El problema de la vivienda viene de lejos. La primera norma de ámbito estatal que trataba de dirigir la falta de viviendas para las clases trabajadoras fecha del 9 de septiembre de 1853, cuando se aprobó una Real Orden dirigida a los gobernadores de Madrid y Barcelona. En el preámbulo, se constataban “las malas condiciones en que, por regla general, se encuentan las habitaciones de una porción de infelices, cuyos escasos medios o mísero jornal no alcanzan a proporcionar una más cómoda vivienda”. A raíz de esta situación, se incentiva a los respectivos ayuntamientos a construir “en barrios extremos una o más habitaciones para pobres, en las que la comodidad e indispensable holgura se aúnen con la baratura de los alquileres y los hábitos de esta parte de la población”.
Ciento sesenta y siete años después, el Sindicat de Llogateres conseguiría arrastrar una mayoría parlamentaria suficiente – con JxCat, CUP, ERC, ECP- con el objetivo de encarrilar, una vez más, el problema de la vivienda. En el preámbulo del texto presentado ante el Parlament se afirmaba que “la fuerte subida de las rentas ha causado dificultades económicas muy graves para acceder a la vivienda y para permanecer en ella. La juventud y las personas y familias con bajo nivel de ingresos son quienes más han sufrido y aún sufren situaciones de exclusión residencial”.
Los paralelismos son evidentes. El problema de la vivienda es una constante histórica de las ciudades modernas, problemas que no han hecho más que acentuarse en los últimos años: en el periodo 2015-2019 el precio del alquiler medio en Catalunya se incrementó un 44%, mientras que los salarios lo hicieron un 1.4%. Si a esto le sumamos los efectos perniciosos de la crisis de la Covid sobre las viviendas pequeñas sin espacios exteriores, la comparación coge aún más fuerza, ya que uno de los problemas asociados al crecimiento de las ciudades modernas es la alta tasa de mortalidad relacionada a enfermedades respiratorias infecciosas. Tanto ayer como hoy, quien sufre con más intensidad los efectos de estas pandemias – fueran de peste bubónica, de gripe, o de Covid – eran y son los barrios con más densidad de población. Es una cuestión empírica: el problema de la vivienda es principalmente un problema de las clases populares.
Ahora bien, esta vez y fruto del trabajo del Sindicat de Llogateres, todo apuntaba a que después de tantos años habría una propuesta que se atrevía a hacer lo que ya hacen en ciudades como Berlín y Lisboa, pero que en España ninguna administración pública se había atrevido a hacer antes: limitar el precio del alquiler.
¿Qué decía el texto pactado con JxCAT, CUP, ERC y ECP?
La ley, dirigida a aquellos municipios con más de 20.000 habitantes (70% de la población de Catalunya) fijaría que el precio de un nuevo contrato no pudiera superar el del anterior. Además, estableciendo como valor máximo el precio fijado en el índice de precios de la Generalitat, lo que llevaría a la congelación de los precios de los alquileres y a rebajas puntuales. Este es un texto de mínimos que no solucionaría el problema de la vivienda (solución que debe pasar por incrementar el parque de vivienda pública y expandir modelos cooperativos que puedan operar fuera de las leyes de mercado). Pero es una ley que ayudaría a aliviar la carga económica de tantas familias que viven con el miedo permanente de ser desahuciadas y que ayudaría a que los jóvenes puedan tener un futuro allí donde han nacido.
Junts per Catalunya se echa atrás y Quim Torra contradice al partido
La propuesta era registrada el miércoles 15 de julio con previsión de ser aprobada en la sesión del Parlament del 20 de julio, pero en el último momento Junts per Catalunya decidía introducir un conjunto de enmiendas, impidiendo su aprobación y provocando estupefacción del Sindicat de Llogateres y del resto de formaciones políticas. El contenido del texto había sido fruto del trabajo conjunto de todos los actores políticos y, por tanto, se suponía que se ratificaría sin obstáculos.
Las enmiendas, en palabras de Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres, “desvirtúan el acuerdo y permiten subidas de precio en buena parte del mercado. Es un paso en falso”. Entre otras cuestiones, Junts per Catalunya pretendía que se pudieran acordar entre inquilino y propietario subidas hasta un 20% en caso de que se hubieran hecho mejoras en la vivienda en los últimos cinco años. Parece evidente que ningún inquilino – que ya está pagando unos precios superiores a su capacidad económica – aceptara por propia voluntad un incremento tan elevado de los precios.
Además, el texto presentado estipulaba que la ley entraría en vigor en los municipios superiores 20.000 habitantes donde, o bien haya habido un crecimiento de los precios de alquiler por encima de la media catalana; que se destine, de media, más de un 30% de los ingresos a pagar el alquiler; o bien que el aumento de precio interanual sea tres puntos superior a la tasa del índice de precios de consumo. Según la propuesta, con una sola de estas tres premisas, ya se podía aplicar la ley en un municipio de más de 200.000 habitantes. Junts por Catalunya, sin embargo, pidió como requisito que se cumplieran las tres premisas, un hecho que dejaría sin efectos algunos municipios, como Figueres, Tortosa, y Salou.
