Catalunya votó en febrero la composición del Parlament. Lo hizo después de una legislatura ciertamente infértil, marcada por la lucha contra la pandemia y que acabó sin President. El largo desenlace de la anterior legislatura no ayudó a mejorar las relaciones entre los dos socios de gobierno: Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El resultado de las elecciones situó a la formación de izquierdas ligeramente por encima de su socio liberal, abriendo las puertas a una reedición del pacto de gobierno pero esta vez con los roles cambiados: Aragonès ocuparía la presidencia y alguien de Junts asumiría la vicepresidencia. Este pacto, reconocido como el más probable a nivel aritmético por parte de todos los analistas, sigue negociándose en múltiples reuniones de las que participan los dirigentes de ambas fuerzas.
Lo cierto es que la pasmosa facilidad de Esquerra Republicana para alcanzar un acuerdo con la CUP –históricamente rocosa negociadora- hace pensar que es la formación liderada por Puigdemont la que está acabando de encajar en su nuevo papel en el arco parlamentario. El partido de los presidentes echará de menos contar entre sus filas con el inquilino del Palau de la Generalitat, pero al mismo tiempo desea continuar formando parte del gobierno autonómico. La primera paradoja de este artículo, pero no la última. La entente entre las fuerzas independentistas de izquierda pone a Junts entre la espada y la pared: o apoyan un gobierno soberanista con un marcado carácter social, o serán los responsables de una nueva convocatoria electoral. Elecciones cuando nadie quiere volver a hablar de elecciones.
El primer intento de investidura de Aragonès encontró muy verde al espacio posconvergente, que aprovechó aquel momento político para relegar a Laura Borràs a un papel relevante pero secundario: la Presidencia del Parlament. Mientras, su secretario general Jordi Sánchez, afirmaba en una entrevista a La Vanguardia que estaban dispuestos a permitir un gobierno en solitario de Esquerra. Más allá de sus palabras, la realidad es tozuda. Convergència y sus posteriores marcas electorales llevan dirigiendo parcialmente la administración de la Generalitat desde diciembre de 2010. Casi 11 años que en los tiempos que corren es casi una eternidad. Desde entonces se han celebrado 4 convocatorias electorales de ámbito catalán y han ocupado la Presidencia tres personas distintas. Por no hablar de la ruptura con Unió, la creación de marcas electorales o el giro ideológico hacia el soberanismo. Durante todos esos trances, solo había un denominador común: el espacio convergente continuaba en el gobierno. No es necesario ser muy inteligente para entender que las palabras de Sànchez son un farol para reforzar su postura negociadora. Y para ganar tiempo.
Junts se encuentra ante una peligrosa paradoja. En la actualidad, forzar una convocatoria electoral es ciertamente arriesgado, ya que gran parte del independentismo podría señalar a los de Puigdemont como los verdaderos culpables de ese fracaso. Después de llegar a un 52% de los votos y con el apoyo garantizado de la CUP, no existe un relato alternativo para justificar la falta de acuerdo. Probablemente, el gran temor de Junts sea que Aragonès tenga la voluntad de ejercer como President sin tutelas de Waterloo o de cualquier otro actor del panorama político. Así, Junts necesita ofrecer una imagen de negociación activa, de posibilidad de acuerdo y de buena voluntad ante una hipotética investidura exitosa del candidato republicano. Y es que, a fin de cuentas, ERC es el único socio con el que pueden pactar a nivel catalán.
Por otro lado, Junts intenta fortalecer su posición negociadora aplazando la resolución de las conversaciones hasta el último minuto, donde previsiblemente la intervención y la generosidad de Puigdemont serán claves para un gobierno de coalición independentista. El relato tuitero ya está escrito: Aragonès le deberá su Presidencia a la bondad de Waterloo y a la generosidad del Consell per la República.
Esta estrategia de dilación es comprensible en términos negociadores pero es tremendamente peligrosa en el contexto social en el que nos encontramos. La antipolítica se abre paso a marchas forzadas de la mano de una crisis económica incipiente. La campaña electoral en Madrid nos da pistas sobre nuestro futuro próximo: polarización, espectáculo, provocación y hechos alternativos. La mejor manera de combatir la amenaza de la extrema derecha y de la derecha populista es con políticas tangibles que ayuden a las personas que lo están pasando mal. No sirven parches ni ideas poco ambiciosas –como las de Gabilondo en la capital del Reino-. El momento de reaccionar es ahora y aquellos que antepongan su interés político a la gestión de lo común lo pueden pagar caro. Y el independentismo catalán no se puede permitir derrotas de este tipo.
Catalunya tiene hasta el día 26 de Mayo para investir a un nuevo Presidente. De no hacerlo, se activaría de nuevo la cuenta atrás para la celebración de unos nuevos comicios. Un fracaso del parlamentarismo del que la antipolítica intentaría aprovecharse, por supuesto. Estoy convencido, eso sí, que habrá pacto de última hora y que habremos perdido unos meses valiosos para aprobar un nuevo presupuesto y reaccionar antes, desde la administración, a muchas cosas que están por venir. ¿Pero eso a quién le importa? Lo que guía la actuación de algunos es la batalla de twitter, el marco que imponen y que el tiempo corra a su favor.
