«Nadie estará seguro en el planeta hasta que todos lo estemos». Este ha sido el mantra de la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en la práctica, es difícil aplicar esta frase, ya que son los países más ricos los que disponen de los recursos necesarios para comprar grandes cantidades de vacuna contra el Covid-19, y así ha pasado. De hecho, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins publicado en la revista médica British Medical Journal (BMJ), un 25% de la población mundial no tendrá acceso a una vacuna contra el Covidien hasta el año 2022. Esto ha llevado a los expertos de la ONU a advertir contra el acaparamiento de vacunas y a insistir en la necesidad de que las vacunas estén disponibles para todos.
Bajo esta premisa nació COVAX, una iniciativa dirigida por Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), en colaboración con UNICEF, el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial y otras organizaciones. Su objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el Covid-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas por todos los países del mundo.
COVAX consta, por un lado, de una estrategia diseñada para que los actores con mayores ingresos hagan donaciones con las que se puedan distribuir vacunas contra el Covid-19 entre los 92 países de ingresos medios y bajos, que de otro modo no podrían acceder. Además, COVAX hace de intermediario en la compra de vacunas en los países más pobres, negociando su precio para que puedan acceder independientemente de sus recursos. El objetivo que ha marcado la iniciativa en un periodo inicial es tener 2.000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 disponibles para finales de 2021, con las que se pretende proteger, especialmente, a las personas más vulnerables de estos países.
Ghana fue el primer país que recibió vacunas en el marco de COVAX, el pasado mes de febrero. A estas alturas, la iniciativa COVAX ya ha repartido más de 49 millones de vacunas entre 121 países alrededor del mundo. Lo han hecho en países de Europa, América Latina, África, el Sudeste asiático y el Pacífico. Hasta hace pocos días se repartían sólo vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Covishield (la vacuna que la India ha impulsado conjuntamente con AstraZeneca), pero, desde este lunes, también distribuirán vacunas de Moderna, ya que COVAX ha firmado un acuerdo por 500 millones de dosis con la compañía estadounidense. Sin embargo, la mayor parte de estas vacunas no estará disponible hasta 2022.
Algunos países, como es el caso del Reino Unido, han dicho que darán excedentes de dosis a los países más pobres, y España lo ha anunciado para América Latina, pero la OMS insta a las naciones a hacer más actuaciones antes para garantizar que las vacunas lleguen a los países en vías de desarrollo. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la etíope Tedros Adhanom, señalaba en una rueda de prensa el mes de abril que sólo el 0,3% de las vacunas ya administradas en todo el mundo habían ido a parar a personas de países con ingresos bajos, lo que calificaba de un «desequilibrio escandaloso».
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también hacía un llamamiento para que los países ricos colaboren en el abastecimiento de vacunas en los países más pobres. «Es de enorme importancia apoyar COVAX para implementar la vacuna a todos los rincones del mundo, allí donde sea necesario», destacaba en una comparecencia el pasado mes de noviembre, al tiempo que apelaba a la solidaridad. «Es de interés común. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera, juntos. Y vale la pena demostrar que superaremos esta pandemia con solidaridad y acción conjunta», declaraba von der Leyen.
La realidad es que, desde el inicio de la pandemia, el coronavirus SARS-CoV-2 se ha llevado la vida de más de 3,2 millones de personas en todo el mundo y, actualmente, se contabilizan más de 154 millones personas contagiadas. Con los datos existentes hasta ahora el país más afectado, en términos absolutos, sigue siendo Estados Unidos, con más de 32,4 millones de contagios y más de 577.000 muertes, seguido de la India, que en las últimas semanas ha experimentado un crecimiento exponencial del número de contagios y defunciones, situándose en 20,3 millones de contagios y 220.000 fallecimientos. Brasil se sitúa en la tercera posición, con más 14,7 millones de infecciones y 406.000 decesos.
Ante esta dramática situación, que ya hace más de un año que se arrastra, la inmunización de la población es clave para minimizar los daños. Pero, como decía el pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona Quique Bassat en una entrevista a El Diari de la Sanitat , «hasta que no esté vacunada también la población de los países más pobres no podremos dar por controlada la pandemia a escala global, siempre tendremos agujeros por donde seguirá entrando y circulando el virus». Para Bassat, los mecanismos en marcha no son suficientemente robustos para garantizar la equidad en el acceso a las vacunas.
