Dos días después de la detención, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona hizo públicos los tres autos de aseguramiento, entrada y registro donde explicitaban los indicios por los que se acusaba Madí, Vendrell y Soler. Explicamos el contenido de los autos pero antes, una consideración previa: el tratamiento mediático que se está haciendo de la causa en algunos medios de comunicación parece que obedece más a una voluntad de atacar al independentismo que no aportar luz a una causa que, en su mayoría, no versa sobre la llamada “trama rusa” sino sobre casos concretos de tráfico de influencia y malversación de fondos públicos.
Desgraciadamente el historial reciente de investigaciones prospectivas de la Guardia Civil alrededor del independentismo han hecho aflorar una realidad bien conocida en los últimos tiempos, y es que a menudo estas investigaciones se han dado por válidas en algunos medios de comunicación, provocando una posterior campaña de acoso personal y político cuando aún estaba en fase prospectiva. El caso de Tamara Carrasco es el ejemplo más evidente. El hecho de que el nombre clave de la investigación puesto por la Guardia Civil sea operación Volkhov – en recuerdo de la misión militar conjunta entre el ejército nazi y la división azul -, sólo pone de manifiesto que el tipo de referentes culturales al alcance del cuerpo policial militar del estado, hasta hace poco en manos de Pérez de los Cobos, denota un marco mental y cultural del franquismo.
Al mismo tiempo, parece que del mismo modo también hay una tendencia generalizada dentro del independentismo para reducir el conjunto de la investigación del juez Aguirre en la “trama rusa”, dejando de lado, así, el principal grueso de la investigación que no versa sobre estos temas. En este sentido, la precaución a la hora de valorar los indicios de delitos esgrimidos en el auto del juzgado se deben redoblar. Y aún más importante, hay que recordar que las diligencias practicadas hasta el momento – tal como señala el auto – no son suficientes para formular una acusación.
¿Quién forma el Estado Mayor?
Madí, Vendrell y Soler son tres personas con una influencia enorme sobre la cúpula de los dos principales partidos independentistas, ERC y Junts per Catalunya y sobre la política catalana en general. Madí, eterna mano derecha de Artur Mas y señalado como uno de los ideólogos del proceso, tuvo que dimitir en 2010 por haber alterado encuestas oficiales pagadas por la Generalitat. Desde la retaguardia, como Presidente de Aigües de Catalunya o como Presidente del Consejo Asesor de Endesa en Catalunya, nunca dejó la política. Vendrell fue Conseller de Governació de ERC en el segundo tripartito: la esfera de influencia de Vendrell sería tal que, según las conversaciones grabadas por la policía, habría tenido acceso directo y constante con Puigdemont durante los sucesos de 2017, al tiempo que sería uno de los artífices del “Gobierno en el Exilio”.
Soler, también situado dentro de la órbita de ERC, es un empresario vinculado al sector audiovisual. Es fundador del Grupo Cultura 03, impulsor del diario ARA, del que fue Presidente, Consejero Delegado, y editor, y actualmente es director del grupo SOM. Batabat, el nombre de la productora que dirige, es una de las principales empresas que provee contenido a TV3, firmante, entre muchos otros, un contrato por valor de 432.812 de euros en 2019 para retransmitir la temporada castellera. Según los audios registrados por la Guardia Civil, Soler se situaría, según sus propias palabras, bajo las órdenes directas de Xavier Vendrell.
El contexto de la trama: ¿qué es lo que sabemos?
La investigación surge a raíz de una investigación previa del 2016 sobre un presunto caso de malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencia para la concesión de subvenciones públicas procedentes de la Diputación Provincial de Barcelona a un conjunto de instituciones y fundaciones – como la Fundación CATmón y la Asocación Igman – que implicarían, presuntamente, a Víctor Tarradellas.
Terradellas es el ex responsable de política internacional de Convergencia Democrática, presidente de las Fundaciones CATmón y de la Asocación IGMAN. Durante el transcurso de esta investigación, la Guardia Civil realizó un seguimiento de las conversaciones telefónicas de Terradelles para intentar aportar evidencias que lo pudieran incriminar, pero, tal y como queda recogido en el auto “nada de interés se encontró respecto a la pieza inicial que afectaba a la DIBA”. Ahora bien, a raíz de esta investigación se habrían encontrado indicios de la existencia de una trama de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y blanqueamiento de capitales que implicaría, entre otros, a Madí, Vendrell, y Soler.
