Los positivos por Covid en Catalunya vuelven a subir en torno a los niveles del mes de mayo. En el Segrià el número de casos supera el pico del mes de abril. En L’Hospitalet, tres barrios (La Torrassa, la Florida, y Collblanc) ya superan los 200 casos por cada 100.000 habitantes, en un brote que se extiende también a Barcelona. Asimismo, voces provenientes del Palacio del Elíseo en París empiezan a considerar un nuevo cierre de la frontera norte de Catalunya con Francia.
El Gobierno de la Generalitat, que al inicio de la crisis decía que de tener las competencias necesarias gestionarían mucho mejor la crisis que el Ejecutivo de Sánchez, se está viendo superado por las circunstancias: a finales de mayo dimitió el Secretario de Salud, Joan Guix, cargo que había quedado huérfano de representación hasta el pasado viernes, ahora con Joan Maria Argimon, quien deberá compaginar esta nueva posición con el de la dirección del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
La Generalitat no cuenta con un cuerpo suficiente de rastreadores y se negó a aceptar la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona (por motivos aún no del todo claros), que ofrecía incorporar entre 40 y 50 nuevos. Cuando se le preguntó a la consellera Vergés por qué se negaban, respondía que “no lo ve”. A día de hoy Catalunya tiene 300 rastreadores, Castilla la Mancha tiene 427, la Comunidad Valenciana más de mil y en Andalucía la cifra supera los 8.000. Si el mensaje del Gobierno cuando no tenían competencias era el de reclamar un “confinamiento total” que protegiera y previniera el aumento de casos, ahora tan sólo “recomiendan” a la ciudadanía que se quede confinada.
La responsabilidad recae en los ciudadanos y no en la administración, que la única medida impositiva real que ha decidido aplicar es la de la obligatoriedad de llevar mascarillas
La responsabilidad, así, recae en manos de los ciudadanos y no en la administración, que la única medida impositiva real que ha decidido aplicar es la de la obligatoriedad de llevar las mascarillas a todas partes (cuando, en principio, se había afirmado que la transmisión del virus en espacios abiertos era casi inexistente). Esto, mientras los turistas siguen llegando tanto a Barcelona como a las costas catalanas, totalmente ajenos a las “recomendaciones” del Govern. Una decisión política que no hace más que aumentar la incredulidad de gran parte de la población.
Como es sabido, con la finalización del estado de alarma se acordó que de cara el futuro serían las comunidades autónomas las que estarían a cargo de la gestión de la crisis, tal y como habían pedido de manera reiterada ERC, Junts per Catalunya y la CUP en Catalunya – pero también otras formaciones políticas como el Partido Popular gallego, el PNV o Bildu entre otros. La Generalitat sólo tiene que solicitar al gobierno de Sánchez que le transfieran las competencias exclusivas del estado de alarma, lo que todavía no se ha producido.
Oriol Mitjà, quien fue uno de los epidemiólogos asesores del Govern durante las primeras fases de la pandemia, decía en el programa del FAQS: “Creo que el Govern o las personas que toman decisiones no han aprendido la lección y no tienen la valentía para tomar decisiones de una forma mucho más asertiva”. Las voces críticas crecen, y la gestión del Gobierno se encuentra cada día más en entredicho. Todo ello, dentro de un conflicto latente entre ERC y Junts per Catalunya que ya miran de cara a los próximos comicios electorales.
Pero al análisis de la gestión concreta de las administraciones ante la crisis de la Covid se ha de sumar otro hecho preocupante que está pasando desapercibido: el debate sobre lo que implican las medidas aplicadas a frenar la pandemia respecto al conjunto de derechos y libertades de la población. El año 2019 (antes de que estallara la pandemia) The Economist hacía público su Índice de Democracia, en el que informaba que los regímenes democráticos habían sufrido, en términos absolutos, el mayor retroceso en los últimos catorce años. En lo que llevamos de 2020, es muy posible que la crisis del coronavirus sólo haga que aumentar esta tendencia.
Ante la necesidad de protegernos del virus se ha tenido que actuar colectivamente modificando hábitos y renunciando a derechos que dábamos por sentados; en España, durante los primeros meses de la crisis, el conjunto de las medidas coercitivas estaban enmarcadas jurídicamente dentro del estado de alarma. Se comprendían, pues, como medidas extraordinarias limitadas en el tiempo.
Ante la necesidad de protegernos ante el virus se ha tenido que actuar colectivamente modificando hábitos y renunciando a derechos que dábamos por sentados
Ahora, sin embargo, esta sensación se difumina, y algunas de las medidas se están implementando sin ni siquiera cuestionar qué implican en términos de recortes de libertades individuales. Un ejemplo reciente fue el de la prohibición de ir a votar en las elecciones en el País Vasco a aquellas personas con un diagnóstico positivo en Covid-19. De un plumazo, más de un centenar de personas quedaban exentas de ejercer el derecho esencial de las democracias representativas. El debate sobre las repercusiones de tal vulneración, más allá de algún que otro artículo de opinión, fue inexistente.
En Catalunya se ha vivido una situación similar, pero aquí la existencia de la retórica processista del gobierno de Torra ha desvirtuado lo que habría podido ser un rico debate sobre los límites de los derechos fundamentales en el contexto actual; ante el incremento de casos en el Segrià, el Govern anunció que se prohibiría la entrada y salida de la comarca por motivos no estipulados (principalmente, el de ir a trabajar). El Govern de la Generalitat decretaba de facto un confinamiento light, dado que si se recomendaba no salir de los domicilios, sí estaba permitido hacerlo, por ejemplo, para ir de compras a un centro comercial.
Así, vía Decreto-Ley, el Gobierno pretendía saltarse un derecho fundamental – el derecho a la libre movilidad y circulación – ignorando el artículo 64 del Estatuto de Autonomía que estipula, precisamente, que para realizar modificaciones en derechos fundamentales no es posible hacerlo vía legislación ordinaria. Ante la oposición de la juez de guardia de Lleida, el Presidente Torra cargaba en contra la decisión judicial a través de un tuit que se convirtió en viral en el que decía: “¿Pero esto qué es”?
Independientemente o no que el President Torra fuera conocedor de la legislación catalana (Estatuto), su respuesta pretendía ubicar el debate, otra vez, dentro del marco del conflicto territorial entre Catalunya y España; y es que en eso ha consistido, en gran parte, lo conocido como Procés: una cortina de humo para instrumentalizar electoralmente el deseo de independencia. En este caso concreto, sin embargo, hay que añadir una consecuencia peligrosa: ignorar el debate sobre los límites entre seguridad y libertad conduce inevitablemente hacia el deterioro de todo sistema democrático, sea este un Estado, una comunidad autónoma, o una escalera de vecinos.
Teniendo en cuenta que el virus no desaparecerá hasta que no haya una vacuna, y que todavía no hay una fecha real para su llegada, sería importante no despreciar este debate. Cuando se dan pasos atrás en el campo de las libertades, después es más complicado volver a la posición inicial. Sirva como ejemplo la existencia de la Ley Mordaza, aún hoy, bajo el gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos.
