La muy probable aprobación en el Senado de la Ley de regulación de la eutanasia en los próximos meses introduce el derecho de las personas a solicitar una intervención que provoque la muerte. En el texto que se está tramitando se contempla esta opción en caso de sufrir una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitando, certificada por el médico responsable.
La ley se fundamenta en la compatibilidad de derechos reconocidos en la Constitución como son el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, la dignidad, la libertad o la autonomía personal. El texto destaca este último derecho cuando reconoce la valoración subjetiva de la persona enferma por considerar aceptable o no un determinado sufrimiento. No es a los profesionales o a los datos objetivos de enfermedad, sino a la misma persona a la que se reconoce el derecho de decidir en función de sus valores. Porque el debate, la aceptación y la legislación de este asunto no corresponde a los profesionales, sino a la ciudadanía.
Con la tramitación de la ley se ha precipitado el debate que hace tiempo que se está haciendo desde diversos organismos del campo de la bioética, en el que hay opiniones heterogéneas, y se han expresado posicionamientos diferentes. Así, el Comité de Bioética de España se opone a la despenalización y regulación de la eutanasia y contrapone como alternativa un mayor desarrollo de los cuidados paliativos. Lo argumenta de este modo: “El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión, y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz”.
No todo el mundo lo ve de la misma manera. El grupo de ética de la CAMFIC opina que es falsa la dicotomía entre eutanasia y cuidados paliativos. Según dicen, estas deben formar parte del proceso asistencial de muchas patologías y deben ser contempladas por los profesionales sanitarios, pero no resuelven todas las situaciones y demandas de los pacientes.
En un muy recomendable documento de la Comisión sociosanitaria de los Comités de Ética de Euskadi se profundiza en el debate sobre el supuesto dilema eutanasia-cuidados paliativos, que cree basado en el posicionamiento previo de oposición a la despenalización de la práctica eutanásica y del suicidio asistido. Se afirma que hay una compatibilidad, no oposición, entre las dos prácticas, que tienen como objetivo, ambas, afrontar y aliviar el sufrimiento. En muchos casos será suficiente la atención paliativa, y en otros, una pequeña parte, el alivio vendrá de la mano de la eutanasia en un contexto de cuidados paliativos de calidad y de un adecuado apoyo social.
La experiencia en otros países nos dice que en Canadá, por ejemplo, el 82% de solicitantes de ayuda para morir habían recibido previamente una adecuada atención paliativa, pero lo habían rechazado un 13% de los solicitantes. Una opción y la otra responden a necesidades diferentes, entendiendo por necesidades las referidas a todas las dimensiones y valoraciones personales. ¿Quién puede tener una mejor opinión sobre el sufrimiento que quien lo tiene? Podemos otorgarnos los profesionales una superioridad moral en el momento que una persona en plenitud de capacidades decide sobre su vida y su muerte? ¿Podemos oponer una sedación paliativa a la voluntad de morir de manera consciente?
Estas preguntas nos dirigen a plantearnos los fines de la medicina. Hace años que el informe Hastings se situó en aliviar el sufrimiento más que en curar la enfermedad. Pero la profesión que vive con el imperativo tecnocrático, que entiende la muerte como un fracaso y a menudo no escucha el paciente ni lo mira a los ojos, se resiste a ser penetrada por estos valores. Acercarnos con una actitud de cuidado a las personas en situación de final de vida es un reto para el sistema sanitario en su conjunto y por los profesionales a escala individual.
La ayuda a morir y la atención paliativa son complementarias, no contrarias. La ley de regulación de la eutanasia no quita la necesidad de desarrollar cuidados paliativos de calidad, accesibles y equitativos que puedan ser asumidos por los profesionales sanitarios de forma habitual. Quizás los médicos deben reformular su compromiso con el paciente, pasar de la dicotomía curar-no curar a un planteamiento de acompañamiento y ayuda en todas las fases de la enfermedad. Compromiso que interpela de manera especial a quien afronta con frecuencia situaciones de final de vida. Poco a poco, la atención paliativa se ha sustraído a la práctica médica habitual y se ha asignado a unidades especializadas, con carácter exclusivo según algunas interpretaciones. Promovida por las administraciones, de una manera u otra, se ha ido instalando la creencia y el hábito que, cuando no es posible aplicar más tratamientos y la enfermedad llega a su fin, dejan de intervenir los servicios que lo hacían hasta entonces para transmitir la atención a unidades especializadas en paliación. Es lo que ocurre en los servicios de oncología, cuando se han agotado las líneas terapéuticas disponibles o los ensayos clínicos a ofrecer. También ocurre en otros ámbitos asistenciales, como la atención primaria, que a veces se desentiende de los pacientes en el final de vida.
Quizás si la relación médico-paciente se centrara más en el cuidado de las personas que en la enfermedad y acogiera las vivencias, los valores y las preferencias de cada uno, se estaría en condiciones de reconocer y ofrecer la mejor opción para cada situación. Quizás en un contexto que considerara los factores sociales como elementos que inciden en las experiencias vitales de la salud y la enfermedad, se entendería mejor una medicina que se oriente al bienestar de las personas, también en morir. Quizás si la medicina actual fuera más compasiva, menos arrogante y menos agresiva, morir bien sería más fácil que no es ahora.