Una de las pruebas principales sostenida por el juez serían dos conversaciones telefónicas que pudieron ser grabadas por el mismo Terradalles que este último mantuvo con David Madí y Xavier Vendrell los días 14 y 16 de mayo de 2018.
¿Qué dice en los autos judicials?
Hay tres autos judiciales disponibles donde se exponen los indicios de delito recopilados por la Guardia Civil en el transcurso de la Operación Volkhov. En general, se puede dividir en dos bloques. El primero, el vinculado con el proceso independentista: un revoltijo de informaciones y de previsiones de delito, a menudo poco fundamentadas, que incluye la ya famosa trama rusa, Julian Assange y Tsunami Democràtic. Esta parte se expone principalmente en el auto de Oriol Soler, y tiene un papel marginal en los autos de Vendrell y Madí. El segundo – que ocupa el grueso principal de la investigación – versa sobre los presuntos casos de malversación, blanqueo y tráfico de influencias de Vendrell y Madí. Lo explicamos.
La “Trama Rusa”
Los hechos investigados sobre la Trama Rusa habrían tenido lugar meses antes del referéndum del 2017. Los indicios de esta trama se exponen principalmente en el auto sobre el caso de Oriol Soler, ya que la presencia de Madí y Vendrell apenas tiene relevancia. La primera parte de esta trama debería ver con la “campaña de desprestigio” que Soler habría intentado coordinar con oficiales rusos, y también, con Julian Assange.
Oriol Soler, y también Andreu Grinyó – experto en campañas de comunicación – se reunieron con Assange el día 9 de noviembre de 2017, tal como confirmó el propio Soler. El contenido de esta reunión, sin embargo, no consta en ninguna parte. Según cita el auto, el gobierno del Kremlin habría formado parte de esta campaña de “desinformación y desprestigio” con la participación de Margarita Simonyan, editora en jefe del Russia Today y el Sputnik, dos medios afines al régimen ruso. Simonyan también es la editora de Julian Assange, y, también, de Edward Snowden.
Por otro lado, el auto también apunta que Victor Terradellas habría estado trabajando durante cinco meses intentando desarrollar una plataforma de criptomonedes que apoyara una eventual república catalana. Según se derivan de las conversaciones grabadas – siempre según el auto -, Víctor Terradellas le habría trasladado a Serguéi Markov (asesor político del Kremlin) que si Catalunya reconocía Crimea obtendría, a cambio, el reconocimiento de Rusia a la república catalana y que enviarían, además, un total de 10.000 soldados a protegerla. Es a partir de esta información que el juez de instrucción escribió el siguiente párrafo:
“Es decir, en otoño de 2017 Rusia habría ofrecido apoyo a Carles PUIGDEMONT si hubiese declarado la independencia hasta el punto de haber trasladado a Catalunya a 10.000 soldados. De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales”.
El juez infiere, a partir de unos hechos no probados (el supuesto ofrecimiento de 10.000 soldados rusos en Catalunya), que esto “probablemente” hubiera desencadenado en una tragedia con un número incierto de víctimas mortales. Una versión refinada del “cuento de la lechera” que invita a dudar de la intencionalidad del auto. No sólo eso, sino que se apresura a señalar la importancia de Soler como persona clave en la propaganda independentista por su rol como creador de contenidos favorables audiovisuales al independentismo desde TV3. Sin embargo, el auto deja claro que, en todo caso, las cuantías concedidas serían exclusivamente en modalidad de contrato menor, por lo que en sí mismo no constituirían una irregularidad. Sí lo sería -, acreditarse -, el hecho de que a través de estos contratos las empresas de Oriol Soler estarían eludiendo la competencia pública.
Tsunami Democràtic
La autoría intelectual y operativa de Tsunami Democràtic es, hasta ahora, uno de los secretos mejor guardados de la historia política catalana recientes. No se puede afirmar con certeza que hay realmente detrás de Tsunami Democràtic, pero las investigaciones apuntan a que ‘el estado mayor’ y, especialmente, Vendrell y Madí, serían dos de las piezas claves.
