A pesar de no formar parte del colectivo de los sanitarios, Laia Estrada y Xavier Milian hace años que participan activamente en colectivos de defensa de la sanidad pública. Actualmente forman parte del Grup de Treball Nacional sobre la Sanitat de la CUP y, recientemente, han publicado Sortim de l’UCI. Proposta per una sanitat pública, editado por Tigre de Paper. El libro hace un diagnóstico del sistema sanitario catalán y de los motivos que han provocado su colapso durante la crisis del coronavirus. Los autores defienden un sistema de salud catalán totalmente público para evitar que se vuelva a repetir el colapso.
¿Cuál es, en su opinión, el estado actual del sistema de sanidad pública catalán?
Xavier Milian: Lo ocurrido ahora no es nada nuevo, si se ha producido un colapso de la sanidad pública, es porque hace décadas que hay un desmantelamiento progresivo del sistema. Que en el momento originario, que es lo que nosotros le decimos el ‘pecado original’, se escogiera un modelo público-privado, es el motivo por el que ha ido degenerando tanto el modelo a lo largo de esta década. De esta forma, es como está montado todo el sistema de financiación de este modelo lo que ha provocado el colapso. Lo que planteamos es que más allá de la Covid-19 y de los recortes, aquí hay un pecado original que genera este modelo y que tiene unas consecuencias muy duras en las tres patas del sistema. En cuanto a la administración, se crea un expolio de dinero público y malversación. Desde el punto de vista de los profesionales, vemos que el personal tiene unas condiciones laborales u otras dependiendo de donde trabajen, cuando todos participan en un mismo sistema y hacen una misma tarea. Y en cuanto a los usuarios, vemos un sistema sanitario clasista en el que si vas con la tarjeta CatSalut, tienes un tiempo de espera para una operación de un año o dos pero, en cambio, en este mismo centro, vas con la tarjeta de una mutua y en dos meses lo tienes resuelto. Por tanto, lo que planteamos es que con el dinero público estamos fomentando un sistema sanitario en el que se generan privilegios hacia una minoría de la población.
¿Que implica la privatización de algunos servicios, como el de las ambulancias o el de la limpieza?
L: El libro lo titulamos ‘Sortim de l’UCI’, en el sentido que estamos avanzando hacia un proceso de privatización en cubierto a pasos agigantados, desde un modelo que ya es público-privado. Cada vez se están externalizando más servicios y, de hecho, la fallida ‘Ley Aragonés’ lo que hacía era abrir la puerta a más externalizaciones. Vimos en plena pandemia como las ambulancias también sufrían todo lo que era la falta de previsión para hacer frente a la Covid-19, faltaban EPIs, capacidad de desinfección… lo que vemos en todos estos servicios auxiliares que están externalizados es que se incrementa la precarización de las condiciones laborales de los profesionales y, al mismo tiempo, hay una falta de control en cuanto a la gestión de recursos públicos en estos servicios auxiliares. Esto también tiene consecuencias para los usuarios, porque como peores son las condiciones laborales, peor es la calidad del servicio. En definitiva, nosotros hacemos una propuesta para avanzar hacia la construcción de un modelo totalmente público respecto la titularidad, gestión y aprovisionamiento, que incluya todos estos servicios que son ahora mismo auxiliares. Y, yendo un paso más allá, que incluya también aquellos servicios que ahora están excluidos de la cartera pública, como la atención bucodental, la oftalmología, la salud mental -gran parte de la cual está externalitzada-, los sociosanitarios, las residencias… para poder paliar todas las consecuencias negativas que conlleva este modelo público-privado.
¿Este modelo público-privado favorece la corrupción?
X: A partir de los años noventa se implanta la nueva gestión pública y se empiezan a gestionar los hospitales y los centros de atención primaria como si fueran empresas, y eso quiere decir que para hacer las contrataciones no sigue ningún tipo de concurso. De este modo, tenemos casos como el Caso Innova o la quiebra de un montón de centros hospitalarios. Lo que decimos es que si a la administración pública, que hay concursos y unos protocolos, de vez en cuando también aparecen casos de corrupción, si nosotros gestionamos el 70% del presupuesto sanitario a través de fundaciones y empresas externas es evidente que este modelo propicia la corrupción. Esto en cuanto a la corrupción ilegal. Pero luego está todo el tema de puertas giratorias o los sueldos abismales que reciben los directivos de algunos centros hospitalarios.
¿La pandemia de qué manera ha empeorado la situación? ¿Ha habido una mayor precarización del sector sanitario?
