Hace más de medio año que el coronavirus llegó a nuestras vidas para captarlo todo. Hace meses que no se habla de otra cosa y la rutina está dibujada con la misma línea que la de la curva de contagios y muertes. Nunca la población general había sabido tanto de epidemiología y de medidas higiénicas. Y si este bache ha sido tal para cualquier ciudadano, más lo ha sido para los profesionales sanitarios que, en todo el mundo, han tenido que batallar -y batallan- cada día al pie del cañón contra el virus.
En redes sociales son muchas las publicaciones de médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, etc. que muestran sus rostros marcados, después de horas acumuladas de trabajo, con las señales de las gafas y las mascarillas y el peso de la responsabilidad y el cansancio. Y también son muchos los que han muerto. En España han sido 63 profesionales sanitarios los que han perdido la vida durante estos meses, a raíz de la Covid-19. Así, nos situamos en el tercer lugar del podio europeo, sólo superados por Italia, con 198 muertos, y el Reino Unido, con 540.
Así lo destaca el informe reciente de Amnistía Internacional, Expuestos, silenciados, atacado, que relata los errores a la hora de proteger a los trabajadores sanitarios durante la pandemia. “Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y trabajadores esenciales a los que no han protegido del coronavirus”, destacan desde la entidad, que también lamenta que la cifra de 3.000 trabajadores sanitarios muertos, “probablemente sea muy inferior a la real”.
La lista la encabezan los Estados Unidos, con 507 profesionales muertos; Rusia, con 545 y el Reino Unido, con 540. España estaría en el décimo puesto
Y es que, como sucede en el recuento de víctimas general, no existe ningún índice global que recoja los datos de la mortalidad del virus y, por tanto, el rastreo es difícil. Además, los datos proporcionados por algunas por las asociaciones de algunos países, como Egipto o Rusia, han sido cuestionadas por los gobiernos. A pesar de la opacidad, Amnistía ha analizado los datos disponibles sobre profesionales sanitarios muertos de 79 países. La lista la encabezan los Estados Unidos, con 507; Rusia, con 545 y el Reino Unido, con 540. España estaría en el décimo lugar.
Esta investigación, que tiene un alcance global, busca ser un toque de atención a los gobiernos de los países en los que la pandemia aún no ha alcanzado su máximo exponente, “para que no repitan los errores de gobiernos que no han protegido los derechos de sus trabajadores, con consecuencias desastrosas”, alerta Sanhita Ambast, investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de Aministía Internacional.
Los EPIs, en el punto de mira
“Trampeando”. Esta es la clave según la cual Esther Moral, enfermera en el Área Básica de Salud (ABS) Apenins Montigalà de Badalona, se ha conseguido no poner -tanto- en riesgo a los profesionales ante la falta de Equipos de Protección Individual (EPI). Esta enfermera relataba, en una entrevista reciente en este diario, la “desazón” de no saber nunca si el proveedor tendría listo el material. Aunque nunca se quedaron sin Equipos de Protección, “tuvimos que valorar mucho para qué usábamos cada material”. Asimismo, las donaciones de particulares y voluntarios, según Moral, “nos han salvado en algún momento en que íbamos justos”.
El caso catalán y español no son aislados. Según Amnistía, del total de 79 países analizados, en 63 se ha denunciado “grave escasez de EPI”. Entre estos, la entidad destaca territorios donde aún no se ha vivido lo peor de la pandemia, como la India, Brasil y varios países de África. La situación ha llegado a casos tan extremos que en algunas zonas, los profesionales han tenido que proveerse ellos mismos. “Dedicamos cerca del 12% del salario mensual a comprar de nuestro bolsillo los EPIs”, relata un médico de Ciudad de México.
En México los profesionales sanitarios llegan a destinar de su bolsillo un 12% del salario a la compra de EPIs
Además, en un contexto de pandemia global, hay que destacar también las restricciones comerciales que impedían comprar materiales provenientes de diversas zonas del mundo. En junio, 52 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de equipos o componentes. “Estas restricciones agravaron la escasez en los países que dependen de las importaciones”, señala Ambast.
