La contaminación y los residuos que colaboran son un tema que poco a poco va ocupando portadas de periódico, pero todavía no se consigue que esta importancia traspase a las prácticas institucionales. Así lo ven como mínimo hasta 16 organizaciones que tras analizar durante años la normativa española y confrontarse con ellos, han decidido denunciar las instituciones españolas por su gestión de los residuos ante la Comisión Europea.
“Todas las prospecciones sobre la preparación para la reutilización y reciclaje 2020 obligan a pensar que en España no cumplirá los objetivos establecidos por la Directiva 2008/98/CE”, dice la denuncia presentada por este grupo de colectivos. Es decir, no confían en que nada cambie a pesar de estar ante una situación extraordinaria.
Como explica Julio Barea, miembro de Greenpeace, ahora estamos ante un proceso legislativo muy importante que es la aprobación antes del mes de julio de una nueva ley de residuos que transponga diferentes directivas europeas, una de ellas es la famosa directiva sobre los objetos de plástico de un solo uso. Barea dice que hoy por hoy el texto que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene sobre la mesa les generan varias dudas y creen que hay que mejorarlo muchísimo antes de que éste pase al Consejo de Ministros, que este lo eleve a las cortes y comience entonces el debate parlamentario con las pertinentes enmiendas de los grupos, etc.
“Creemos que se están relajante porque el texto que nos han presentado, y que de hecho hicieron público para todos, lo vemos muy flojo, siendo benevolentes…”, apunta Barea, que añade que “de nuevo se está claudicando a los intereses de la industria”. Señala así el caso de la empresa Ecoembes a quien el estado está haciendo demasiadas concesiones a su entender. “En el año 2011 con la última ley, la que tenemos ahora, pasó lo mismo. Ecoembes y la industria formaron un lobbie brutal y al final la ley dejó fuera muchas cosas que deberían haber entrado. Hemos perdido 10 años y nos encontramos en la misma tesitura”, denuncia en nombre de Greenpeace.
Y es en este sentido ante esta oportunidad y al mismo tiempo ante este peligro que hasta 16 entidades se han coordinado para denunciar el estado español. Entre ellas, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), Clean Ocean Project, Estratègia Catalana Residu Zero, Ecologistas en Acción, Greenpeace o Rezero. Según las entidades, y como nos explica Barea, “por ejemplo Ecoembes no está haciendo nada bien su trabajo, pero parte de los incumplimientos que está haciendo los hace porque España le deja. Al final es el reino de España el que ha delegado o ha autorizado o ha dejado que sea Ecoembes quien gestione los residuos de plástico y Ecovidrio los de vidrio y no los está cuestionando”.
Según los últimos datos presentados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reciclaje de residuos municipales en España se situaba en el 35% en 2018. Y, no solo esta cifra insuficiente ha empeorado en los últimos años, sino que además el estado español no ha puesto en marcha ninguna de las políticas que la Comisión Europea le ha ido recomendando en los últimos años para alcanzar el objetivo del 50% en 2020. “Resulta evidente que el incumplimiento es un síntoma claro de la ineficiente gestión de los residuos en España”, sentenciaron los denunciantes.
Baleares, Navarra y Catalunya a medias entre Europa y España
Las dos legislaciones más avanzadas a nivel estatal son las de Baleares y Navarra. Catalunya, según nos cuenta Barea, “está a punto de sacar un texto bastante bueno”. Según apuntan, es de las comunidades que mejor están gestionando los residuos, pero esto no quiere decir que esté bien, ya que como dice Barea: “ni siquiera llega a la mitad de lo que deberían estar haciendo… Imagina el resto del estado!”. Y es que en este sentido, si bien hay territorios como Catalunya, Navarra o Baleares que han hecho una apuesta por impulsar medidas concretas de prevención y gestión de los residuos, estas siguen incumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea y “se ven arrastrados por un estado español inmóvil”.
