“De África, morenos, no quiere …”. Con esta sentencia una agente inmobiliaria hacía fuera de la oficina de Servi-grup situada en la avenida de Montserrat número 15 de la localidad de Pineda de Mar a dos posibles inquilinos. Que el propietario es quien manda y que si él no quiere extranjeros no se puede hacer nada. Esta era la argumentación que les dio la agente a Fikri El Azram y su compañera cuando se disponían a visitar un piso de la localidad después de haber concertado una cita. «Lo debería poner en el anuncio», exigió Fikri, «ponga que no se admiten o que los extranjeros están prohibidos y nos habríamos ahorrado venir hasta aquí».
Durante el transcurso de la conversación, Fikri pudo encender la cámara del teléfono móvil para sostener la denuncia que pondrían más adelante [Parte del cual se puede ver en su cuenta de twitter]. En darse cuenta y al oír que los denunciarían, la agente no dudó en decir abiertamente: «eres malo», «no te daré ningún nombre» y afirmó que «esto no es racismo».
“No alquilamos pisos a los marroquíes, ni morenos ni negros” esta es la respuesta que mi ha dado hoy el día 11 de enero 2021 una señora de la agencia inmobiliaria SERVI GRUP ubicada en avenida Montserrat número 15 en Pineda de Mar#Racismo #Espana #Catalunya #Negros pic.twitter.com/hzKc44eKRd
— Fikri El Azrak (@FikriAzrak) January 11, 2021
Pero las frases que se oyen en las imágenes no parecen indicar esto y Fikri no dudó en interponer una queja en el ayuntamiento de Pineda de Mar «en relación con una actitud racista por parte de una inmobiliaria». La respuesta del consistorio fue: «dado que los hechos descritos pueden suponer una infracción administrativa, tiene la opción de presentar una denuncia en la Agencia Catalana del Consumo, mediante el formulario que encontrará en el siguiente enlace: http://consum.gencat.cat/es/consultes-i-reclamacions/queja-o-denuncia/». Y que esperaban que la información fuera «de utilidad».
Según datos recogidos en el último informe de SOS Racismo sobre El estado del racismo en Catalunya con fecha de 2019, un 21% de los casos de discriminación en el acceso a los derechos sociales responden a vulneraciones del derecho de acceso a la vivienda. Estos datos se sustentan sobre casos reales recogidos por el Servicio de Atención y Denuncia (SAID). Aparte, un 55% de los casos entre particulares, la tipología de racismo más denunciada en 2019 en el SAID, se producen dentro de la escalera de vecinos.
Desde SOS Racismo afirman que «los casos de racismo en el ámbito de la vivienda no son conflictos puntuales, sino que existe una omisión sistemática de los deberes de las administraciones y unas prácticas discriminatorias normalizadas de agencias inmobiliarias, propietarios y vecinos que obstaculizan el acceso y el disfrute de un derecho básico a las personas migrantes y racializadas como no blancas». Esto ocurre porque a su entender el estado delega el derecho de la vivienda a actores privados que no garantizan ni el uso social ni el principio de no discriminación: el interés económico pasa por encima de la lógica de protección social. Y así, lo que termina pasando, dicen, es que aunque el marco legal reconoce claramente el derecho a acceder y a vivir en una vivienda sin sufrir situaciones de discriminación ni acoso, «la inacción de la administración precariza y vacía de significado este derecho».
Así, Fikri, además de dirigirse al ayuntamiento de la localidad de la inmobiliaria también se dirigió a SOS Racismo quien ha cogido su caso y está interponiendo las denuncias correspondientes en relación con la ley del derecho a la vivienda y para que se abra un proceso sancionador hacia la agencia.
La vivienda como derecho y no como producto
Gemma Ferreón, miembro de SOS Racismo, nos cuenta que este es un caso de los muchos que les llegan a la entidad. Añade que hay racismo en el acceso pero también en el disfrute de la vivienda, que en este caso es el ejercicio al derecho. «Muchas veces lo que hace la administración es derivar a las agencias de consumo, pero debe quedar claro que este no es un problema de oferta y demanda, es un problema de derechos», denuncia Ferreón. Así, la administración debería actuar tanto con la agencia inmobiliaria como con el propietario porque ambos estarían vulnerando un derecho, no es un tema de consumo.
Ahora bien, aparte de exigir medidas a las administraciones correspondientes de todos los niveles, ¿se les puede obligar a sancionar o a cambiar los mecanismos de venta en las agencias? En este sentido, Ferreón nos comenta que el objetivo de estas denuncias es que la administración se posicione y comience a actuar «porque nos encontramos que deriva a las agencias de consumo como si fuera un producto». Más que nada, al entender de SOS Racismo y de acuerdo con la lectura legal del tema, es que es «trabajo de las administraciones reconocer el racismo dentro de estos sectores privados y aplicar la ley de manera efectiva».
Respondiendo a la pregunta, Ferreón ve que «el problema pues no es que no haya jurisdicción, el problema es que no se aplica» y esto hace que los casos de discriminaciones dentro del acceso a la vivienda se queden con toda la impunidad.
Esto, en un contexto donde el derecho a la vivienda está reconocido en múltiples textos normativos de carácter internacional, estatal y autonómico. En concreto en Catalunya, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda establece que las administraciones deben “promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho a la vivienda, mediante el establecimiento de medidas de acción positiva en favor de colectivos vulnerables y de la penalización de conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda” y manifiesta claramente que “todas las personas deben poder acceder a una vivienda y ocuparla, siempre que cumplan los requerimientos legales y contractuales aplicables a cada relación jurídica, sin sufrir discriminaciones, directas o indirectas, ni acoso”.