Sin embargo, Bassat se mostraba optimista con la iniciativa COVAX, ya que, señala, «hasta ahora nunca había existido un programa similar». «Otra cosa es que tendremos que vigilar de cerca cuánto bien está funcionando y si se está logrando lo que se había propuesto. Si están habiendo problemas para obtener las vacunas en estos países donde hemos pagado mucho dinero para tenerlas, no me quiero ni imaginar los problemas que habrá en el momento que estas vacunas estén disponibles para los países más pobres», enfatiza el epidemiólogo en esta entrevista.
Clamor por la liberación de las patentes
El sistema internacional de protección intelectual existente garantiza los réditos de la patente a las empresas farmacéuticas fabricantes, pero, según muchas opiniones expertas, en el caso de las vacunas contra el Covid-19 hay dos elementos diferenciales importantes. Por un lado, que se trata de una epidemia de alcance mundial, como no se conocía y que requiere que, lo más rápidamente posible y para la seguridad de todos, el máximo de población mundial esté vacunada. Por otro lado, que han sido las aportaciones de recursos públicos, de los estados más desarrollados y de la Unión Europea, especialmente, los que han facilitado la financiación de las investigaciones y las diferentes fases de elaboración de las vacunas y que, en consecuencia, si han sido recursos públicos los que lo han facilitado, debería suspenderse, aunque fuera temporalmente, el sistema de las patentes.
La Organización Mundial del Comercio (OMC), que se ocupa de regular el comercio internacional de bienes y servicios, se ha ocupado también, desde la cumbre celebrada en Doha en 2001, de la relación entre la propiedad intelectual y la salud pública. En este marco, ha dado amparo a mecanismos como el de las licencias obligatorias que permiten que los Estados, por razones de salud pública, puedan facilitar a los fabricantes nacionales la producción de vacunas sin encontrarse impedidos a hacerlo por razón de las patentes de las que son titulares las grandes compañías farmacéuticas.
El pasado 27 de abril, casi 400 parlamentarios europeos hicieron una declaración conjunta para reclamar a la Unión Europea que se liberen las patentes de las vacunas para poder producir muchas más. «Se pondría fin a los monopolios de la propiedad intelectual, se eliminaría la incertidumbre jurídica y se permitiría que la colaboración aumentara y que se acelerara la disponibilidad, la accesibilidad y el alcance de las vacunas», defendían en una carta dirigida a las instituciones europeas.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud avala el levantamiento de las patentes, el Reino Unido, Japón, Suiza, Canadá, Brasil y la Unión Europea se oponen. Sin embargo, los países miembros de la UE cada vez se alejan más de la visión de la institución. En el caso español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaron la semana pasada la voluntad del Gobierno de «impulsar la discusión» sobre la suspensión temporal de las patentes. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado hace pocas horas su apoyo en la suspensión temporal de las patentes.
También desde la sociedad civil se reclama la liberación de las patentes como una solución a la creciente brecha de vacunación entre los países ricos y los pobres. La Red Europea contra la Comercialización y Privatización de la Salud y la Protección Social y Peoples’s Health Movement Europe, en el marco de la campaña ‘Right 2 Cure‘, elaboraron una carta abierta firmada por más de setenta entidades europeas dirigida a las máximas autoridades de la Unión Europea donde exigen a la UE la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual como la única forma de aumentar la producción y ampliar rápidamente el acceso a las vacunas. Según los promotores de la campaña, la posición de monopolio de las farmacéuticas les garantiza a estas «enormes beneficios en medio de una pandemia a costa de la vida humana».
En el Día Mundial de la Salud, el pasado 7 de abril, Marea Blanca de Catalunya se concentró ante la oficina el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en Barcelona para exigir la suspensión de las patentes. Según la organización, «hay que actuar ahora para que la pandemia no pase a la historia como un fracaso moral de los países ricos en detrimento de las vidas vulnerables de todo el mundo».
En este sentido, consideran que las instituciones de la UE y los gobiernos de los países europeos deben asumir la responsabilidad y «remodelar su respuesta a la pandemia de coronavirus, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos y que los intereses de las compañías farmacéuticas no pasen por delante de la salud de las personas». «Sólo una respuesta mundial, basada en la solidaridad mundial, será eficaz para combatir esta pandemia», concluyen en un comunicado.
