A finales de la legislatura llega una de sus medidas más importantes en política educativa y la principal de las que estaban previstas en el Pacto contra la Segregación Escolar, según reconocen desde el Departamento de Educación. El Gobierno en funciones ha aprobado esta mañana un decreto que se esperaba desde hacía mucho tiempo, ya que el Pacto se aprobó en marzo de 2019 y ya entonces se anunciaba como prioritario este decreto. A comienzos de 2020, el decreto comenzó su trámite administrativo, con un aluvión de alegaciones de la escuela concertada y otros agentes, pero se esperaba que su aprobación llegara coincidiendo con el final de curso. La pandemia dinamitó todas las previsiones. finalmente, hoy ha visto la luz el “Decreto de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servicio de Educación de Catalunya”.
La primera gran novedad del decreto es que cambia la forma en que se programará la oferta de plazas escolares del servicio de educación de Catalunya, es decir, de la escuela pública y de la concertada. Ahora será el Departamento de Educación quien programe toda la oferta, una eventualidad ya prevista por la LEC, a partir de las propuestas que presenten las tablas locales de planificación, un ente que ya existía en algunos casos y que a partir de ahora es de obligada creación en los municipios de más de 10.000 habitantes. Este era uno de los puntos que más enojó las patronales de la concertada, ya que consideraban que contravenía la legislación estatal y las ponía en riesgo de extinción. Según fuentes del Departament, sin embargo, en los meses que han pasado desde que se presentaron las alegaciones se han acercado posiciones con estas patronales, a les que se han dado garantías de que no se trata de una maniobra encubierta para ir vaciando sus aulas.
Al contrario, según estas fuentes, la escuela concertada obtiene el reconocimiento explícito de su infrafinanciación, lo que se traduce en un incremento del módulo que paga la administración para la escolarización de alumnos vulnerables por causa socioeconómica, una medida con la se espera incentivar una mayor presencia de alumnado con pocos recursos en los centros concertados, o al menos recompensar los centros que tienen más. El decreto prevé una inversión de 162 millones de euros en los próximos cinco cursos por estos módulos, de los cuales 92 serán para centros públicos, que por primera vez recibirán también una dotación económica extra cuando tengan una composición social muy desequilibrada, y 70 millones para la escuela concertada. De los 452 euros que hasta ahora recibían los centros por cada alumno vulnerable por causa socioeconómica (solo cuando tienen un mínimo del 10% de alumnos vulnerables) se pasa este mismo curso a 980, mientras que en el caso de la pública este incremento será progresivo, hasta alcanzar los 621 euros. Son cifras que salen del Estudio sobre el Coste de la Plaza Escolar, surgido también del Pacto contra la Segregación y presentado el mes de junio de 2020.
Junto con las mesas locales de planificación, también ganan más protagonismo en la planificación de la oferta las OME (Oficina Municipal de Escolarización) y las comisiones de garantías de admisión, con lo cual, afirman desde el Departament, se promueve una política de participación y corresponsabilidad de todos los agentes involucrados en la educación, y muy especialmente de los ayuntamientos.
Sobreoferta y matrícula viva
El decreto, sin embargo, entra en muchos más aspectos de qué considera que están en el origen de las dinámicas segregadoras. Por ejemplo, se prevé la posibilidad de que en una zona educativa (los ayuntamientos deben decidir sus zonas educativas de acuerdo con una serie de criterios) todos sus centros reduzcan el número máximo de alumnos por grupo. La finalidad de esta medida es evitar situaciones de sobreoferta y que la matrícula viva no se concentre, como ocurre siempre, en aquellos centros que han tenido menor demanda durante el periodo de preinscripciones escolares. En otro apartado del decreto se regula que cualquier alumno de una escuela pública tenga garantizada una plaza en alguno de los institutos que tiene adscritas, y que en estos casos ni siquiera haga falta hacer una preinscripción para obtener plaza de 1º de ESO. Hasta ahora, el hecho de venir de un centro adscrito daba prioridad, pero no la garantía absoluta de obtener plaza.
El decreto también establece la posibilidad de determinar la proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro, si bien se entiende que esta proporción no será uniforme para todo el país, sino que variará en función de las condiciones sociales de cada zona educativa. También las mesas locales de planificación deben crear unidades de detección de alumnado con necesidades educativas específicas. La administración educativa y los expertos consideran que hay una infradetección y que esto también contribuye a que se acaben concentrando en determinados centros o que éstos tengan muchas dificultades financieras; de hecho, desde el Departament se apunta que la actual cifra de 60.000-70.000 debe pasar en pocos años a más de 215.0000, que es la que darían las estimaciones demográficas.