Por ejemplo, de Madí señala, fruto de una conversación intervenida, que tenía un conocimiento muy específico de Tsunami Democràtic, explicándole a su interlocutor (no citado) que habría tres plataformas. Picnic, que sería clandestina y serviría para motivos operativos, es decir, para comunicar directivas de actuación; Tsunami, del que el mismo Madí diría que es “lo grande” y, por último, Anonymous, que estaría a cargo de la vigilancia.
Las pruebas que incriminan a Vendrell como uno de los cerebros de Tsunami se derivarían de las conversaciones telefónicas grabadas, donde el ex-Conseller habría afirmado que “ya enviaré a gente para proteger Plaza Urquinaona”; “hemos montado un escenario en la autopista” o “que no se debían focalizar exclusivamente en Barcelona”. De estas y otras afirmaciones el juez considera que su rol dentro de Tsunami es el de alguien con capacidad de dar instrucciones de lo que se tiene que realizar.
La red de corrupción de Madí y Vendrell: la ‘verdadera’ investigación judicial
Como hemos mencionado, la trama rusa ha centrado gran parte de la atención mediática sobre los casos investigados, pero el grueso principal de los supuestos delitos cometidos por algunos miembros del Estado mayor no tienen nada que ver. Esta parte, sin embargo, ha tenido menos cobertura en los medios de comunicación. Es más enrevesada. En el funcionamiento de las supuestas tramas de corrupción que el juez Aguirre investiga, se ve reflejado un modus operandi que, por la experiencia en las diferentes tramas de corrupción en la historia reciente de la política catalana y española, nos es familiar. Involucra a personas con mucha influencia en el mundo político que ejercen presión y amenazas para conseguir la adjudicación de contratos públicos. Involucra también a algún concejal de urbanismo de un pequeño municipio – pieza paradigmática de la corrupción española. Política, puertas giratorias y poderosos.
Los casos de Xavier Vendrell (ERC): el ex consejero omnipotente
Siempre según los atestados, Xavier Vendrell (ERC) estaría involucrado en varias operaciones de blanqueo, malversación y lucro personal. Son tres los casos investigados.
El primero de ellos señalaría que Vendrell habría pretendido modificar puntualmente el Plan de Ordenamiento Urbano Municipal del municipio Cabrera de Mar para que procediera a hacer una recalificación urbanística de la finca llamada “Villa Bugatti”, lo que le permitiría redoblar el valor de sus propiedades de cinco a diez millones de euros. Además, en aquellos terrenos, habría intentado desarrollar un proyecto educativo utilizando la Fundación El Brot – de la que Vendrell es presidente – pero sin modificar el Plan Urbanístico. Este hecho podría constituir una flagrante irregularidad, ya que un proceso como este debería hacerse mediante la redacción y aprobación de un Plan Parcial presentado al Pleno del Ayuntamiento.
Es aquí donde entraría en juego la figura de Enric Mir, concejal de urbanismo del municipio. La connivencia de Mir con Vendrell llega al punto de que, según el auto, se habría comprometido a agilizar un Pleno para aprobar de manera exprés temas que le facilitarían la operación, al tiempo que habría escondido datos e informaciones a otros propietarios alegando que (textual del auto judicial) “si presentan alegaciones se declaran fuera de plazo y a tomar por culo”.
Maite Aymerich, Directora General de currículo y personalización, se habría opuesto al proyecto, que no veía con buenos ojos. Pero la capacidad de influencia de Vendrell sería tal que, para obtener el visto bueno del Departament d’Ensenyament para implementar el proyecto educativo de la Fundación El Brot, se habría puesto directamente en contacto con la cabeza de gabinete del Consejero de educación, Josep Bargalló, para pedirle ayuda y comentarle que debería ejercer presión sobre Aymerich, a lo que la jefe de gabinete se habría comprometido a ayudarle.
Los audios grabados contarían también con una conversación entre Vendrell y Jordi Sanglas, asesor de Vendrell. Este le habría mostrado su preocupación por el hecho de que la Fundación El Brot estaría recibiendo de manera recurrente subvenciones del Departament que, lo que, en sus palabras (textual del auto judicial) “no se puede justificar ni harto de vino”. Vendrell, en la misma conversación, le habría comunicado a su asesor que las negociaciones con el Conseller de Educació Josep Bargalló irían en buena dirección, y que el resto de los recursos necesarios para ganar el concurso ya los conseguirían por otro lado. Con relación al hecho de tener que pasar por un concierto ordinario (mecanismo de concurso público de subvenciones), Vendrell no se habría mostrado preocupado porque este lo conseguiría “esté quien esté”.
