Las entidades del Tercer Sector, desde siempre, estamos entomando las problemáticas sociales donde las administraciones no llegan pero ha sido con la pandemia que esta situación se ha agravado. Por un lado, las necesidades sociales han aumentado: los colectivos que ya sufrían exclusión se han sumado sectores sociales que nunca habrían pensado encontrarse en una situación de necesidad similar. Por otra parte, y como se ha denunciado desde ECAS, detectamos colapso administrativo en servicios imprescindibles.
La situación empieza a ser grave, en esta segunda oleada de infecciones del Covid-19, y sin un estado del bienestar consolidado – al contrario estamos sufriendo las consecuencias de las anteriores crisis y los recortes en políticas sociales que se llevaron a cabo -, estamos encontrando políticas sociales débiles y continúan los recortes en ámbitos fundamentales.
Podríamos hablar de la falta de soluciones reales, de la quiebra del Ingreso Mínimo Vital o la incertidumbre del desarrollo de la Renta Garantizada Ciudadana, de un sistema sanitario que parte de una base insuficiente fruto de privatizaciones y recortes diversos desde 2011, de un sistema educativo que tiene problemas para absorber las problemáticas derivadas, de las luchas electoralistas que llevan a la confusión e, incluso, al relajamiento… Las diferentes administraciones no dan abasto con las actuales herramientas pero también, se debe priorizar cuáles deben ser los instrumentos de salida. Mientras se privatizan bancos, salvados con dinero público, también se reduce la inversión en políticas que pueden ser garantía de futuro. Es el caso de las políticas activas de empleo.
Ya en abril el gobierno del Reino de España anunció una reducción de los recursos a políticas activas, los destinados a las comunidades autónomas. El pasado mes de septiembre en la conferencia sectorial de trabajo y asuntos sociales del estado, se anunciaron los recursos distribuidos. En Catalunya se recorta un 22,14% de los recursos para llevar a cabo políticas activas de empleo, 86 millones de euros menos que el año pasado. Este recorte afecta directamente a los miles de personas que se han visto abocadas al paro.
Al gran retraso en el pago de los ERTE -un alto porcentaje de personas aún no la han recibido-, la complicada gestión de la solicitud y falta de respuesta del IMV -personas que lo han solicitado hace 4 meses que no han recibido ningún tipo de respuesta-, el cierre de oficinas de trabajo, de atención ciudadana o servicios sociales que no han podido atender las necesidades en aumento… Todo ello hace mucho más difícil la vida a la ciudadanía y hace que el volumen de trabajo y necesidad de respuesta urgente de las entidades sociales sea enorme y la urgencia social preocupante.
Las soluciones son complejas -no simples como se hace ver desde el populismo más torpe- pero todas pasan por una inversión en políticas sociales más amplias. Hay que retomar lo que quedó detenido hace unos años y desarrollar leyes como la de servicios sociales o de dependencia; retomar el que desarrollaba la ley de apoyo a las familias en cuanto a monoparentales y numerosas, especialmente, y recuperar políticas reales para todas; avanzar hacia una política de ayudas no condicionados, hacia una Renta Básica universal e incondicional que permita ingresos para la vida digna; desarrollar políticas económicas que permitan la redistribución y políticas de empleo que den respuesta a las necesidades. Todo ello hay que repensarlo con más rapidez y empatía de lo que se hace desde las administraciones poniendo sobre la mesa los privilegios de género, económicos y sociales para desarrollar buenas políticas.
