Con su pugna diaria, ERC y Junts logran tapar que Pere Aragonès no mencionó ni un solo logro de la acción del Govern en los casi diez años que lleva apoyándose o cogobernando juntos. Lejos de vender su hoja de servicios, sus discursos de investidura han sido una auto-enmienda a la totalidad. Y la gran paradoja es que su propuesta para el futuro es más de lo mismo.
Todos las y los analistas de la política catalana se preguntan cómo ERC y Junts van a gobernar llevándose como se llevan. La enemistad entre socios de gobierno no supondría mayor problema si las consejerías pudieran ser efectivas como silos independientes y sin el apoyo del president. Pero como no es el caso, siempre acaban cediendo a la tentación de impedir que el otro socio se apunte un tanto. Catalunya se ha colocado en la cola de España en energías renovables y guardó en un cajón el proyecto elaborado por el Departament d’Educació para potenciar el castellano y el inglés en la escuela solo y exclusivamente por la capacidad de ERC y Junts de bloquearse mutuamente desde áreas distintas del Govern.
Sin embargo, la atención mediática se centra en el intercambio de papeles habido en el eje nacional. Ahora es Junts quien incita a ERC a apretar a pesar de saber que su planteamiento es igualmente divisivos y sin posibilidad alguna de producir resultados tangibles. El debate post-procesista tampoco supondría mayor problema si no detrajera una gran cantidad de la energía necesaria para afrontar la crisis que atravesamos y si no sirviera para desviar el debate público lejos de la gestión efectiva del Govern.
La izquierda no nacionalista debe hacer lo posible por cambiar el foco del eje nacionalista al eje social. Y para hacerlo, el primer paso debe ser rebatir el que, tal como explicó Xavier Domènech en su libro Hegemonías (Akal, 2014) es el discurso hegemónico que el independentismo ha logrado difundir:
“En la narrativa establecida en este espacio, el gran problema de Catalunya no era el contexto de recortes de derechos sociales, ni siquiera la crisis provocada por el sistema financiero, sino el déficit fiscal. Y si ese era el problema, la solución no era otra que superar este déficit y, por tanto, cambiar la relación con España o, más sencillamente, superar esta relación.”
Como receta para superar la crisis causada por la pandemia, el independentismo vuelve a decir que sus proyectos nacional y social son “indisociables” argumentando que Catalunya sufre un déficit fiscal que hace imposible atender las necesidades sociales de los catalanes y las catalanas. Se trata de un mensaje, que se difunde, día tras otro, en los medios afines al nacionalismo catalán y que se da por cierto. Por ejemplo, Mònica Terribas preguntó a Ada Colau por qué no apoya el proyecto independentista, ya que la independencia produciría los recursos necesarios para atender su programa social.
Sin embargo, todo ello es falso y es rebatible con fuentes que gozan del crédito del votante más independentista. Si bien Oriol Junqueras ha dicho que una Catalunya independiente tendría “el superávit público mayor de Occidente”, Andreu Mas-Colell ha dicho que solamente dispondría de un “pequeño excedente” adicional asumiendo que todo continuara igual, es decir, sin marcha de empresas y sin la segura salida, aunque fuera por unos años, de la Unión Europea. Y si bien Junqueras ha reiterado que Catalunya paga mucho más y recibe mucho menos de lo que le corresponde, Mas-Colell ha dicho que “aproximadamente, Catalunya paga impuestos en proporción a su contribución al PIB y recibe en proporción a su población”.
En definitiva, es necesario que los partidos de la izquierda nacionalista, además de citar a Gramsci, lo apliquemos. Difícilmente conseguiremos centrar la atención en el eje social y que sea efectiva nuestra crítica de los gobiernos ERC/Junts sin dar la batalla del discurso hegemónico del nacionalismo catalán que con precisión describió Domènech.