Otra medida: los centros que están en proceso de “desagregación” (por ejemplo, que forman parte de un programa Magnet), se ha previsto la posibilidad de aceptar solicitudes de preinscripción colectivas, es decir, que un grupo de familias de una guardería hay matriculara a sus hijos con la garantía de que todos aquellos niños podrían continuar juntos en P3.
Nuevos baremos de puntuación
Muchas de estas medidas entrarán en vigor a partir de la misma publicación del decreto, pero hay otros que, por motivos diversos, no lo podrán hacer hasta el curso 2022/23. Por ejemplo, hay un periodo transitorio para constituir las mesas locales de planificación o para poder garantizar la adscripción directa de primaria a secundaria. Otra de estas novedades que tardarán un curso a hacerse efectivas son los nuevos baremos de puntuación, que dan prioridad a unos alumnos sobre otros cuando un centro tiene menos vacantes que demanda. El decreto define unos nueve baremos, pero para implementarlos hay que modificar todo el aplicativo informático, por lo que el Departament descarta que se pueda llegar al periodo de preinscripciones de este mes de marzo.
A partir de ahora, los criterios prioritarios serán:
- La existencia de hermanos matriculados en el centro: 50 puntos. En el anterior decreto de 2007, que se aplica actualmente, supone 40 puntos.
- La proximidad del domicilio del alumno o alumna del centro o, en su caso, la proximidad del lugar de trabajo del padre, madre o tutor, guardador o guardadora de hecho, o del alumno o alumna que sea mayor de edad: entre 30 y 10 puntos. Al igual que en el anterior Decreto.
- La renta per cápita de la unidad familiar, teniendo en cuenta las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias que tengan la condición de familia numerosa: 15 puntos. Actualmente, 10 puntos.
- El expediente académico, en el caso del bachillerato: hasta 10. Actualmente se le asignan los puntos correspondientes a la nota media.
Criterios complementarios:
- Que el padre, madre o tutor legal trabaje en el centro: 10 puntos. Ahora es un criterio prioritario que otorga 40 puntos.
- La condición de familia numerosa: 10 puntos. Actualmente, 15 puntos.
- Que el alumno haya nacido de parto múltiple: 10 puntos. Se trata de un nuevo criterio.
- La condición de familia monoparental: 10 puntos. A fecha de hoy otorga 15 puntos.
- La situación de acogida familiar del alumno o alumna: 10 puntos. Se trata de un nuevo criterio no previsto en el anterior decreto.
- La concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en su padre, madre, hermanos y hermanas: 15 puntos. Actualmente, 10 puntos como criterio prioritario.
- La condición de víctima de violencia de género o de terrorismo, acreditada de acuerdo con el régimen regulador: 10 puntos. También es un nuevo criterio.
La segregación baja a paso de caracol
Auer por la tarde, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, se desplazó a la sede del Síndic de Greuges para presentar el decreto ante la comisión de seguimiento del Pacto contra la Segregación Escolar. Bargalló lo calificó de “gran paso adelante en la lucha por la equidad” y la definió como “un decreto que reconoce la diversidad, que entiende la educación como un elemento clave para la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que apuesta por la corresponsabilidad con el mundo local”.
Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recordado que la aprobación del decreto estaba pendiente desde la publicación del primer informe contra la segregación escolar, que data de 2008, y se ha felicitado porque la nueva norma “incorpora las principales recomendaciones hechas en el marco de los trabajos del Pacto contra la segregación escolar, y más concretamente en el documento Propuestas para un nuevo decreto y para nuevos protocolos de actuación, presentado el 4 de noviembre de 2019“.
El Síndic destaca en un comunicado que el decreto supone una mejora en la detección del alumnado con necesidades educativas específicas y amplía los supuestos para esta consideración. También considera muy importante el hecho de que establezca una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por zona educativa, las medidas para promover la escolarización de alumnado socialmente favorecido en centros de alta complejidad o la misma creación de las zonas educativas, de composición heterogénea, como unidades de gestión del proceso de planificación y admisión del alumnado.
También destaca el Síndic que a lo largo de la última década, los niveles de segregación escolar han tendido a disminuir, si bien a un ritmo tan lento que harían falta dos décadas para alcanzar lo que se considera un nivel bajo de los índices de disimilitud (proporción de alumnado que debería cambiar de centro para conseguir una distribución igualitaria). El curso 2011/2012, este índice se situaba en el 0,47 (lo que quiere decir que prácticamente habría hecho falta cambiar la mitad del alumnado de centro) mientras que el curso 2019/20 había bajado al 0,41. El objetivo es que el índice de disimilitud baje del 0,3.