Algunos de los avances de estas comunidades serían por ejemplo que por primera vez una administración autonómica daba un paso adelante aportando datos reales del territorio rompiendo así de forma esperanzadora con la opacidad del sistema oficial de recuento de datos que las entidades denuncian. Es el caso de Baleares que a través de su Gobierno hizo público un informe propio donde se constataba el incumplimiento de los objetivos de prevención reciclaje y reutilización. Y eso en una situación donde el 25% de nuestra bolsa de basura son plásticos. Barea destaca aquí que hay más fracciones en la basura, como la materia orgánica que representa casi el 40% y si bien no se recicla correctamente, no la vemos “por allí lanzada”.
Un estudio encargado por Zero Waste Europe demuestra que en España solo se reciclan el 21,5% de los briks para bebidas, dato sustancialmente inferior al oficial y, además, increíblemente menor a la tasa del 80% que establece la Asociación de Envases de cartón para bebidas y Medio Ambiente (ACE, por sus siglas en inglés), y la tasa de recogida del 51,2%.
La reutilización, clave que no se practica para la buena gestión de los residuos
En este sentido, y a partir de los datos que sustentan el argumentario de las entidades ecologistas, el reciclaje tal como se sigue planteando ni alcanza los objetivos ni supone una recuperación de materiales de calidad. Para ellos, “el reciclaje, por sí solo, solo forma parte de un discurso obsoleto que no salvará el planeta ni a nuestras comunidades”.
Así, aprovechando la nueva ley que el gobierno estatal tiene entre manos las entidades lanzan un grito desesperado y señalan que hay mucho que mejorar y hacer. Ante lo que es una oportunidad para solucionar un tema crucial, Barea apunta que estamos hablando de otra pandemia: “la pandemia de contaminación por residuos de plástico y de más”, ya que como señala, no pasa un día que los científicos no digan que hay plásticos en las placentas de las mujeres embarazadas o que comamos y bebamos plástico. No dudan en denunciar que son el actual gobierno y sus antecesores, y ante una emergencia climática sin precedentes, quienes permiten recurrentemente, a pesar de las advertencias y recomendaciones europeas, que la ciudadanía de todas las regiones de España, sufran las consecuencias de la ineficiente gestión de los residuos.
“En 2011 [con la última ley] las empresas podían disimularlo, no era tan evidente el problema aunque ya estaba, pero ahora ya no podemos volver a perder 10 años”, remarca Barea. Y pide así que el Gobierno, el Ministerio pertinente, realmente legisle y desarrolle una ley más potente que la de Baleares o Navarra o la futura de Catalunya. Defiende que es necesario tener alguien decidido a la cabeza, que lleve las políticas y la sociedad a una escena de verdad de economía circular. Y vuelve aquí a defender que no se puede vivir a base de envases de un solo uso, que debemos pasar a materiales 100% reutilizables. Pero, ¿qué pasa ante esto? Que en el texto, en el borrador del decreto ley, no hay nada escrito sobre los reutilizables. Una muestra claramente, para Barea, de la presión que ejerce la industria en no querer que haya un sistema de retorno de envases.
En conclusión, las entidades en su denuncia a la Comisión Europea defendían que ante la emergencia climática, es prioritario cambiar el rumbo hacia la reutilización. Como argumentario ante el reciclaje, comentan que supone un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, emite muchas menos emisiones de CO₂, es viable económicamente y crea un empleo local y diversificado. Esto lo demuestra tanto el informe reWINE sobre la viabilidad de reutilizar botellas de vidrio en el sector vitivinícola en Catalunya, como la práctica diaria de múltiples organizaciones, especialmente de la economía social y solidaria, que trabajan a favor de la reutilización. Lo hacen, sin embargo, “en condiciones más que insostenibles porque no hay una apuesta política y normativa a favor de la reutilización”.
Así, más allá de que la Comisión Europea haya admitido a trámite la denuncia y reivindicación de las entidades, éstas exigen un cambio de rumbo inmediato. En resumen, este giro de 180 grados implicaría transponer las nuevas directivas de residuos a través de una nueva Ley de Residuos participativa y ambiciosa, con herramientas que aseguren el cumplimiento obligatorio de los nuevos objetivos de reutilización y reciclaje.
