta Casal, “es una evidencia que toda esta gente vienen para la temporada de la fruta y en septiembre se van. No tienen las condiciones de vida garantizadas y hay una enorme vulneración de derechos laborales tanto en el campo como en los almacenes de fruta”. Ante esto, para ella, “son los movimientos sociales, a través del tercer sector y de la solidaridad, los que estamos intentando solucionar la situación de la gente en la calle” y, por tanto, es la gente quien está “cubriendo los costes de la patronal agraria”. Reconoce que sí ha habido alguna iniciativa de la administración: “la única que ha habido realmente ha sido del Ayuntamiento de Lleida, que es criticable y no es el modelo que nosotros quisiéramos pero de momento es lo único que ha hecho algo”.