En estos momentos, tal como relata Moral, la solidaridad fue una de las vías de alivio del sistema sanitario. Un ejemplo lo puso la SEAT en Martorell donde, a iniciativa de los trabajadores, se empezaron a producir mascarillas desinfectables para profesionales de UCI, de la mano del asesoramiento de expertos del Hospital Clínic. Fabricaban entre 30 y 40 unidades diarias.
Represalias y amenazas
“Resulta alarmante que se hayan documentado casos en que profesionales de la salud han denunciado problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la Covid-19”, denuncia Amnistía. Y es que la entidad ha reportado represalias que van desde el arresto y la detención, hasta amenazas y despidos a raíz de la denuncia de las condiciones en las que los profesionales tenían que trabajar. “Es especialmente preocupante ver cómo algunos gobiernos castigan a quienes expresan su preocupación: los profesionales sanitarios de primera línea son los primeros en saber si la política del gobierno funciona y las autoridades que los silencian no pueden afirmar que dan prioridad a la sanidad pública”, denuncia Amnistía.
Se han documentado huelgas y protestas en 31 de los 79 países, en muchos de los cuales se respondió con represalias por parte del gobierno. Un ejemplo es Egipto, donde se dieron nueve detenciones “arbitrarias” entre marzo y junio por “difusión de noticias falsas” y “terrorismo”. Muchos médicos egipcios reciben amenazas y son sometidos a interrogatorios de la Agencia de Seguridad Nacional. “Muchos prefieren pagar de su bolsillo los EPIs para evitar este tira y afloja. Las autoridades están obligando al personal sanitario a elegir entre la muerte y la prisión”, explicó un médico egipcio a Amnistía.
Las autoridades están obligando al personal sanitario a elegir entre la muerte y la prisión
Siguiendo con la lista, en Estados Unidos, Tainika Somerville, una asistente de enfermería, fue despedida tras publicar un vídeo en Facebook en el que reclamaba más EPI. En Rusia, Yulia Volkova y Tatyana Rea pueden ser represaliadas con multas de 1.500 euros y despedidas por la difusión de “notícias falsas”, por quejarse de la falta de protecciones. En México, se lanzó cloro a una enfermera que iba por la calle y en Filipinas se tiró lejía en la cara de un trabajador de un hospital. En Pakistán se han destrozado hospitales, se han agredido profesionales e, incluso, un miembro de la Fuerza Antiterrorista disparó a un médico.
“Estos incidentes indican la existencia de un clima de desinformación y estigma, y subrayan la importancia de que los gobiernos faciliten información precisa y accesible sobre la propagación de la Covid-19”, alertan desde Aministía.
A toda esta presión se suma también la salarial, que no por menos violenta es más aceptable. Amnistía ha llegado a documentar casos de profesionales a los que ni siquiera se les remunera el trabajo, como por ejemplo en Sudán del Sur, donde llevan sin cobrar desde febrero, sin acceso a prestaciones ni cobertura médica. Este es uno de los países de los que no se disponen datos de la mortalidad por Covid entre el profesional sanitario.
Por cuestiones como estas, Amnistía Internacional pide que los estados consideren la Covid-19 como una enfermedad profesional, a fin de tener acceso a compensaciones y ayudas. Igualmente, también pide una compensación adecuada para los profesionales que hayan luchado contra la Covidien. En Catalunya, la Generalitat aprobó una compensación económica que las plataformas tildaron de “ridícula y clasista”. La malconocida como ‘paguita Vergés’ levantó ampollas por establecer diferenciaciones salariales importantes entre médicos y auxiliares, que “no reconoce el esfuerzo continuado de los profesionales”. Así, en el caso concreto de España, con 52.000 profesionales contagiados y 63 muertos, Amnistía prepara una campaña para exigir la protección de los sanitarios y la dotación de más recursos a la sanidad pública.
