La guerra del agua: la multinacional Agbar contra Barcelona y otros municipios

Esta semana, conocíamos que la multinacional Agbar ha interpuesto una nueva demanda contra el gobierno municipal de Barcelona. Una nueva ofensiva judicial que se enmarca en la estrategia de determinados poderes económicos, que nunca han asumido la entrada de los Comunes en el Gobierno de la ciudad y que estaban acostumbrados a hacer y deshacer desde la opacidad, a mandar desde la sombra para continuar especulando haciendo enormes beneficios con un bien esencial de primera necesidad.

En este caso se trata de una denuncia sin fundamento jurídico que impugna todos los estudios y trabajos encargados por el Ayuntamiento relacionados con la gestión del agua, alegando que el Gobierno municipal no es competente en la materia. La recuperación de la gestión pública de este bien es una propuesta conocida y contemplada en el programa electoral de Barcelona en Comú, y los estudios para explorar la viabilidad jurídica y financiera de la medida están contemplados y previstos en los diferentes acuerdos de Gobierno municipal, así como en los acuerdos plenarios del Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Se trata de una ofensiva para intentar bloquear, por la vía judicial, una medida que ya se ha llevado a cabo a decenas de ciudades catalanas y centenares de ciudades en todo el mundo tan relevantes como París o Berlín.

La judicialización como práctica intimidatoria de Agbar

Esta ofensiva no es exclusiva de la ciudad de Barcelona. Es una práctica común de Agbar y que aplica a otros municipios. Hace unos días, 25 municipios comunicaban que habían recibido denuncias por parte de Agbar con el mismo objetivo. Esta práctica ha supuesto decenas de contenciosos. Veintidós solo en Barcelona y la AMB. Por ejemplo, impugnaron la designación de un comisionado en el Ayuntamiento de Terrassa, una figura que se creó con el propósito de estudiar la remunicipalización del agua en el municipio de Terrassa.

Y es que la estrategia de Agbar pasa por judicializarlo todo: los estudios, las tarifas, las inversiones, los reglamentos, etc. De este modo se bloquea y se debilita la capacidad de la administración de obtener conocimiento sobre un servicio del cual es titular. Información que una administración pública tiene que poder disponer antes de emprender las acciones que considere pertinentes, relacionadas con la gestión y el futuro del servicio.

Una judicialización que también se ha extendido a los mecanismos de participación ciudadana de los que se ha dotado el Ayuntamiento de Barcelona. Así, se han interpuesto diferentes contenciosos contra la consulta ciudadana que se quería celebrar en Barcelona y que pretendía elevar a debate público y democrático la gestión de este servicio.

Además, para muchos municipios con pocos recursos, se les hace muy difícil afrontar esta avalancha de contenciosos por parte de la multinacional. Pero no se quedan sólo aquí sino que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, intentaron interponer dos querellas a cargos electos y funcionarios por el trabajo realizado. Querellas que no prosperaron. Todo ello genera un clima de presión sobre los trabajadores públicos, los cuales pueden llegar a sentirse intimidados en el desarrollo de su tarea.

Conclusión

Agbar está intentando frenar el debate democrático sobre la gestión del agua, no solo en Barcelona sino en toda Cataluña. Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes puedan decidir libre y democráticamente sobre un derecho básico como es el agua. Un debate que sí que se ha producido y se está produciendo en países de todo el mundo. Recuperar la gestión pública del agua como ha hecho París, Berlín o Budapest en manos de una multinacional que tiene como objetivo especular y hacer grandes beneficios a partir de un bien de primera necesidad, no es ningún delito. Es una cuestión de salud democrática que todo el mundo levante la voz ante esta ofensiva.