Se acercan las elecciones en Catalunya y cientos de miles de vecinos y vecinas migradas no podrán votar. Actualmente, el voto está ligado a la condición de ciudadanía y esta a la de la nacionalidad. Las personas migradas que no tienen la nacionalidad no solo no pueden votar sino que tampoco pueden ser escogidas como representantes políticas. Esta es una de las muchas trabas burocráticas que privan a las personas migradas de disfrutar de manera efectiva los derechos de ciudadanía como cualquier otro.
Asimismo, tal como reivindica desde hace años Safia Elaaddam con la campaña #TeCedoMiVoto, es una traba que se podría solventar ligando el derecho a voto con el empadronamiento. El padrón, que a pesar de ser un derecho blindado como recuerda la última Resolución del Ministerio de Presidencia, la mayoría de Ayuntamientos no lo respetan y de esta manera lo convierten en una traba burocrática más. El padrón es la puerta de acceso a otros derechos básicos como son la salud, la educación o los servicios sociales y, por tanto, la imposibilidad de acceder tiene consecuencias devastadoras. El año pasado varias entidades de defensa de derechos humanos impulsaron la campaña #PadróSónDrets, donde exigían a todos los Ayuntamientos de Catalunya que impulsen políticas de empadronamiento activo para asegurarse de que todas las personas que viven en sus municipios estén registradas en tal efecto.
Muchas de las barreras que impiden que toda persona pueda disfrutar de los derechos de ciudadanía son dictadas por la Ley de Extranjería, pero no todas. Acceder a un contrato de trabajo o de piso es prácticamente imposible, aunque en este último extremo otros ejes de opresión, no explícitamente o exclusivamente institucionales, también se cruzan. En 2019 el Ajuntament de Barcelona sancionaba con 90.000 € el portal inmobiliario Idealista por discriminación por origen y en 2020 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó un estudio donde se demuestra que más del 70% de las inmobiliarias aceptan la discriminación directa absoluta, es decir, el bloqueo total a personas migradas del acceso a una vivienda.
Tan graves como inverosímiles son todos los casos de personas migradas que teniendo que recibir un apoyo económico por su situación de vulnerabilidad no pueden hacerlo debido a la imposibilidad de acceder a una cuenta corriente. Los bancos se acogen a la normativa europea que pretende combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para no permitir a personas que tienen ciertas nacionalidades acceder a tener una cuenta corriente. Durante los meses de confinamiento vimos como las Islas Baleares y las Islas Canarias solventaban este punto a través de entidades actuando como mediadoras o de tarjetas de prepago.
Las consecuencias del racismo y la violencia institucional y social desgraciadamente son muchas y las estructuras que las sostienen, también. Conseguir erradicar esta lacra es una necesidad imperiosa porque aún tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y el próximo Govern de Catalunya puede tener mucho que decir, por mucho que algunos aún lo duden. Nos encontramos sumergidas en una pandemia de la que aún no conocemos el alcance, pero sí algunos de los factores que han contribuido a empeorarla, como es la privatización de la salud. Catalunya lidera el ranking estatal junto con Madrid del volumen del negocio de la sanidad privada al menos desde 2014. Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Santidad Pública, explicaba a un medio de comunicación que la deriva privatizadora ha ido debilitando la pública y ha mermado el acceso.
Y de la mano de esta pandemia ha llegado una crisis social y económica de la que tampoco conocemos el alcance y sobre la que el próximo Govern de Catalunya también tiene mucho que decir. Hemos visto miles de personas en situación de sinhogarismo en todo el país los últimos meses y desgraciadamente todo apunta a que habrá más con una precariedad laboral disparada, un acceso a la vivienda imposible y una Ley de Extranjería impertérrita. En definitiva, el próximo Govern de Catalunya puede servir para caminar hacia la garantía de los derechos de ciudadanía para todos y todas – y quizás de paso sirve para que algunos le encuentren utilidad a esto de gobernar.
