Hemos salido de la alarma sanitaria y estamos en una etapa de más control de la transmisión de la Covid-19, aunque debemos reconocer el hecho de que hemos estado en el umbral del colapso sanitario. El virus sigue presente, pero hay que emprender ya la recuperación de la actividad productiva, de no hacerlo los daños económicos de esta crisis serían de difícil reparación y tendríamos un problema de dimensiones desconocidas.
La situación es inédita. Nos creíamos al cobijo de pandemias como ésta y nos vemos obligados a convivir con ella, a la espera de un tratamiento que ayude al cuidado o una vacuna que nos inmunice. El camino elegido para salir es la inversión en infraestructura sanitaria e investigación que, con el conocimiento adquirido hasta el momento, nos permita paliar sus efectos hasta que se pueda eliminar la amenaza. La incertidumbre en la que vivimos, sin embargo, tiene consecuencias importantes en la vida y la economía.
La inversión privada se paraliza y cuando menos, se ralentiza, disminuye la producción de forma notable y bajan las expectativas y, sobre todo, aumentan los riesgos. Ante esta situación el sector público toma siempre la iniciativa, para paliar los efectos inmediatos, pero también para marcar el enfoque y las prioridades del nuevo crecimiento, en definitiva, para marcar las bases de la reconstrucción económica.
La crisis sanitaria ha tenido efectos diversos; con el confinamiento ha crecido el ahorro de las familias pero a la vez y contrariamente se han deteriorado las empresas y el sector público, que han disminuido sus ingresos de forma alarmante. Sin lugar a dudas, el crecimiento del déficit público y una inversión escasa condicionan el vigor de la actuación pública en la fase actual. En este sentido la Unión Europea aparece como una solución coyuntural, con una inversión sin precedentes en forma de crédito compartido o de ayuda de estado retornable, aunque todavía hay una concreción definitiva para saber cuál será el margen de maniobra.
Es incuestionable que la inversión pública que ahora se necesita para el reimpulso de las empresas debe tener un retorno
Volver a producir, recuperar la actividad económica, supone revisar la fortaleza y los fundamentos de nuestra economía, comprobar sector a sector, empresa a empresa. Observar cómo se pueden recuperar y hacer sostenibles los negocios, en el corto y medio plazo, y sobre todo cómo posicionarlos necesariamente en una ventaja estratégicamente competitiva. Hay que ser conscientes, sin embargo, de que no tenemos tanta agua sobrante, inversión, para regar también las plantas que ya están muertas y estamos obligados a concentrar nuestros esfuerzos en aquellas que tienen por delante una vida perdurable. Malgastar en ayudas universales indiscriminadas a las empresas es, a la larga, una acción contraria a la eficiencia económica: de hecho supone malgastar recursos públicos que nos serán muy necesarios en el futuro inmediato.
Eficiencia económica y retorno social de las inversiones son una exigencia del bien común. Así pues, la exigencia de retorno de todas las ayudas debe ser el criterio director de la gestión de los bienes y los recursos públicos que ahora utilizamos en la recuperación de la actividad económica. Invirtamos todos por un mañana mejor para todos.
El trabajo y más concretamente la actividad remunerada tiene un papel clave en la recuperación de la producción de riqueza y en su distribución a las familias, así como por su aportación fiscal. La protección en los ERTE y las prestaciones por paralización de la actividad a los trabajadores autónomos han sido claves para evitar despidos masivos, destrucción de puestos de trabajo y más paro. Desgraciadamente no han podido evitar la pérdida de muchos puestos de trabajo basados en una contratación temporal o precaria, que a veces es lo mismo, lamentablemente.
La necesaria inversión en salud requerirá más trabajo en la investigación y en los servicios sanitarios
De cara a la recuperación económica, el talento profesional es el elemento crítico, sobre todo ante el anunciado cambio de paradigma productivo para avanzar hacia una sociedad digitalizada y con una transformación verde: en la producción de la energía, en la minimización hasta cero de los residuos. Es obvio, también, que la necesaria inversión en salud requerirá más trabajo en la investigación y en los servicios sanitarios. Y así mismo, será necesario no olvidar que el sistema educativo y la prestación de servicios públicos pedirán un nuevo talento y unas habilidades sociales reforzadas en la nueva economía digital y de la circularidad ambiental. Recuperar la inversión en formación y aumentarla ahora es la prioridad.
La transformación productiva es un reto de hoy, un reto inmediato, no una cuestión para el mañana como lo era antes de la Covid-19. La crisis sanitaria y la posterior crisis económica han acelerado los cambios. Se ha producido una disrupción efectiva de la situación; de repente estamos en un nuevo paradigma en el que teletrabajo, economía circular y servicios con seguridad sanitaria ya están afectando de forma importante a la organización de las cadenas de valor y el trabajo dentro de las mismas y esto supone una transformación abrupta del modelo productivo.
En este marco, se hace evidente la necesidad de un cambio en todas las normas laborales y, singularmente, y con carácter de urgencia reformar la Ley de Empleo, con el fin de ayudar a las personas en los tránsitos laborales que ya tienen encima. Necesitamos herramientas de proximidad: de orientación-información, de acreditación-formación y de acompañamiento-motivación. Son herramientas de apoyo en la búsqueda de empleo que deben ser garantizadas como un derecho subjetivo, permanente, un derecho de ciudadanía en la era digital. Con idéntica urgencia, hay que reorganizar con eficiencia los servicios públicos de empleo y redefinir, dentro de ellos, la colaboración entre el sector público y el privado para encontrar un nuevo círculo virtuoso de aprovechamientos compartidos por el bien común y el interés general.
Sin rehuir la importancia de la macroeconomía, los grandes agregados, habrá que bajar al detalle, a las bases económicas, ya que las grandes obras no cuelgan del cielo sino que se edifican sobre fundamentos sólidos bien asentados en el suelo y han sido diseñadas y construidas para ser útiles a las personas y satisfacer sus necesidades.
Territorio, actividad económica y profesionalidad deben estar encuadernados con una mirada ascendente, escalable, con el protagonismo y la responsabilidad de los actores locales, porque serán elementos críticos en la transformación que vivimos. El esfuerzo de todos en la activación de la economía será clave en el éxito de la activación económica, como lo es en la superación de la crisis sanitaria con el confinamiento y en la protección social.
En resumen, para activar la economía sin dejar a nadie atrás y conseguir que la riqueza generada sea más compartida, necesitamos el esfuerzo de todos y la disciplina social en el objetivo común.
