Diez años perdidos para la sanidad pública. Es la lectura que hace Amnistía Internacional en el informe ‘La década perdida’, en el que calcula el recorte en inversión sanitaria pública en el período de tiempo comprendido entre el 2009 y el 2018, el último año del que se disponen datos.
El lapso analizado arranca cuando la crisis financiera y económica empezaba a hacer estragos y muchos gobiernos aplicaron recortes a los servicios públicos, entre ellos el sanitario. Y termina en 2018, cuando la mencionada crisis se da por finalizada por todos los organismos económicos y políticos. Sin embargo, la inversión en la salud no se ha recuperado: en el global del Estado, el gasto en 2018 fue un 11’3% inferior al de 2009.
En Catalunya, el sistema sanitario es uno de los que más recursos económicos ha perdido en la década analizada. En 2009 el gasto en salud fue de 10.527.040 €, mientras que en 2018 se quedó en los 9.225.337 €. Esto supone una pérdida de más de 1.3 millones de euros, lo que se traduce en una bajada del 12’37%.
De hecho, el sistema sanitario catalán es el quinto que ha tenido una disminución más acusada en términos de inversión económica en el Estado, sólo por detrás de Castilla-La Mancha (-18’25%), Asturias (-12’98 %), La Rioja (-12’75%) y Galicia (-12’65%).
“Diez años después de que la crisis económica implicara una decisión con terribles consecuencias sobre los derechos humanos, seguimos igual, cuando deberíamos estar mejor”, apunta el informe de Amnistía Internacional. Además, recuerdan: “El país ha aumentado su PIB en un 8’6% sin que haya supuesto una mejora de aspectos fundamentales como es la salud”.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España acusa al Estado de estar “incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de salud, por las que se compromete a avanzar en el cumplimiento del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En un contexto como en el que nos encontramos, es más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas”.
En el aspecto positivo y como única excepción, las Islas Baleares tenían en 2018 un sistema sanitario mejor financiado que antes de la crisis. En concreto, la partida creció en un 1’7%. No en vano, Baleares (23,22%), Valencia (22’84%) y La Rioja (0’38%) son las únicas autonomías donde el gasto público total creció en 2018 respecto de 2009, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda recogidos por Amnistía.
Enorme recorte a la asistencia primaria catalana
En el Estado la inversión destinada a la atención primaria, reivindicada como capital para la prevención y control de los brotes de coronavirus, se ha reducido en la década perdida en un 13’1%. La situación, sin embargo, es mucho peor en el caso catalán, donde la bajada alcanza el 24’28%. Catalunya encabeza la triste lista de recorte en inversión en la atención primaria, seguida por Aragón (-22%) y Castilla y León (19’53%).
La atención primaria se demuestra como uno de los ámbitos sanitarios más afectados por los recortes y la posterior falta de inversión en salud después de la crisis. El hecho de que se haya perdido casi uno de cada cuatro euros que se invertían en 2009 explica que numerosos centros de atención primaria (CAPs) protesten por la falta de recursos necesaria para una atención digna.
Entre otros colectivos que reclaman más inversión en esta rama que tiene un trato tan directo y diario con la ciudadanía, destaca el grupo Rebelión Atención Primaria, que alerta de que la carga de trabajo que tienen es inviable con una atención de calidad.
Catalunya también es la comunidad que encabeza, con mucho margen, la clasificación de porcentaje de gasto sanitario dedicada a conciertos. En 2009, un 29% de la inversión en salud iba destinada a la compra de servicios a operadores privados. Con la resaca de la crisis, este porcentaje ha bajado hasta el 24’9%. Sin embargo, el catalán es todavía el sistema que más destina a este sentido. Hay que bajar al 11’4% de las Islas Baleares o al 10’37% de la Comunidad de Madrid para completar el podio.
