La Constitución de EE.UU. otorga poderes totales al presidente en la concesión de indultos por delitos cometidos contra los EE.UU., con la excepción de acciones y delitos vinculados a un procedimiento de juicio al presidente en el Congreso (el llamado impeachment), que es la única manera de destituir a un presidente en ejercicio.
El consenso de los especialistas es que la Constitución de EE.UU. explícitamente no prohíbe el autoindulto. Pero los analistas consideran que si los padres fundadores de la Constitución incluyeron una excepción para actos relacionados con un juicio político en el Congreso (el impeachment) también la hubieran añadido sobre la posibilidad de un autoindulto. No hay jurisprudencia sobre el tema porque ningún presidente lo ha intentado. Pero un autoindulto atenta contra los principios jurídicos de que una persona no puede ser juez y parte de su actuación y que ningún ciudadano está por encima de la ley.
La actuación del futuro presidente Joe Biden respecto a Donald Trump. Biden afirmó que no influirá en las decisiones del Ministerio de Justicia. Ha nombrado como ministro de Justicia al juez Merrick Garland, de reconocido prestigio. Biden también ha declarado que no sería bueno para la democracia que se llevara a cabo un segundo impeachment contra Donald Trump a pocos días del final de su mandato.
Es indiscutible que un presidente que ya no está en ejercicio no está protegido de investigaciones, acusaciones y condenas por delitos por parte de las autoridades judiciales de los estados. Trump ya tenía antes de ser presidente un historial de investigaciones y condenas civiles relacionadas con sus negocios, por ejemplo la Trump University.
Los dos casos abiertos más serios contra Trump están siendo dirigidos por fiscales del estado de Nueva York. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan está encabezada por Cyrus Vance Jr. Investiga desde hace dos años a Trump a raíz de la condena de su ex abogado Michael Cohen, que reconoció su culpabilidad en el pago ilegal de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que no hiciera pública su supuesta relación extramatrimonial con Trump. El pago vulnera la ley de financiación de campañas electorales. Cohen acusa Trump de organizar y ordenarle que hiciera este y otros pagos similares.
Trump no podía ser acusado por este caso mientras era presidente a menos que se pusiera en marcha un segundo impeachment, el juicio en el Congreso. Con el final de su mandato pierde esta inmunidad. En la práctica y en el pasado casos similares de pagos ilegales en campañas electorales no han resultado en condenas. El caso sonado de los pagos del ex senador y candidato a la vicepresidencia por el partido Demócrata John Edwards en 2004 a una amante/colaboradora no tuvo consecuencias. Pero a raíz de la investigación del caso del pago a Stormy Daniels, Vance ha encontrado pruebas de supuesta evasión fiscal, fraude financiero y mercantil cometidos por Trump y la organización Trump. Esta investigación sí es penal.
En julio de 2019 el Tribunal Supremo dictaminó que Trump tenía que entregar sus declaraciones de impuestos (sobre la renta y de sus negocios). De esta investigación se filtró el hecho y titular en el New York Times que en 10 años Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales.
El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente debe entregar sus declaraciones de renta, pero no dictó sentencia sobre el fondo de la cuestión. Esto lo deberán dirimir juzgados federales. Si Trump fuera declarado culpable en este caso probablemente no habría condena de cárcel, sino multas.
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James (Demócrata), investiga a Donald Trump en un caso civil por inflar el valor de su patrimonio para conseguir préstamos y seguros en condiciones ventajosas y depreciarlos para pagar menos impuestos (o no pagarlos). Hay consenso sobre el hecho de que este caso seguirá adelante. Esta investigación ya logró que se disolviera una fundación de la familia Trump.
Trump puede ser investigado y acusado de un delito por su llamada del 2 de enero de 2021 al secretario de estado de Georgia Brad Raffensperger (Republicano) exigiéndole que encontrara los votos para decretar el vencedor en Georgia (Biden ganó Georgia). Esta llamada la grabó Raffensperger y filtrar el Washington Post. Existe por tanto una prueba contundente (la llamada).
Se podría acusar a Trump de incitación a la violencia en el asalto al Congreso el día 6 de enero. Se debería demostrar que la intención de Trump era que sus seguidores entraran de manera violenta en el Congreso y cometieran actos de vandalismo y a més terrorismo. La primera enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión. Se debería demostrar que Trump tenía la intención de incitar a que sus seguidores llevaran a cabo el asalto violento del Congreso. Dado que Trump hizo una arenga a sus seguidores frente al Capitolio, la grabación es una prueba contundente. Diferentes atacantes del Congreso serán acusados de sedición, insurrección, destrucción de propiedad gubernamental y equipos informáticos, que además tienen información confidencial.
También existe la posibilidad de que Trump dimita antes de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Si fuera así, Michael Pence se convertiría en presidente y podría conceder un indulto a Trump. Pero este indulto únicamente lo protegería de acusaciones a nivel federal y en relación al ejercicio de su cargo. Un hipotético indulto de Pence para Trump no lo protegería de dichas investigaciones y acusaciones por parte de los fiscales de Nueva York o de fiscales de cualquier otro estado.