No reproduciremos por completo el contenido del auto, pero la exposición de indicios de delito, sólo en este caso concreto de la Villa Bugatti y la Fundación el Brote, se nutre de otras pruebas. Entre ellas, los diferentes movimientos de Vendrell para colocar cargos públicos estratégicos dentro del municipio de Cabrera de Mar, o conversaciones con Jordi Solé, arquitecto de Vendrell, donde afirma que desde el Departamento les ayudarían a “acabar esto de una puta vez, que si hace falta vendrán todos aquí” – en referencia a la participación de los altos cargos de la Generalitat (Presidente Torra incluido) que vendrían a la inauguración.
Uno de los otros supuestos negocios turbulentos de Vendrell que el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona estaría investigando tendría que ver el grupo empresarial de laboratorios de biomecánica BIOMEK, del que Vendrell es su Consejero Delegado. La actividad de este grupo habría sido cuestionada por Invalcor – otra empresa del sector – que habría interpuesto una demanda contra la empresa de Vendrell en considerar que el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) tendría un trato de favor con BIOMEK a la hora de adjudicarle contratos públicos.
Según recoge el auto y fruto de las conversaciones grabadas, Vendrell le habría comentado a un tal Domingo, en referencia al pleito interpuesto, que (textual del auto judicial) “si quieren pleitear que pleiteen, que hagan lo que les de la puta gana y como me hinchen mucho los huevos, les enviaré a un colombiano y les daré dos hostias a cada uno porque no hay derecho…”
Las grabaciones de audio apoyarían, según el juez, la validez de los indicios de criminalidad. Siempre según estas las conversaciones intervenidas, Vendrell habría reconocido que la empresa no dispondría del material técnico exigido y que, con relación a la primera licitación con el ICAM en Lleida, su empresa sólo era una dirección y que el material lo compraría una vez obtenido el contrato.
La capacidad operativa de Vendrell en sus diferentes negocios sería resultado de la gran influencia que mantendría con las élites políticas y económicas del país. Así, el auto señala que Vendrell le habría comentado a su socio Patricio Chadwick que había tenido una conversación con Marta Rovira donde le habría afirmado que (textual del auto judicial) “con todo lo que yo he hecho por este país sin pedir nada a cambio y me están tocando los cojones por todo el tema del concierto, me están haciendo perder tiempo, ¡hostia! Agilizar esto un poco… llama a la Consejera de Salud por todo el tema de los laboratorios, llama al BARGALLÓ y llama al CHAKIR por todo el tema de… de Villa Bugatti, que me desencallen lo de las subvenciones de la escuela y tal…”
Un conjunto de pruebas que, a estas alturas, no son más que indicios en manos de un juez. Ahora bien, lo que muestran el conjunto de grabaciones registradas es el enorme poder de influencia de Xavier Vendrell, que, recordemos, ya no es ningún cargo electo.
Fruto de las investigaciones, ERC decidió ayer abrirle un expediente disciplinario al regidor Enric Mir, a la vez que lo suspendía cautelarmente de militancia y le pedía que renunciara a su acta.
David Madí, la sombra eterna del mundo postconvergente
Al igual que ocurre con Vendrell, el cuerpo principal de la causa de David Madí no se centra en las vinculaciones y movimientos en torno a la causa independentista – sea la rusa o con relación a Tsunami democrático -, sino de presuntos casos de corrupción y tráfico de influencia con el fin de obtener un lucro individual. En este sentido, se destacan dos supuestas tramas. La primera debería ver con el interés de Madí y su socio Rafael Garcia Tapia para adentrarse en el mercado de las VTCs (Vehículos de Transporte con Conductores). La segunda, implicaría a Madí – Presidente de Aguas de Catalunya-, en un intento de tomar el control de Agbar, la empresa metropolitana que gestiona el ciclo integral del agua, haciendo uso de su extensa red de contactos.