L: Con la pandemia hemos visto el colapso de una sanidad que previamente ya había sido desmantelada y debilitada. No sólo a partir de los recortes, que fueron la estocada y se inician con el último año del tripartito -supuestamente de izquierdas, con una bajada drástica del presupuesto ejecutado. Más allá de eso, lo que hemos visto con la pandemia es el colapso de una sanidad que ya desde el inicio del modelo ya está pensada para atacar la parte pública y mermarla para favorecer que la parte que es gestionada por unos terceros, por otros prestadores, cada vez tenga más fuerza. En la gestión de la pandemia ha habido una negligencia por parte de las fuerzas políticas, tanto con respecto al gobierno español cuando centraliza las competencias como en cuanto a la Generalitat. Y eso se ha hecho con un sistema sanitario que está totalmente debilitado, que no se ha recuperado de los últimos recortes. Hospitales que todavía tienen plantas enteras cerradas y con un personal que se ha visto perjudicado a raíz de los recortes, son elementos que juegan en contra para poder hacer frente a esta pandemia.
El resultado es lo que hemos visto: una vulneración salvaje de los derechos de los profesionales que trabajan en la sanidad, independientemente de la función que desempeñan. Todo el personal de hospitales, los centros de atención primaria y de los sociosanitarios ha visto vulnerados sus derechos más elementales. Han tenido que trabajar de manera totalmente desprotegida, con cambios de protocolos constantes… la prensa internacional ha calificado nuestro personal como ‘kamikazes’ y no se han depurado responsabilidades. Y esto no sólo ha sido un agravio hacia el conjunto de estos profesionales, sino una temeridad en cuanto a la población, en general, porque si no tenemos bien protegido quién está en primera línea, también se está perjudicando y poniendo el peligro el resto de la población. Esta ha sido la gestión de la pandemia. Y con unos aplausos que permitían mostrar la empatía hacia aquel personal pero a la vez tenían un componente muy perverso de estar dándole un mensaje a todas estas personas de ‘vosotros tenéis que aguantar toda costa’. Ya veremos qué pasará cuando en septiembre estos rebrotes que estamos viendo agudicen mucho más, ya veremos si el personal, viendo que no se han depurado responsabilidades, aguanta como ha aguantado hasta ahora.
X: Una vez más también hemos visto lo que pasa siempre. En el momento de pandemia, los hospitales públicos y concertados estaban colapsados y, mientras tanto, los privados estaban haciendo pruebas PCR a quien tuviera dinero para pagarlas y los profesionales sanitarios debían irse a casa porque tenían síntomas, pero no sabían si tenían la enfermedad o no. Por lo tanto, cuando hay beneficios, el sector privado se lanza de cabeza, pero cuando hay situaciones como la pandemia no sólo se lavan las manos, sino que aprovechan para hacer negocio.
¿El tema de la vocación y heroicidad de los profesionales sanitarios puede servir para justificar ciertos abusos laborales?
L: Totalmente. Evidentemente que estamos hablando de un servicio esencial y de personas que desarrollan su función motivados por su vocación, pero esto no es motivo que justifica que se hayan vulnerado sus derechos de la manera que se han vulnerado. Lo que se prima es que continúe funcionando el servicio. ¿Por qué el gobierno español no aprovechó el decreto de alarma para poner todo el tejido industrial al servicio de la pandemia para producir EPIs y pruebas PCR? ¿Porque no se utilizan verdaderamente todos los recursos de la sanidad privada? No nos podemos quedar con el hecho de que nadie sabía la magnitud que tendría esta crisis sanitaria. No es una justificación, porque la pandemia ya había llegado a Europa, ya estábamos viendo lo sucedido en Italia y aquí no hubo una movilización real de todo lo que se tenía que producir. Ni siquiera cuando la situación se estabiliza el Estado aprovecha los recursos que tiene para poner todo el tejido industrial y farmacéutico para gestionar la pandemia. Alemania, por ejemplo, puso todo el tejido farmacéutico a producir PCR. Y esto todavía está pasando, no se están practicando PCR de forma masiva, no tenemos suficientes rastreadores para hacer el seguimiento, no estamos viendo que se garantice un descanso a todo el personal que está profundamente exhausto, parte del cual ha sufrido estrés postraumático, no ha habido una planificación a posteriori para prevenir los mismos errores. Estamos viendo la misma negligencia. Lo primero que hizo la generalidad cuando asumió la gestión de la pandemia fue asignar un contrato de 17 millones de euros a Ferrovial. Este es el talante de la gestión.
¿Qué se tendría que hacer para mejorar el sistema y revertir estas carencias?
