Este mes de julio el Síndic de Greuges ha presentado el informe “Estimación del coste de la plaza escolar en Cataluña”, en el marco de los trabajos del pacto contra la segregación escolar que coordina junto con el Departament d’Educació. El documento verifica las hipótesis que ya estaban hace años sobre la mesa: que el sistema educativo está infrafinanciado, que el coste para compensar este infrafinanciación lo asumen las familias, y que se producen graves situaciones de desigualdad entre unos centros y otros según la composición social del alumnado.
Desde nuestra organización política, Catalunya en Comú, agradecemos la iniciativa del informe, largamente esperado por la comunidad educativa, pero queremos hacer algunas puntualizaciones y posicionamientos al respecto que nos parecemos importantes.
La primera, que el debate sobre financiación no debe invisibilizar el debate sobre modelo educativo. No se trata de mejorar la financiación del modelo actual sino transformarlo: incremento de oferta pública, integración de concertados de alta complejidad en la red pública, eliminación progresiva de los conciertos. Asimismo, hay que avanzar hacia la gratuidad real y efectiva del 0-16. El modelo de financiación debe tener la escuela como unidad de referencia. En los casos que este criterio no sea aplicable y sea necesario becar alumnos, ningún centro escolar puede imputar pagos adicionales fuera de los criterios públicos establecidos.
En segundo lugar, queremos dejar claro que el incremento de la dotación presupuestaria que se necesita no se debe hacer de manera generalizada sino contextualizada, atendiendo a las especificidades de cada caso. Delegaciones territoriales, consorcio de educación de Barcelona e inspección deben tener un rol protagonista en la detección de necesidades y provisión de recursos. Hay que establecer un criterio claro para distribuir este incremento de recursos. En clave de educación pública, este criterio no puede ser la titularidad sino las necesidades educativas. Si ponemos la titularidad como criterio, priorizamos la desigualdad. Si ponemos las necesidades educativas, priorizamos el derecho a la educación, el alumnado y la equidad.
En tercer lugar, queremos manifestar que el modelo de gestión de los servicios educativos financiados con fondos públicos debe ser público comunitario, dando protagonismo en la gestión a la comunidad educativa, con la administración aportando recursos para la gestión administrativa y con control estricto de el gasto. La libertad de enseñanza no debe significar la libertad del mercado entrando en la escuela. El estudio lo dice claro: centros públicos y concertados de baja complejidad pagan más por un mismo servicio que los alta complejidad. La administración debe regular los topes máximos y mínimos de los servicios en las escuelas, y tener un registro y control.
Por último, respecto a la gobernanza, pensamos que la fórmula del contrato-programa no puede ser en ningún caso una medida estructural sino coyuntural. Los centros concertados de alta complejidad hay que integrarlos a la red pública como garantía de servicio público de calidad y ahorrar la existencia de dobles estructuras.
Acabamos advirtiendo que hay que estar preparadas y preparados para un posible incremento de la demanda de plazas públicas debido a la crisis económica que se vivirá en el curso 2020-2021 a causa de la pandemia. Es el momento, por tanto, de plantear medidas estructurales para que la administración proporcione una plaza pública a toda la ciudadanía, y avanzamos hacia una educación pública, laica y gratuita que ofrece oportunidades educativas en un marco de equidad para todos.
