La organización de acción sanitaria-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha elaborado un informe “que pone de manifiesto graves problemas en el modelo de gestión de residencias y en la coordinación entre las diferentes administraciones”. “La situación vivida en las residencias de ancianos durante la epidemia de la Covid-19 en España nunca debería volver a ocurrir. Las lecciones aprendidas y las vidas perdidas deberían provocar un cambio profundo”, comienza el texto.
Casi el 70% de las muertes registradas en el Estado por coronavirus son de usuarios de residencias, dato que según MSF refleja “un abandono en las residencias de las personas más vulnerables a la Covid-19 y la desprotección del personal que los cuidaba”. En Catalunya el 49% de las muertes por Covid-19 se ha dado en estos equipamientos.
Además de la falta de EPIs al inicio de la pandemia, el personal sanitario ha mantenido una lucha constante para que las empresas, a menudo residencias, se hagan cargo de la limpieza de la ropa de trabajo. En algunos centros esto todavía no se ha conseguido, aseguró la fisioterapeuta Natalia Garcia a este medio. “Las residencias éramos las grandes olvidadas en el inicio de la pandemia”, se quejaba.
A la falta de previsión de las primeras semanas hay que añadir otros problemas estructurales que muchas residencias de ancianos sufren desde hace años, como unos espacios muy reducidos, falta de dotación económica y sobre todo falta de personal que, además, suele a estar poco valorado social y monetariamente. De hecho, el negocio de los centros residenciales para personas mayores se ha convertido en un foco de atracción de inversión de capital privado, al considerarlo un éxito casi garantizado.
En Catalunya se han registrado 6.387 decesos en residencias de ancianos, lo que supone que haya muerto casi el 10% de sus usuarios
“La combinación de déficit hizo inviable responder a la epidemia. No disponer de recursos sanitarios y asistenciales tuvo un impacto directo en la salud de los residentes”, denuncia Ximena Di Lollo, responsable de la respuesta de MSF en las residencias. Aparte, y como reconoció Garcia en el Diari de la Sanitat, fue común el protocolo de no recibir pacientes de residencias infectados de Covid-19 en los hospitales. “Era llamar al hospital y te decían: ‘Lo siento, hoy sólo podemos admitir a una persona de residencias, elijan ustedes”, relata Luisa, trabajadora social de una residencia auxiliada por MSF. “Priorizaron la respuesta asistencial en los hospitales, dejando atrás a las personas mayores en las residencias, a pesar de ser el colectivo más vulnerable y con mayor mortalidad”, recuerda Di Lollo.
El informe es el colofón de los dos meses y medio en los que la organización ha prestado su conocimiento y gestión a las residencias de España. En total, MSF ha apoyado 486 residencias. Catalunya, con 200, encabeza la clasificación, seguida de Castilla y León con 114 y de la Comunidad de Madrid con 79.
La lista negra
MSF hace un listado de los problemas con los que se encontró cuando sus unidades empezaron a apoyar las residencias de ancianos del Estado. Destacan la “falta de anticipación y de planes de contingencia, agravada por la descoordinación y multiplicidad de interlocutores”. Esto, junto con un “reducido margen de maniobra para implementar las medidas de aislamiento, cuarentena y distancia debido a la inadecuación de las infraestructuras y espacios y la alta ocupación”, dejó muchas residencias al borde del colapso.
“No tengo tiempo para ver el bombardeo de correos que llega al ordenador. Tengo mucho personal de baja, los familiares llaman constantemente y tengo que elaborar dos o tres informes periódicos con la misma información para diferentes administraciones”, aseguraba Alba, directora de una residencia castellano-leonesa con la que MSF colaboró. “Me encuentro con recomendaciones y protocolos que se contradicen. Es una confusión total y mientras tanto los residentes enferman y alguien los tiene que atender”, añade la gestora del centro.
Precisamente por las bajas de personal, MSF también destaca “falta de organización, dirección y recursos humanos” para controlar el contagio, con un “personal restante que tuvo que asumir tareas casi médicas que no eran propias de su función”.
La falta de tests diagnósticos, la denegación de derivaciones a centros hospitalarios con un “aislamiento en detrimento de la salud y los cuidados dignos”, así como la falta de protocolos para la etapa final de la vida y la “carencia de atención psicosocial a residentes, personales y familiares” completan la lista de denuncias que hace MSF.
En conjunto, MSF constata que “dado el perfil de las personas que viven en residencias, mantenerlos en espacios cerrados y sin la atención médica y psicológica adecuada multiplicó los contagios, acelerar la mortalidad y produjo situaciones indignas y humanas”. La organización insiste en que “no se priorizaron las derivaciones hospitalarias” y que las residencias, “lugares para la convivencia y los cuidados y no para el tratamiento medicalizado, tuvieron que dar unos cuidados para las que no estaban preparadas”.
