Regular los precios de la vivienda es una necesidad imperiosa. No sólo fruto de las crisis -tanto la actual, a raíz de la Covidi-19, como la de 2008, los efectos de la cual aún se arrastran-, sino fruto de la especulación de un mercado que hace negocio con un derecho básico. En el periodo 2015-2019 el precio del alquiler medio en Catalunya incrementó un 44%, mientras que los salarios lo hicieron un 1.4%. Con estos precios prohibitivos al alza se hace necesario que la administración intervenga para poner topes a este mercado.
Así lo hizo el Sindicat de Llogateres, que consiguió llevar al Parlament una ley que determina que el precio de un contrato no puede superar al del anterior, estableciendo como máximo el precio fijado en el índice de precios de la Generalitat. Esto llevaría, no sólo a la congelación de los precios de los alquileres, sino, incluso, a rebajas puntuales. Se trata de un “texto de mínimos”, según el Sindicat, pero que podría establecer las bases para una regulación del mercado y una democratización de los precios.
Este texto, que debía ser aprobado en el Parlament el pasado 20 de julio -ya que contaba con los apoyos necesarios- finalmente quedó en suspenso debido a unas enmiendas introducidas por Junts por Catalunya -grupo que había manifestado públicamente el apoyo al texto. Estas enmiendas, que según el Sindicato “desvirtuaban” la esencia de la ley, impidieron su aprobación. A esto hay que sumar el hecho de que, durante el tiempo de debate parlamentario, el PP y Ciutadans decidieron llevar el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, quien determinó que algunos artículos no tenían amparo legal en el Estatuto ni en la Constitución .
La ley ha quedado en espera hasta el día 9 de septiembre, cuando se vuelve a votar en el Parlament. A la espera de su aprobación, sin embargo, los desahucios continúan subiendo. También son muchos los contratos de alquiler que han sido renovados, con subidas inasumibles para familias que han tenido que ver cómo hacer frente al aumento, si no dejar la vivienda. Estas situaciones tienen nombres y apellidos, vidas detrás de la crisis de la vivienda. A continuación explicamos tres.
Aumento del 80%
Corría 2014 cuando Melina se afincó en un pequeño apartamento del barrio del Carmel de Barcelona. Eran dos: ella y su pareja. Una vivienda que, a pesar de ser pequeña, acogía tres habitaciones por 400 €. “Era aquella época en que los alquileres estaban por los suelos y se podía encontrar precios asequibles”, explica. El contrato inicial fue de tres años, pasados los cuales el precio subió a 500 euros por un contrato que caducaba en septiembre de 2019. Los plazos se acortaban y los precios subían.
Sin embargo, continuaba siendo asumible, aunque Melina había roto con su pareja y decidió quedarse sola en el piso. “Hubo épocas en que compraba lo básico: comida, facturas y alguna que otra quedada con amigos. Nada más, pero me lo podía manejar para llegar a fin de mes”. Y, de repente, llega la renovación del contrato y con ella el bache: de un alquiler de 500 euros, el propietario pidió pasar a pedir entre 850 y 900, por un contrato de cinco años.
“Era una subida inasumible”, dice. Y así lo comunicó al propietario; con una nómina de 1.400 euros, Melina debería haber dedicado el 64% de su sueldo al alquiler (cuando se recomienda no dedicar más del 30%). Así que la propietaria ideó una “solución”. Ofreció un contrato de sólo un año, con una subida del 30% que situaba el alquiler en 650 euros. Esta fue la opción elegida, aunque con ella venía la incertidumbre.
Por poco que el aumento del alquiler sea asumible, me quedaré. No puedo afrontar una mudanza y los 2.000 o 3.000 euros que, entre la fianza y la inmobiliaria, me supondría entrar en un piso nuevo
Melina decidió que, para poder afrontar el alquiler con tranquilidad, tenía que alquilar una habitación. Así que subarrendó un cuarto a finales del 2019. Poco después, vino el confinamiento y la consecuente crisis económica derivada del coronavirus. “Mi compañera de piso entró en ERTE, no estaba cobrando ninguna prestación y yo decidí no cobrarle el alquiler de la habitación”, explica Melina quien añade que, gracias a que pudo ahorrar durante el confinamiento ha podido hacer frente al alquiler ella sola. “Pero ya no puedo más”.
Ahora se acerca la fecha de la renovación y Melina no tiene noticias del propietario del piso, que también lo es de la finca entera. “El año pasado, antes de la renovación, vinieron a tasar la casa para certificar que fuera habitable”. Resulta que muchos pisos de la finca no lo son y necesitan grandes reformas para poder volver a ser alquilados. Por eso Melina cree que le subieron tanto el precio: “el arquitecto me pidió que confiara en el propietario, que no era mala persona, que sólo quería cubrir gastos…”.