X: El elemento imprescindible para cambiar esta situación es la voluntad política, precisamente este modelo se sostiene con un consenso hecho en los años ochenta con todas las fuerzas políticas para mantenerlo hermético. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que esto no se puede hacer de un día para otro. Hay dos objetivos principales a alcanzar: el primero, que la propiedad, la gestión y el aprovisionamiento sea 100% público y el segundo, una política que vaya más allá de la sanidad y englobe todo lo que es la salud. Con esto quiero decir que se acabe el hospitalocentrismo, que se potencie la atención primaria y comunitaria, las políticas de salud pública, que son casi inexistentes, y que se trabaje por los determinantes sociales de la salud. Porque, a veces, la mejor política de la salud puede ser garantizar el acceso a la vivienda de todas las personas. Por tanto, hay un giro de 180% de como se ha estado gestionando la sanidad hasta ahora. Lo que hay que hacer es que todos aquellos concursos que caducan, la Generalitat no les vuelva a sacar en concurso, sino que asuma la gestión directa y lo haga de acuerdo con los instrumentos que ya tiene. También es necesario detener cualquier ley que intente privatizar más el sistema sanitario. Entendemos que hay un objetivo sobre el que avanzar y, según los recursos, se pueden adoptar políticas que tiendan hacia este modelo.
L: Hay modelos en otros estados que nos pueden dar pistas de por donde avanzar. Canadá, por ejemplo, sin ser un país anticapitalista, prohíbe la sanidad privada, porque entienden que no puede haber ánimo de lucro en la prestación de un servicio tan elemental como es la salud. Nosotros pensamos que hay que avanzar hacia un modelo 100% público centrado en prevenir las enfermedades y en mantener el bienestar de la población. Esta idea de ‘es mejor prevenir que curar’ es posible, si ponemos énfasis en la atención primaria y comunitaria, en los determinantes sociales de la salud y si desplegamos una buena estrategia de salud pública que actúe sobre la comunidad, y no tanto sobre la persona a título individual. Y luego hay un sistema integral, que tenga en cuenta todos estos servicios que decíamos antes que están excluidos.
La ciudadanía salió al balcón a aplaudir a las 20 horas durante muchas semanas. ¿Que creéis que debería hacer ahora? ¿Como tenemos que encarar el postcovid?
L: Hemos visto que el personal ha sido capaz de salir a la calle y pensamos que la gente debería pasar de los aplausos en el balcón a bajar a las movilizaciones en la calle. El personal está y falta que el conjunto de usuarios veamos que es una lucha que también va con nosotros, que afecta a todo el mundo. Durante años, lo que hemos visto es que las luchas de la sanidad pública no han sido muy masivas, ni han sido capaces de aglutinar tanto personal como usuarios. Es como si el personal fuese por un lado, reivindicando mejoras laborales, y los usuarios fueran por otra, reivindicando una mejor atención. Sobre todo con temas de listas de espera se ha visto muy claramente. Aquí hay que ir a la par, y este creemos que es uno de los principales retos: poder organizar una movilización regular y sostenida en la que mostramos que necesitamos un personal que pueda desarrollar sus funciones con las mejores condiciones posibles y que esto repercutirá de forma positiva en la respuesta asistencial a los usuarios. Hay un lema que se ha recuperado y que es muy antiguo, que es el de ‘una sanidad, un convenio’. Debemos avanzar hacia aquí, hacia un único convenio que permita que los trabajadores desempeñen su función con las mejores condiciones posibles. Y se tiene que conseguir que esta lucha por la sanidad ocupe la centralidad política.
Es el momento oportuno para replantear el sistema de salud pública actual?
X: A veces parece que la sociedad necesita momentos de crisis para darse cuenta de la situación. Cuando comparamos como se ha gestionado la Covid-19 aquí, a pesar de las críticas que hacemos, con cómo se está gestionando en Estados Unidos, que no tiene un sistema de sanidad pública, yo creo que todo el mundo se da cuenta de lo importante que es tener un sistema de sanidad pública. También lo hemos visto con la educación; cuando han cerrado los colegios, la gente ha visto la importancia de esta tarea. Lo que pasa es que a veces tenemos la memoria corta. Creemos que momentos como el que estamos viviendo ahora mismo deben servir para reflexionar. Al igual que con la crisis de 2008, cuando empezaron a haber desahucios, la gente vio la política de la vivienda en su realidad más cruda. Esperemos que estas imágenes de sanitarios que van vestidos con una bolsa de basura porque no hay batas sirvan para ver que no nos podemos permitir que el sistema sanitario funcione así, que necesitamos un sistema sanitario cuide no sólo de los usuarios, sino de los profesionales. Un sistema en el que todos tengamos unas mejores condiciones de vida y no un sistema clasista en el que la gente, en función del dinero que tiene, tenga acceso a una sanidad o no, porque si no, estaríamos retrocediendo en unos derechos que históricamente han costado mucho de ganar.
