Una ley Kelly parada en el Departament de Treball después de que fuera aprobada por el Parlament hace dos años. Un Ministerio de Trabajo que incorporaba en su programa soluciones contra los fraudes de las subcontrataciones. Y jueces que realizan sentencias a favor de las camareras de piso de los hoteles y tachan de ficción las subcontrataciones, que no tienen sentido, que el empleador real es el hotel.
Después de que a principios del mes de junio, un tribunal de lo social declarase nulo el despido de una delegada sindical de ‘las Kellys’ del hotel Grand Central de Barcelona que se mostró contraria a recibir una subcontratación, ahora les llega una segunda noticia: se declara la cesión ilegal de las camareras de piso del mismo hotel.
El caso de la delegada sindical de ‘Las Kellys’ se originó cuando la dirección del hotel comunicó a las trabajadoras de plantilla que se encargaban de limpiar y ordenar las cámaras que serían despedidas y externalizadas a una empresa de servicios que, a su vez se encargaría de asumir la tarea. Esto supondría degradar salarialmente a las trabajadoras y también reducir sus derechos laborales.
Ante esto varias trabajadoras decidieron apuntarse al sindicato de ‘Las Kellys’ y crear una sección sindical, lo que da derecho a que se nombre una representante, en este caso una delegada, de acuerdo con lo que dice la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). La respuesta a esta actuación fue el despido de la delegada y también de otra trabajadora, lo que recorrieron por vía judicial ‘Las Kellys’.
Una vez el juez declaró nulo este despido, sólo faltaba también que se mostraran en contra de la externalización. Así, en el auto, el juez recoge que «Unico [la propietaria de la cadena de hoteles] contaba para asegurar el servicio de limpieza del Grand Hotel Central con una plantilla propia (la gobernanta despedida con efectos el 30 de noviembre de 2018 y 8 camareras, entre ellas la que ahora demanda) junto con personal que contrataba a través de ETT ». Sigue explicando que Unico ya había, con fecha de 12 de noviembre, tomado la decisión de externalizar el servicio de limpieza hacia la empresa Serviprest, una nueva mercantil constituida solo, por lo que dice la sentencia, para transferir formalmente a la plantilla de Unico sin «poner en juego» la potestad empresarial y manteniendo los trabajadores formalmente subrogados a Unico como empresa empleadora. Es decir, Unico no subcontrató a una empresa de limpieza para su hotel, sino que constituyó una dentro de su grupo sin que esta hiciera ninguna función como ocupadora, ya que mantenía a las mismas personas.
Estos hechos, junto con otros datos como la configuración de las estructuras o de quién era el material de limpieza, son los que el juez recoge para apuntar que «la externalización formalizada era una simple ficción» que se demuestra a través del audio aportado por las trabajadoras de la reunión entre ellas y la empresa. En esta conversación, la responsable de recursos humanos de Unico llegó a decir que «todo el personal será plantilla propia, es igual si la sociedad se llama VL o Pepito. Será plantilla propia del hotel bajo el nombre de otra sociedad».
El poder legislativo no responde a las necesidades de quienes los han elegido como representantes
Las Kellys apuntan que no es lógico que, a pesar de tener una ley aprobada en el Parlament de Catalunya desde hace dos años conocida como Ley Kelly, aunque no se estén viendo sus resultados aplicados. Una ley que, basada en el artículo 42 del estatuto de los trabajadores, fijaba que la actividad principal de la empresa no se puede externalizar. Una ley que aún no ha avanzado pero que podemos ver una lectura similar en la sentencia del juez que afirma la necesidad de poner límites y señala que «la subcontratación es mera ficción” y que “no tiene sentido, porque el empleador real es el hotel».
Durante la rueda de prensa en la que han hecho pública la última sentencia, su portavoz, Vania Arana, señaló que la «la cesión ilegal es una delincuencia organizada entre los hoteleros, los empleadores principales y las subcontratas que no puede quedar impune», ya que, como ha seguido apuntando, «es uno de los fraudes más graves que afecta a los trabajadores, que precariza la mano de obra, que anula la estabilidad en el trabajo y que vulnera los derechos laborales de salud y familia». Las consecuencias de las subcontrataciones al final suponen también un impedimento para que el trabajador se sindique. Así, sin representación sindical y colectiva, las Kellys creen que no se garantizan los derechos básicos y que, además, desaparece la estabilidad laboral, ya que manda la temporalidad.
Las Kellys creen que los últimos responsables de toda esta situación son los políticos, ya que entienden que los empresarios no realizarían una actividad si realmente estuviera prohibida y hubiera los mecanismos necesarios para evitarlo. Así, piden a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno, que proceda con el trámite de la ley, porque «que esté en el programa del Gobierno no sirve de nada».
También han aprovechado para pedir a Juan Carlos Calvo, ministro de Justicia del Gobierno de España que dote de recursos a los tribunales para dar respuesta a las trabajadoras y que éstas «no tengan que esperar años para hacer valer sus derechos esenciales» dado que, como ha explicado Arana, «los tribunales son la garantía mientras el problema no se resuelva a nivel legislativo».
