Belén Luján, abogada y especializada en derecho penal, defensa, a través de la Asociación de Usuarios de la Administración de la Justicia (AUSAJ) y de forma gratuita, varios casos judiciales de jornaleras marroquíes de la fresa. Estas jornaleras denunciaron a dos empresas de Huelva por impago, malas condiciones laborales, abusos y agresiones sexuales los años 2018 y 2019.
Las noticias sobre la vulneración de los derechos de estas trabajadoras se remontan a principios de los años 2000, cuando se puso en marcha el sistema de contratación en origen para satisfacer las necesidades de mano de obra recolectora de los productores de frutos rojos.
¿En qué consisten los maltratos y abusos que las jornaleras marroquíes de los frutos rojos han denunciado?
Es muy difícil resumirlo de manera exhaustiva pero, en esencia, lo que explican las temporeras es que no tienen contrato, que no cobran, que las echan cuando quieren, que las castigan sin trabajar. Nos dicen que no pueden ir a orinar mientras están recogiendo las frutas y que ni siquiera pueden levantarse para estirar los riñones sin que las abucheen de forma denigrante. Estas mujeres viven amontonadas dentro de contenedores metálicos y en condiciones de higiene inexistentes. No tienen agua potable, ni agua caliente; si se enferman, no las acompañan al médico o intentan cobrar por llevarlas a los centros médicos; cuando llegan a la finca no les dan trabajo y se quedan sin comida, ni dinero.
Y es en estas condiciones aberrantes que reciben ofrecimientos, a través de las alcahuetas, que suelen ser personas de confianza de la empresa, para ejercer la prostitución. Después, están los intentos de tener sexo con ellas a la fuerza y las violaciones. En estas circunstancias, cuando las trabajadoras han levantado la voz, las han devuelto a Marruecos para hacerlas callar o han tenido que escaparse para denunciar, como ocurrió con las exjornaleres de la empresa Doñana1998 el año 2018 y con otro grupo de temporeras, que también representamos desde AUSAJ, el año pasado.
Esto es explotación laboral y sexual.
Sí, pero las situaciones que relatan las mujeres y las pruebas que tenemos también apuntan a un delito de tráfico de seres humanos, básicamente porque el engaño al que son sometidas estas mujeres, extremadamente vulnerables, comienza en Marruecos. Allí, les prometen unas condiciones de trabajo, incluido el alojamiento [ya que durante la campaña de recogida las trabajadoras viven en las fincas agrícolas], que no tienen nada que ver con lo que se encuentran cuando llegan a Huelva, una realidad que encaja con los fines establecidos en este tipo penal.
De hecho, cuando el caso de las 10 jornaleras de Doñana 1998 llegó a la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 1 dio credibilidad a esta tesis, considerando que existían indicios del delito de trata de seres humanos, pero se inhibió en favor de los juzgados de instrucción de La Palma del Condado, en Huelva, porque ya había dos procedimientos judiciales abiertos allí. Estos juzgados no han instruido por el delito de tráfico de seres humanos. Con todo, ahora estamos pendientes de que el Tribunal Supremo decida sobre la cuestión de la competencia, es decir, sobre si es la Audiencia Nacional o estos juzgados los que deben asumir el caso.
¿Cómo es posible que trabajadoras legales que llegan a Huelva por la vía de la contratación en origen sufran maltratos, abusos y agresiones?
El problema es el diseño de este sistema, que cosifica a las mujeres, y la corrupción generalizada. Todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie quiere mirar; si miras, ya no puedes apartar los ojos. Tal como señaló el año 2002 el Grupo de Expertos en materia de Tráfico de Seres Humanos de Mujeres y Niñas de la ONU: “la corrupción está inextricablemente vinculada al tráfico de seres humanos. Los estados con altos niveles de corrupción tienen bajos estándares en cuanto a los esfuerzos que destinan a luchar contra el tráfico de seres humanos”. También influye la propia idiosincrasia de la mujer marroquí, de la cultura musulmana, y de su miedo a ser señaladas.
Ha habido juzgados en el orden penal que se negaron a investigar un listado de trabajadoras que querían denunciar y que fueron devueltas a Marruecos
Y, en este sentido, ¿qué se ha visto en denunciar los casos ante la justicia?
En el caso de las temporeras todo está resultando rocambolesco y especialmente dificultoso. Desde un primer momento, ya nos encontramos con juzgados de guardia que no querían recoger la denuncia de las jornaleras y nos “invitó” a volver el lunes siguiente, tres días más tarde, cuando era muy probable que las mujeres que querían denunciar ya no estuvieran. Ha habido juzgados en el orden penal que se negaron a investigar un listado de trabajadoras que querían denunciar y que fueron devueltas a Marruecos, juzgados que han acordado el sobreseimiento provisional de las denuncias penales porque las denunciantes, que estaban ingresadas en el hospital, no comparecieron. Nos hemos encontrado de todo. También con juzgados del orden social, por ejemplo, que han aceptado que no se facilite el contrato de las trabajadoras,
Las temporeras que denunciaron la empresa Doñana 1998 han pedido que se investigue a una inspectora de trabajo y a un guardia civil. ¿Por qué?