Torra afirmó estar de acuerdo con el redactado original del texto. ¿Cómo es posible que el Presidente sea contradicho por sus propios diputados?
Estas – y otras enmiendas – dejaron al aire el acuerdo. Lo más extravagante es que en una reunión posterior entre el Sindicat y el President de la Generalitat, Torra afirmó estar de acuerdo con el redactado original del texto. ¿Cómo es posible que el President sea contradicho por sus propios diputados? Sólo hay tres posibilidades: O bien Torra no tiene ningún tipo de ascendencia sobre las decisiones de su partido político; estas declaraciones forman parte de una estrategia que tiene como objetivo torpedear la aprobación de la ley sin parecer que se oponen frontalmente; o bien es una mezcla de ambas.
Ahora que “Junts” se define como un partido de “centro-izquierda” con el fin de atraer el voto adyacente a ERC, es consciente de que posicionarse claramente a favor de los grandes propietarios y fondos inmobiliarios no tiene buena prensa y podrían perder un valioso puñado de votos. Sea como sea, la única realidad a estas alturas es que la tramitación de la ley está en stand by y tanto el Sindicat de Llogateres como En Comú Podem y la CUP acusan a los posconvergents de boicotearla.
El Consejo de Garantías Estatutarias, en contra la ley
Durante el proceso de debate parlamentario, Ciutadans y el PP decidieron llevar al Consejo de Garantías Estatutarias la propuesta de ley al considerar que algunos de sus artículos podían no tener amparo legal en el Estatut. La respuesta del Consejo satisfizo sus demandas al determinar que once de los quince artículos, y siete de las catorce disposiciones no tienen amparo en el Estatut. Hay que recordar, sin embargo, que los estudios del Consejo son sólo consultivos y no pueden frenar la tramitación de una ley. Una vez ésta sea aprobada en el Parlament, estará en manos de los órganos del Estado decidir si recurrir o no al Tribunal Constitucional para que se pronuncie de manera definitiva. Otro palo en la rueda.
El Partido Socialista de Catalunya, mientras tanto, intenta no implicarse en el debate. Tendría la posibilidad de sumarse en la resolución pactada y posicionarse a la izquierda de Junts per Catalunya, pero no lo hace. Una equidistancia que perjudica a gran parte de la población catalana, y, consecuentemente, a gran parte de su electorado, que también es joven, precario, y sufre de los problemas asociados al encarecimiento de los precios de la vivienda.
Un decreto para facilitar los alojamientos turísticos
Si la “traición” de Junts per Catalunya no fuera suficiente obstáculo, el Govern aprobó el 4 de agosto, sin previo aviso, un nuevo Decreto de turismo en Catalunya que habilitará el alquiler de habitaciones para turistas de corta estancia a los propietarios de inmuebles que residan en aquel hogar. Según la Generalitat, este nuevo decreto prevendrá el fraude y contribuirá a regularizar la situación de los alquileres turísticos, que ahora operan de manera encubierta, y ayudará a los pequeños propietarios con dificultades económicas a tener un ingreso extra.
No piensa lo mismo Jaime Palomera, que considera que el decreto abre la puerta a que cualquier vivienda pueda convertirse en un alquiler turístico los 365 días del año, dando barra libre a la especulación inmobiliaria en plena pandemia. Es indicativo que Airbnb, empresa prohibida en ciudades de alto interés turístico como Nueva York o Amsterdam por contribuir a los procesos de especulación y gentrificación, ha celebrado la aprobación del reglamento, que considera “un paso adelante” en la regulación de los “hogares compartidos”.
Por su parte, la Concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín (ECP), afirmaba a través de Twitter que “el Govern pone la alfombra roja a Airbnb: puertas abiertas para especular con el alquiler de habitaciones y toda la presión para los Ayuntamientos, que deberán inspeccionar y controlar. ¡Y esto lo aprueba un Consejo de Gobierno donde está ERC! ¿Y el derecho a la vivienda? Rectificad”.
Es cierto que si la propuesta de ley para regular los precios de alquiler no ha sido ratificada ha sido por la oposición de Junts per Catalunya, pero la aprobación del decreto de los alojamientos turísticos ha requerido de la conformidad de ERC
Es cierto que si la propuesta de ley para regular los precios de alquiler no ha sido ratificada ha sido por la oposición de Junts per Catalunya, pero la aprobación del decreto de los alojamientos turísticos ha requerido de la conformidad de ERC. Si este decreto da alas al comportamiento especulatorio de grandes empresas y al incremento de los precios del alquileres, también será su responsabilidad. En todo caso, serán los Ayuntamientos quienes tengan la última palabra a la hora de decidir si el decreto se implementa o no en su municipio.
Así, en cuestión de tres semanas, se ha pasado de estar a punto de aprobar una medida que contaba con el apoyo de 4.000 entidades de la sociedad civil, entre las que hay que ubicar al propio Sindicat de Llogateres, Òmnium Cultural, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, l’Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, y tantas otras, a aprobar un decreto ley que va en la dirección contraria a lo defendido por el Sindicat de Llogateres. No se entiende la existencia del problema de la vivienda sin el beneficio de especuladores y grandes propietarios como contrapartida. Parece que, de momento, la balanza continuará a favor de los últimos.
