Los Estados Unidos no es el único país que no ha podido alcanzar los objetivos iniciales de vacunación. La administración Trump había asegurado que a finales de enero habría vacunado a 40 millones de personas. Según datos del prestigioso Coronavirus Pandemic Data Explorer, a 27 de enero se habían vacunado en EUA a 23,5 millones de personas, que representa un 7,1% de la población. El retraso se explica por varios factores.
El primer grupo para el que se autorizó la vacuna de Pfizer/BioNTech y la de Moderna era demasiado restringido: las personas a residencias y el personal sanitario. Parte del primer grupo necesitaba consentimiento legal de familiares por pérdida de facultades cognitivas. Muy personal sanitario rechazaba inicialmente ser vacunado. El plan para distribuir las vacunas desde el gobierno federal a los estados mediante el ejército no funcionó por falta de coordinación y por la diferente idiosincrasia de cada estado. El organismo CDC federal tardó varias semanas en autorizar la vacuna para un grupo más amplio, que incluye ahora a otros empleados de primera línea como policías, bomberos, asistentes sociales y maestros.
Muchas personas no se sentían cómodas siendo vacunadas en locales de las grandes cadenas farmacéuticas de EUA. Hay estados con poca población urbana y mucha rural y dispersa. Pero se ha rectificado y la curva de vacunaciones se ha acelerado. El 7,1% de EUA supera con creces a todos los estados de Europa continental y solo es inferior entre países destacados en el 49,7% de Israel, 21% de los Emiratos Árabes Unidos y 11% del Reino Unido.
Ahora hay prisa para vacunarse. Biden anuncia que la media de vacunaciones diarias de 1 millón aumentará muy pronto a 1,5 millones.
También ha ordenado la compra de 200 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna. Pero no serán entregadas hasta junio. Incrementará las dosis entregadas semanalmente a los estados de 8,6 a 10 millones. Su objetivo de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros cien días de presidencia es realista. El haber vacunado a toda la población (300 millones) a finales del verano dependerá en parte de la evolución de las mutaciones de Covid-19 de Brasil y Sudáfrica y de la aprobación de su paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares en el Congreso.
Perspectivas para el paquete de estímulo
El paquete de estímulo Covid-19 de Biden incluye ayudas directas a individuos (cheques de 1.400 dólares), ampliación de las subvenciones de desempleo, moratorias o reducciones en el pago de hipotecas, alquileres y deuda universitaria (también según ingresos), financiación para el sector sanitario y para las arcas de los estados y municipios. Hay que tener en cuenta que muchos estados y condados desde hace meses ya prohíben desahucios por impago de alquiler.
Aunque se ha aplazado el impeachment de Trump hasta el 9 de febrero, a Biden le costará que el Congreso apruebe su paquete de estímulo en febrero. Ya acepta que tendrá que negociar a la baja la cifra de 1,9 billones. Desde marzo de 2020 el gobierno y el Congreso han autorizado paquetes de estímulo de un total de 4 billones, una deuda que tendrán que pagar las generaciones futuras. En el Senado los Demócratas tienen una mayoría de un solo voto (51 a 50), el de la vicepresidenta Kamala Harris. La gran mayoría de Republicanos se opondrá a la magnitud y muchas medidas del paquete. Aun senadores demócratas de estados conservadores no son partidarios a la subida del salario mínimo por hora federal de 7,25 a 15 dólares de aquí en 2025.
Se acabará aprobando un paquete porque los Republicanos no pueden bloquear medidas para ayudar a la población. Pero será de dimensión más pequeña y con muchos más condicionantes.
¿Son realistas los plazos del Green New Deal de Biden?
El tercer gran objetivo inicial del presidente Joe Biden es la aprobación por parte del Congreso de 1,7 billones de dólares en inversiones federales para la próxima década para convertir los EUA en líderes en la fabricación y exportación de tecnologías y energías limpias, creando así millones de puestos de trabajo bien remunerados.
El Green New Deal de Biden pretende que esta inversión sea complementada por 5 billones del sector privado y de los estados. Estos fondos permitirían reconstruir y renovar las envejecidas infraestructuras de transporte, energéticas, edificios y escuelas para protegerlas del impacto del cambio climático. La aspiración de eliminar completamente las emisiones de gases invernadero en 2050 es la misma que se ha fijado la UE. Uno de los objetivos de Biden es que en 2030 haya 550.000 estaciones de cargamento para vehículos eléctricos. Reincorporarse al tratado de París y derogar la eliminación de algunas regulaciones medioambientales decretadas por Donald Trump es relativamente rápido. También ha suprimido las subvenciones federales para los productores de petróleo y gas natural y prohibir nuevas exploraciones en terrenos y aguas federales.
Pero el deseo de 1,7 billones de dólares topará nuevamente con la oposición republicana en el Senado. También hay senadores demócratas (Joe Manchin de Virginia occidental) de estados productores de carbón que no votarán por el Green New Deal en su forma actual. La supervivencia política de Manchin y otros senadores depende del mantenimiento de la producción de carbón. Biden cuenta con el apoyo de la gran patronal de EUA y també de las multinacionales petroleras como BP, ExxonMobil o Chevron. Pero pedir a la población transformaciones sustanciales a corto plazo en sus viviendas y transporte es muy arriesgado.
Los Estados Unidos han conseguido la independencia energética al ser el primer productor mundial de petróleo y gas natural. El ciudadano medio no quiere pagar más por la gasolina ni se puede comprar un Tesla. Los Republicanos ya emiten anuncios de trabajadores que han perdido su trabajo por la anulación de la finalización del gasoducto Keystone XL proveniente de Canadá. Biden deberá rebajar las pretensiones de su Green New Deal. De hecho, no ha adoptado la medida que reclaman los activistas medioambientales: una prohibición del uso del fracking en terrenos y aguas federales. Durante los últimos meses de 2020 cientos de empresas obtuvieron 3.000 permisos para exploración en tierras o aguas federales, y algunos tienen una vigencia de 7 a 10 años. Estados gobernados por el partido Demócrata como California, Nuevo México, Colorado y Pensilvania son productores destacados de hidrocarburos. Cambiar la realidad energética de un país tan complejo como los EUA requerirá más tiempo.