El papel de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo presenta una relevancia especial. El día 1 de junio, cuando finalmente conseguimos interponer una denuncia, la Guardia Civil accedió a acompañarnos al campo de trabajo dado que habíamos recibido [en referencia a ella y a otro abogado que también representa a las jornaleras] amenazas por parte de la empresa en cuestión. El objetivo era recoger un listado de trabajadoras que querían sumarse a la denuncia. Cuando nos entregaron el listado, vimos que había más de 100 temporeras. Con todo, la única investigación realizada por la Guardia Civil fue la que nos hicieron a nosotros, los abogados y las abogadas denunciantes.
No hicieron ni una sola gestión para identificar a las víctimas y permitir que estas también denunciaran. El atestado policial que abrieron el día 1 de junio lo cerraron la mañana siguiente dejando a las víctimas en poder de la empresa. Al día siguiente, expulsaron de España a la mayoría de estas temporeras en presencia de la propia Guardia Civil. Ese mismo 3 de junio, cuando cuatro de las mujeres que habían conseguido escaparse antes de ser devueltas se presentaron al cuartel de la Guardia Civil del Rocío, Huelva, para denunciar abusos y agresiones sexuales, el comandante, que había estado en la finca ese mismo día, mostró una actitud agresiva y negativa.
De hecho, tuvieron que romper y volver a hacer declaraciones enteras porque lo transcrito por el agente no coincidía con lo que relataban las denunciantes. Ni siquiera quería que una de ellas denunciara y, ante mis quejas, me espetó “¿a quién cree que creerá el juez, a usted o a mí?”. En veinte años, nunca había visto nada parecido.
Y con la Inspección de Trabajo, ¿qué pasó?
En este caso concreto, tenemos una labor inspectora que, en su función, utiliza como única fuente de conocimiento la propia empresa y las personas que ésta les pone delante. Nadie pregunta nada a las denunciantes, nada se investiga más allá de las afirmaciones de la empresa y de su entorno, tampoco se da importancia al incumplimiento de normas básicas de prevención de riesgos laborales. De hecho, en un informe de la inspección basado en una visita realizada a Doñana 1998, cuando las jornaleras ya no estaban, se llega a asegurar que no se ha encontrado rastro de los abusos e insultos. Pero lo más grave es que la empresa no ha presentado los contratos de trabajo de ninguna de las denunciantes del caso Doñana 1998, ni tampoco los recibos de sus salarios. Sin embargo, la Inspección ni siquiera incoó un expediente de infracción.
Antes ha hecho referencia a la vulnerabilidad de estas mujeres. ¿A qué se refiere exactamente?
Es una vulnerabilidad que se explica por una pobreza más que extrema en muchos de los casos y por su analfabetismo. Además, ellas están imbuidas de una cultura que discrimina a la mujer y que posibilita su docilidad, la sumisión y los abusos que sufren. Hay que recordar que los criterios de selección para contratarlas en origen buscan esto: una mujer de una determinada franja de edad, con cargas familiares (hijos menores a su cargo) y procedentes del ámbito rural marroquí, que equivale, en la inmensa mayoría de los casos, a mujeres analfabetas.
¿Considera que estos requisitos son discriminatorios?
Desde mi punto de vista, sí, porque vulneran el artículo 14 de nuestra Constitución, principio de igualdad, además de otros Derechos Humanos que también recoge la Constitución Española, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos …
Todas las marroquíes que denuncian abusos o prostitución, incluso si se refieren a una una proposición, quedan marcadas, al margen de cuál haya sido su resistencia o voluntad
¿Qué supone para las jornaleras denunciar? Me refiero a las repercusiones que esto pueda tener en su país de origen, dentro de su núcleo familiar…
Todas las mujeres marroquíes que denuncian abusos o situaciones de prostitución, incluso si se refieren a una tentativa o a una proposición, quedan marcadas, al margen de cuál haya sido su resistencia o su voluntad. La mujer musulmana que denuncia puede llegar a plantearse el suicidio o sufrir una exclusión social absoluta en casos extremos. La presión y el acondicionamiento social son fundamentales para entender todo este asunto. En el caso de las jornaleras de Doñana 1998, se han producido amenazas de muerte, intentos de hacerse con la custodia de sus hijos, divorcios… Para ellas, todo está siendo muy doloroso.
Entiendo que es muy difícil que estos casos lleguen a la justicia…
Sí, mucho, primero por el miedo que tienen las mujeres. Después, porque la mayoría, dentro de la minoría que está dispuesta a dar el gigante paso adelante que supone atreverse a denunciar, vuelven a casa y no continúan con el proceso. Precisamente, de eso se quejó amargamente la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, cuando las mujeres se quedan, se los pone todos los obstáculos del mundo, se las cuestiona y no se les ofrece apoyo.
Esta entrevista fue publicada primero en La Independiente
* Esta entrevista ha sido posible gracias a la contribución de Quique Badia y David Meseguer.
Esta publicación se hace con la contribución financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de Fundación Surt y no refleja necesariamente la posición de la Unión Europea.