MSF también remarca que, a parte de que los equipos de protección individuales llegaron tarde y fueron insuficientes durante semanas, existía “falta de formación en la utilización” por parte de un “personal nada habituado al uso de estos elementos”. Además, asegura Ximena Di Lollo, “los EPI no siempre estaban adaptados a las necesidades de las residencias”.
Laura, auxiliar de enfermería de una residencia privada a la que MSF prestó apoyo, reconocía: “En las residencias hay mucha gente que no sabe utilizar materiales de protección como guantes o mascarilla. Las cuidadoras, el personal de mantenimiento y limpieza o el de cocina están muy despistados y al final es un caos. Unos sobreprotegidos, sin diferenciar la zona en que se encuentran, llevando la contaminación de un lugar a otro”.
La gente mayor, en el centro de la respuesta
El colectivo sanitario-humanitario dedica unas páginas de su informe a presentar unas recomendaciones que dirige a “la administración central, las autonómicas, provinciales y municipales” como “responsables de trasladar, desarrollar y dotar de recursos la política de prevención y respuesta a la Covid-19 para las residencias de ancianos”.
Consideran que “las personas mayores deben estar en el centro de la respuesta a la Covid-19 para garantizar su derecho a recibir un tratamiento específico, urgente y digno, incluyendo las derivaciones hospitalarias”.
El Parlament ha aprobado una resolución que insta a aumentar el ratio de gericultoras a las residencias catalanas
Por ello, MSF recomienda a los gobiernos la elaboración de planes de contingencia adaptables a las residencias, el establecimiento de “políticas y mecanismos para la detección, vigilancia y control efectivo en entornos como las residencias”, asegurar que se pueden sectorizar -es decir, que no se massifiquin-, disponer de “mecanismos para cuidar la salud mental y emocional de residentes, personal y familiares” y “acompañarlo de recopilación, sistematización, publicación y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
Referente al aislamiento social, uno de los puntos más duros que relata el informe, MSF exige que “se permitan las visitas de familiares y las despedidas en los momentos finales, siempre con las medidas de protección adecuadas”. Todo ello porque “no tengan que pasar momentos tan duros lejos de los suyos” y evitar situaciones como las que relata Carmen, directora de una pequeña residencia familiar: “Una paciente dejó de comer y de moverse; se pasaba las horas mirando por la ventana. Otros se quejaban y trataban de salir de las habitaciones. Ha sido muy doloroso tener que mantenerlos encerrados”.
Una comisión en el Parlament lo investiga
Lógicamente, no todas las residencias del Estado ni de Catalunya han vivido las problemáticas que reporta MSF. Con todo, es donde la organización ha tenido que hacer más apoyos. No en vano, ya se han registrado más de 6.389 decesos en centros residenciales catalanes, lo que supone que hayan muerto casi el 10% de sus usuarios.
En los últimos siete días se han confirmado por PCR 145 infecciones en residencias catalanas: 119 en la demarcación de Barcelona, 11 en Tarragona y Lleida y 4 en Girona. La cifra de las tres últimas semanas asciende a 499 en todo el país. Actualmente hay 50 pacientes ingresados, uno de los cuales está en la UCI.
Es por ello que el legislativo catalán creó el 7 de julio una comisión de investigación a propuesta de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Unidos, CatECP, CUP y PPC y con el visto bueno de todos los partidos que conforman el Parlament. El motivo de la comisión es “analizar e investigar las formas de gestión de las residencias durante la crisis, presentando especial atención a las más y menos exitosas desde el punto de vista de proteger la vida y mantener la vida digna”.
A continuación se celebró un debate plenario en el que la oposición insistió en los errores que MSF detalla en su estudio y el Ejecutivo, por su parte, habló de un “operador público” como forma de gestión de las residencias de ancianos catalanas.
Fruto de este debate, el Parlament aprobó 58 resoluciones relativas a la gestión de las residencias durante la pandemia y sobre su futuro más próximo. Se validaron las propuestas de la CUP de establecer el salario bruto de las plantillas de residencias a los 1200 € mensuales en 14 pagas, el incremento de ratios de gericultoras a una por cada cuatro residentes o el incremento del número de inspectores y inspectoras para garantizar dos visitas anuales a todos los centros.
El pleno también apoyó a “impulsar una mesa técnica para analizar el modelo actual de atención residencial”, a propuesta de Ciudadanos. Los grupos que conforman el Ejecutivo, JXC y ERC, propusieron y aprobaron la creación de una “agencia que, como operador público, integre la vertiente social y sanitaria para garantizar una mejor respuesta pública a las personas” con el el objetivo de convertirse en “el instrumento que nos permita planificar conjuntamente en el ámbito residencial con una única mirada”.