Es trabajo de las administraciones reconocer el racismo dentro de los sectores privados como el inmobiliario y aplicar la ley de manera efectiva
Barcelona ve evidencias de discriminación racista en el acceso a la vivienda
Un estudio del Ajuntament de Barcelona, en el marco del Observatorio de las Discriminaciones de Barcelona, demuestra que el racismo inmobiliario existe, que es una práctica sistémica. El estudio envió mil solicitudes a 500 anuncios de portales inmobiliarios, una mitad firmadas por nombres de origen autóctono y la otra mitad, con nombres de origen árabe. Las conclusiones muestran que, mientras que el 56,6% de las peticiones enviadas bajo un nombre autóctono reciben respuesta, cuando quien lo envía es un nombre árabe, la tasa de respuesta se reduce el 37,8%. Para entenderlo de manera más simple, por cada 10 solicitudes enviadas, las solicitudes de autóctonos reciben 6 respuestas, y las solicitudes de árabes 4. La discriminación también persiste en el ofrecimiento de hacer una visita a la vivienda. Por cada dos respuestas a nombres autóctonos que ofrecen una cita, sólo hay una para personas con un nombre de origen árabe. El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, explicaba entonces que “por primera vez, con datos objetivos, científicos, hemos probado que existe esta discriminación, ya incluso en el primer momento de pedir información para poderlo visitar, sólo por tener un nombre de origen árabe”.
Aparte de recibir menos respuestas, también las reciben referentes a pisos más caros. Es decir, los resultados del estudio también permiten concluir que la discriminación por origen también va acompañada de un sesgo de clase social, ya que la población de origen árabe sufriría más discriminación para acceder a viviendas con rentas más bajas. El precio medio de los anuncios que responden solicitudes de nombres de origen árabe es de 1.384,27 euros, 108,28 euros más caro que los anuncios que responden solicitudes de nombres autóctonos, de 1.275,99 euros. Esta diferencia se acentúa al observar el precio medio de los anuncios que sólo responden a solicitudes firmadas por nombres autóctonos. En estos casos, la renta baja aún más, hasta 1.093 euros, casi 300 euros menos que el precio medio de los pisos a los que podría optar la población con nombres de origen árabe.
Gemma Ferreón señala con este estudio la necesidad de empezar a ver el acceso a la vivienda como un derecho, «que no se puede usar la excusa que son productos privados para no actuar». Además, dado que contabilizar los datos de las personas que sufren estas situaciones es muy complicado por el bajo índice de denuncia, es necesario que sean los organismos públicos quienes lo detengan. «Nos encontramos que muchas personas que son discriminadas o que sufren este tipo de racismo se encuentran en situación administrativa irregular o están en situaciones de especial vulnerabilidad… Y al final quien denuncia es quien puede», declara Ferreón quien también apunta que la única solución es poner facilidades para que la gente denuncie independientemente de su situación económica. Muchas de las personas que viven estas situaciones tienen la necesidad urgente de encontrar una vivienda y no tienen tiempo de hacer todo este proceso de denuncia que ha iniciado Fikri El Azram. Un proceso de denuncia que siempre es complicado, es largo, y cuesta, ya que la misma persona que sufre estas violencias, como bien saben desde SOS Racismo y el Servicio de Atención y Denuncia para víctimas de racismo y xenofobia (SAID) que opera desde 1992, no tiene ganas de recrear la situación y lo que quiere es encontrar un lugar.
De hecho, como recogíamos ya al inicio de este artículo, el informe de El estado del racismo en Catalunya de 2019 destacaba sobre las discriminaciones en el acceso a la vivienda la inefectividad de las respuestas: hay instrumentos, pero no se aplican. Y es que la vía penal es muy complicada porque la carga de la prueba exige que se den una serie de circunstancias que demuestren los hechos y su motivación. Otra opción, regulada en la ley catalana de la vivienda, es la denuncia administrativa que prevé, entre otras, la posibilidad de sancionar las agencias inmobiliarias que discriminan. Pero también reconocen en el informe que no se está consiguiendo que inicien estos procedimientos, el órgano competente no interviene y se aplica una perspectiva de consumo y no de derecho.
Nos encontramos que muchas personas que son discriminadas o que sufren este tipo de racismo se encuentran en situación administrativa irregular o están en situaciones de especial vulnerabilidad… Y al final quien denuncia es quien puede
A menos reconocimiento, menos calidad en la vivienda
Y es que los casos que las entidades han ido recogiendo son múltiples y diversos, pero todos coinciden en que una nueva barrera para conseguir una vivienda digna es un imaginario social que atribuye a las familias racializadas y migrantes características como la insolvencia económica, comportamientos depredadores o comportamientos incívicos. De hecho, el discurso mediático, que criminaliza las ocupaciones y las condiciones de infravivienda, alimenta y perpetúa este imaginario racista.
En este sentido Ferreón explica que muchas veces al final donde pueden acceder las personas migrantes son pisos en condiciones muy precarias y que probablemente nadie más quiere y también en barrios especialmente degradados, siendo esto también una de las causas de las segregaciones. «Esto no sólo les pasa a los migrantes, también a las personas racializadas o hijos de migrantes», añade. Y es que cuestiones como la solvencia, posibles actitudes cívicas o incívicas o el perfil creado en general, juega en contra a la hora de buscar alquiler «y te piden muchas más cosas que a las personas nacidas aquí pero blancas…». «Todo el aparato racista juega en contra de todas las personas racializadas no blancas y esto es un hecho y no son hechos aislados», concluye Ferreón, quien lo ha vivido en su propia piel.