Además, y a raíz de las investigaciones realizadas, se habría permitido conocer que Madí estaría siendo también investigado por la Agencia Tributaria por, entre otras cosas, emitir facturas falsas, hechos por los que ya ha sido citado como acusado por el Juzgado Penal número 23 de Barcelona.
Según apunta el auto, y con relación al presunto caso de tráfico de influencias en torno al mercado de las VTCs, Madí habría mantenido conversaciones con el Conseller de Territori y otros altos cargos de la conselleria. El juez Aguirre apunta que, aunque el presunto negocio fraudulento no fructificara, de estas reuniones con el Conseller de Territori y, también, con el representante de Uber Juan Galiardo Sosa, se desprende “un importante tráfico de influencias”.
El segundo caso destacado por el juez Aguirre apuntaría a que Madí habría hecho uso de sus contactos para cometer la adquisición de AGBAR: en una conversación telefónica con Eugenio Calabuig – Presidente de Global Omnium – el empresario le habría anunciado, en relación con la pretendida operación, que “jugarían con las cartas marcadas”.
Madí habría obtenido información indirecta de Isidre Fainé sobre cómo proceder estratégicamente para que la operación llegara a buen puerto, calificada por el miembro del estado mayor como “muy valiosa”. Además, el juez Aguirre considera que David Madí habría contratado al ex dirigente de ERC Joan Puigcercós para tener acceso a la obtención de los contratos en los consistorios gobernados por los republicanos.
También se apunta que Madí habría intentado influir en Lluís Ridao, Director de la Agencia Catalana del Agua, para que hiciera un concurso público sobre la detección de Covid en el agua, idea que habría llegado a proponerle a la actual Ministro de Sanidad, Salvador Illa, a través de José Luís Ábalos, Ministro de Transporte. Respecto al conjunto de estas operaciones, el auto deja constancia de una conversación grabada de Madí con su esposa, Sandra Buenvaron. Esta le habría advertido que fuese con cuidado con quien se reunía porque podía perder Aguas de Barcelona, ya que, según decía Buenvaron, “las cloacas lo sabrán perfectamente”. Este hecho habría propiciado que Madí se pusiera en marcha y se reuniera por separado con Carles Vilarrubí, Andreu Viloca, Xavier Vendrell, Miquel Buch y Brauli Duart.
La alianza entre élites de ERC y del mundo convergente: Madí y Vendrell
Seguramente lo más significativo de esta supuesta trama, independientemente de si son susceptibles de haber cometido delito, es la existencia de una alianza políticoempresarial de cargos no electos entre las élites convergentes y de izquierda republicana. Por ejemplo, habría sido Xavier Vendrell (ERC), quien le habría sugerido a David Madí (CiU) que se pusiera en contacto con Xavier Vinyals (persona afín de Puigdemont en temas internacionales) para la elaboración de la estructura de criptomonedes.
U otro ejemplo, este más reciente: tal como apunta la instrucción, Vendrell, que participó en la gestión de los centros para ingresar personas afectadas de la Covid procedentes de las residencias obteniendo un beneficio de 5.000 euros, se habría asociado Madí y dos personas más (Sergio Brenner y David Anidjar) para obtener tests rápidos para la administración pública.
El llamado “estado mayor” sería así pues una estructura suprademocrática que tendría una incidencia radical en la política catalana; al no estar sujetos a la necesidad de competir electoralmente, los miembros del estado mayor, a pesar de pertenecer a partidos diferentes, actuarían como una especie de protectores del proyecto político independentista.
No es ningún descubrimiento, en todo caso, la existencia de las élites económicas y empresariales en los países que, a menudo, tienen capacidad mayor que los mismos cargos electos. Pero lo que hace el auto del juez Aguirre, de verificarse, es aportar luz sobre cuáles son los “nuestros” actores.
La fuerza de estos círculos de poder, parecen funcionar “plácidamente”, precisamente porque no ocupan la primera línea en los medios de comunicación. El conjunto de negocios en los que están involucrados reclaman de un silencio operativo que los facilite. Asimismo, y debido al enorme poder que estos actores acumulan, se convierten en piezas esenciales por los políticos de turno, que parecen no tener otra alternativa que aceptar la situación y seguir con el “orden” establecido.
