En los años 80, parte del nacionalismo gallego mantuvo una posición extremadamente crítica en relación con el desarrollo de las instituciones de autogobierno. De hecho, las fuerzas que en 1982 alumbraron al BNG no participaron de los debates sobre el estatuto de autonomía gallego. En aquella época, incluso algunos parlamentarios electos fueron expulsados del Parlamento Gallego por negarse a jurar la Constitución. Se referían a la cámara como “el Parlamento de cartón”. En este sentido, mostraron un comportamiento similar al que en Catalunya el universo cercano a la CUP manifestó hasta bien entrado el siglo XXI.
Bien sabemos que el régimen del 78 se caracteriza por una definición férrea y detallada de sus organismos constitucionales (Monarquía, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Cortes Generales, Gobierno, etc). La articulación autonómica y territorial, en cambio, fue derivada a un proceso de construcción abierto y vivo en lo político. Hoy en día podemos constatar que ese proceso fue fallido: insatisfactorio en múltiples sentidos, lleno de duplicidades y, sobre todo, sujeto a los arbitrios de un sheriff implacable como ha sido la corte constitucional. El recorte al Estatut y la suspensión de la autonomía catalana son dos ejemplos recientes de las fronteras no exploradas del autonomismo estatal. Y dos síntomas de su agotamiento.
La gestión de la pandemia, como evento político de primer nivel e importancia, ha metido el dedo en la llaga del sistema autonómico. El primer estado de alarma se aplicó como si España fuera la Francia de Luis XIII y Pedro Sánchez ejerciese el papel de Cardenal Richelieu. El Presidente del Gobierno presentó un decreto (RD 463/2020) que excluía de la autoridad competente a los ministros de Unidas Podemos, centralizando la toma de decisiones en su persona y en cuatro ministerios: Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. Fueron célebres las ruedas de prensa de militares utilizando símiles bélicos para hablar de frenar el avance del Covid-19. A la postre, es evidente que los esfuerzos del gobierno -también comunicativos- tendrían que haberse centrado en lo económico y social.
Pero la descentralización española, tan uniformizadora en el mes de marzo, ahora adquiere una nueva forma. El nuevo estado de alarma, activado el 25 de octubre a través del RD 926/2020, durará hasta el mes de mayo después de la convalidación en el Congreso. La novedad radica en la estructura descentralizada del mismo; la Presidencia del Gobierno es la autoridad competente, pero como autoridad competente delegada actúan los Presidentes de las Comunidades Autónomas. ¿No era esta una posibilidad ya en el mes de marzo? De hecho, se prevé de manera expresa en la Ley Orgánica 4/1981, que regula el estado de alarma. Estos días han aparecido opinadores vanagloriándose del federalismo que exhibe el gobierno Sánchez-Iglesias en esta segunda ola. ¿Federalismo?
El federalismo es un sistema definido, donde el poder compartido y las competencias derivadas se ejercen en un contexto de estabilidad. La centralización pretendida en el mes de marzo era imposible de llevar a cabo, precisamente porque las competencias en materia de salud son titularidad de las comunidades autónomas. Nos hemos olvidado demasiado rápido de lo ridículo que era ver a Presidentes autonómicos comprando material sanitario de espaldas al gobierno central, actuando al margen de lo que anunciaban desde Madrid en rueda de prensa. Y no lo hicieron solo los pérfidos independentistas catalanes, sino también los socialistas baleares o los valencianos. Incluso recientemente se ha sabido que Díaz Ayuso contactó con Gerard Piqué para adquirir mascarillas en el mercado asiático. Un despropósito.
Este federalismo retráctil de cierta izquierda española parece aparecer solamente cuando necesita del apoyo de fuerzas independentistas y nacionalistas en las Cortes Generales. En cualquier caso, el sistema que se ha definido en esta ocasión tiene mucho más recorrido y coherencia. Eso sí, el gobierno central se guardó una bala en la recámara: la capacidad de confinar domiciliariamente está fuera del alcance de los ejecutivos autonómicos. El truco final.
Toda la polémica alrededor del reparto competencial en la respuesta ante la pandemia me ha recordado a esa vieja expresión sobre el estado autonómico con la que empezaba estas líneas. Ahora parece que Sánchez practica un federalismo de cartón: capaz de servir a su propósito a corto plazo pero, al mismo tiempo, fácilmente desechable en caso de que así lo requieran sus intereses. Lo importante, al fin y al cabo, es que ese gobierno compartido federal articule una respuesta contundente en lo social que no deje a nadie atrás. No hay otra manera de arrinconar a la extrema derecha, siempre ávida de incendiar las calles y olvidarse del interés general.
Este artículo ha sido publicado conjuntamente en Praza y Catalunya Plural