“No sé lo que haré”, dice, preguntada sobre las expectativas si el alquiler vuelve a subir con la renovación que debe llegar pronto. “Supongo que, a poco que sea asumible, me quedaré”, dice, renegada. “Ahora mismo no puedo asumir una mudanza y los 2.000 o 3.000 euros que, entre la fianza y la inmobiliaria, me supondría entrar en un piso de alquiler nuevo. Y, además, ¿para irme a dónde, estando los precios como están en Barcelona? “, reflexiona.
El miedo en un burofax
Era el día del cumpleaños de Rosana cuando recibió el burofax. Le comunicaban que, después de seis años y a un mes escaso de la renovación del contrato, tenía que dejar el piso. Así, directo. “Llamé súper asustada, preguntando qué había pasado y me respondieron que no me preocupara, que aquel era el ‘redactado estándar’, pero que sólo querían hablar para tratar las condiciones”. Con este susto, Rosana (que no quiere dar su nombre real) se entera de que el propietario de su piso lo había vendido a otra persona que ahora “quería poner el piso a precio de mercado”.
La propuesta fue pasar de 400 € de alquiler, con gastos incluidos, a 500 sin nada por un piso en la comarca del Bages. “Además, me imponía pagar el alquiler de un parking que no necesito y nunca he tenido”. Las condiciones eran “una burrada”, según Rosana. “Firmarlo era vender mi alma al diablo”. Rosana, que vive con su marido y dos niños pequeños, afirma que “de ninguna manera frimaré esta subida”. Además, aunque lo hicieran, no podrían pagarla, ya que ella está en paro desde noviembre y justo ahora se le acaba la prestación. Su marido está en ERTE debido a la Covid. “Y aún así, a pesar de no haber cobrado nada durante estos meses, porque las prestaciones no llegaban, hemos pagado”.
No firmaremos las condiciones que nos proponen, pero tampoco podemos marcharnos del piso. ¿Donde querrán alquilar nada a una pareja en la que ninguno de los dos tiene trabajo ni ingresos estables?a
Ahora, sin embargo, Rosana y su familia ya “somos ocupas”, dice. Y es que, después de haber sabido las condiciones de renovación y haberlas rechazado, entraron en negociaciones con el propietario, aunque ahora, ya con el contrato vencido, no han llegado a ninguna parte. “No se han dignado a comunicarse conmigo a pesar de haber dejado de pagar”, se queja Rosana. La familia se quiere quedar en el piso, no sólo porque tienen la vida allí, sino porque “ya me dirás donde querrán alquilar nada a una pareja en la que ninguno de los dos tiene trabajo ni ingresos estables”, se pregunta, preocupada.
La PAH asesora a esta familia, de la comarca del Bages, en las negociaciones, después de que fueran derivados directamente desde Servicios Sociales. Desde la PAH trabajan para alcanzarles un alquiler asequible. “Se trata de un propietario que tiene más de 40 propiedades. Estamos intentando averiguar cuántas de estas son viviendas, para saber si es gran tenedor o no”, explican desde la PAH. “Estamos ante una persona que especula con el alquiler de una familia en riesgo de exclusión”, que ha tenido que recurrir a Cáritas para conseguir comida mientras están a la espera de saber qué pasará con su casa.
Una negociación in extremis
Nos situamos a finales de 2018, cuando Pedro Sánchez hizo un primer intento de regular la duración de los contratos de alquiler para hacerlos de un mínimo de 5 años; llegó a aprobar un primer Decreto, pero sólo estuvo vigente del 19 de diciembre hasta el 22 de enero, fecha en la que el Congreso lo tumbó. Este baile de fechas supuso un dolor de cabeza para Marta, a quien se le acababa el contrato de un piso en Gracia.
Antes de la aprobación del Decreto, se le comunicó por burofax una subida de 50 €, que podía asumir. Pero la fecha de renovación estaba fijada en uno de los días que el Decreto estuvo vigente, por lo que el contrato debía ser de 5 años, en lugar de los 3 que tenían pactados. “La noche antes de la firma, el administrador nos dijo que, debido a este cambio, la subida sería de 100 €”, recuerda Marta.
Nos presionaron con pocas horas de margen para que no lo pudiéramos pensar y dijéramos que si
Con estas prisas, “nos estaban presionando para que no nos lo pensáramos y dijéramos que sí” a una subida que suponía pagar 800 euros y que Marta y su pareja no se podían permitir. Pero se pusieron en contacto, esa misma noche, con el Sindicat de Llogateres, que consiguió posponer la fecha de la firma y actuaron de mediadores con el administrador. “Gracias a ellos bajaron del burro y aceptaron la subida inicial” de 50 €, recuerda Marta. “Eso sí, no sin que antes el propietario me dijera que ‘ya no éramos amigos'”, bromea.
Marta tuvo bastante suerte, ya que estaba afiliada al Sindicat desde su inicio, “pero nunca había participado. Puse dinero en Goteo cuando se fundó, pese a no tener necesidad en ese momento, porque sabiendo como está el patio, consideré que era importante “. Y lo fue, porque “sin ellos nos hubiéramos tenido que ir del piso. ¡Nos manipulan si no estamos empoderados! “, exclama Marta, que ahora forma parte activa del Sindicat.
