El presidente Joe Biden y la mayoría demócrata en el Congreso pudo aprobar a principios de marzo el paquete de estímulo American Rescue Plan para ayudar a familias, empresas y administraciones públicas por un valor de 1,9 billones de dólares. Ningún republicano en el Senado o en la Cámara de Representantes votó a favor de la American Rescue Plan. Los republicanos justificaron su oposición por la magnitud del paquete y porque creen que otorga demasiados beneficios y ayudas – que además no tributan – y por tanto desincentivan el trabajo.
La máxima prioridad legislativa actual de Biden y los demócratas es el llamado American Jobs Plan. En este caso el presidente quiere que el Congreso apruebe 2 billones de dólares para la modernización de infraestructuras de todo tipo, entre ellas autopistas, carreteras, puentes y aeropuertos. Estas infraestructuras son de nivel pero han envejecido. La red de autopistas federal, por ejemplo, data de los años cincuenta. Las últimas décadas no se ha financiado suficientemente el mantenimiento y construcción de infraestructuras por varios motivos.
Una de las fuentes de ingresos sería incrementar el impuesto sobre la gasolina. Pero ningún presidente reciente – con la excepción de Barack Obama – fue partidario de una medida tan impopular. El paquete de estímulo de 800.000 millones de dólares que se aprobó durante el 2010 incluía financiación para infraestructuras de transporte. Pero algunos gobernadores republicanos rechazaron los fondos alegando que se trataba de “gasto”.
Que las autopistas, carreteras y aeropuertos funcionen bien es una inversión y no un gasto. El 72% de los bienes transportados por los Estados Unidos circulan por carreteras o autopistas. El estudio de 2021 de la prestigiosa Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) cifra en 786.000 millones de dólares la financiación necesaria para que no empeore más el estado de los 6,4 millones de kilómetros de vías públicas (calles, carreteras, autopistas) de los Estados Unidos.
El estudio concluye que el 43% de esta red está en condición pobre o mediocre. Además, da una nota de suspenso a la condición de los aeropuertos, carreteras, canales fluviales, pantanos, plantas de tratamiento de aguas, escuelas y parques públicos. Sólo aprueban los ferrocarriles y puertos marítimos. El estudio de la ASCE advierte que si no se aumenta la inversión en infraestructuras, el 2039 el país habrá perdido 10 billones de dólares en PIB y cada familia 3.300 dólares anuales.
A pesar de estas previsiones, durante el dominio del Tea Party (2010 hasta 2016) sobre el partido republicano, bastantes de sus políticos y cargos insistían en que los fondos para infraestructuras eran un gasto innecesario que incrementaba el déficit. Consiguientemente, rechazaron la financiación. Un gobernador republicano que sí aceptó los fondos (Charlie Christ de Florida) perdió las siguientes elecciones. Su contrincante republicano en las primarias (Rick Scott) utilizó repetidamente imágenes de Christ acogiendo con un abrazo a un Obama que llegó a Florida para ver los proyectos sobre el terreno. Otra causa de la falta de ingresos para infraestructuras es que los vehículos se han hecho más eficientes, utilizan menos gasolina y muchos ya son híbridos o eléctricos. Por lo tanto, se recauda menos dinero del impuesto sobre la gasolina.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, parece razonable que Biden pretenda 2 billones de dólares para invertir en infraestructuras durante la próxima década. El presidente aspira a la mayor inversión pública en creación de puestos de trabajo desde la Segunda Guerra Mundial. Mejoraría la competitividad mediante la construcción de infraestructuras eficientes que utilicen tecnologías limpias y creen puestos de trabajo bien remunerados.
Actualmente, mueren 35.000 personas en accidentes de tráfico cada año, una tasa cuatro veces superior a la de Europa. Según la Casa Blanca, la congestión de tráfico cuesta 160.000 millones anuales. El plan destinaría 115.000 millones de dólares para modernizar 32.000 km de autopistas, carreteras y calles. Se transformaría la red viaria para que fuera más segura, resistente al cambio climático y accesible para las zonas rurales y comunidades más aisladas y excluidas. Se repararían los puentes largos más importantes y los 10.000 de menor dimensión envejecidos, los que están en peor condición.
Los republicanos ya no se oponen a un plan de modernización de infraestructuras teniendo en cuenta su empeoramiento dramático. Pero el partido en la oposición rechaza la America Jobs Plan porque tiene una fuerte carga ideológica. Todas las inversiones pretenden ser una contribución a luchar o mitigar el cambio climático y priorizar su uso por parte de los colectivos más pobres, excluidos, más aislados e históricamente más maltratados, como la población afroamericana e indios nativos. Además, la American Jobs Plan está cargado de proyectos que no tienen nada que ver con infraestructura.
Biden y los demócratas aseveran que los trabajadores son capital humano y por lo tanto una infraestructura. Se les ha de conceder ayudas para bajas médicas o por nacimiento de hijos, ampliación de su cobertura médica y plazas de parvulario universales y gratuitas para niños de 3 a 4 años. Los republicanos se oponen frontalmente a este tipo de ayudas. Las consideran un intento de fidelizar segmentos del electorado que ya votan por los demócratas.
Una fiscalidad más justa
Los Estados Unidos ya han adoptado paquetes de estímulo por valor de casi 6 billones de dólares desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Más gasto público incrementa la deuda nacional. Sin embargo, Biden asegura que subidas selectivas de impuestos financiarán su plan, impidiendo que se dispare la deuda nacional. Por lo tanto ha presentado en el Congreso el llamado Made in America Tax Plan. El presidente propone incrementar el impuesto de sociedades del 21% al 28%. En la práctica, las empresas en EUA pagan un 7,8% de impuestos sobre sus beneficios.
Estados Unidos es el país de la OCDE que ingresa menos por el impuesto de sociedades en proporción a su PIB. Biden quiere impedir que las empresas coloquen sus beneficios en países de baja fiscalidad consensuando unos tipos mínimos para el impuesto de sociedad a escala internacional. También subiría el impuesto sobre la renta de las personas con ingresos anuales superiores a 400.000 dólares del 37% al 39,6%. Y elevaría el impuesto sobre las plusvalías para las personas con ingresos superiores al millón de dólares.
Los planes de infraestructura y fiscalidad de Biden tienen coherencia. Su objetivo es conseguir generar crecimiento económico, empleo y una economía competitiva y adaptada al cambio climático que no sea superada por China. Pero la oposición de los republicanos y algunas asociaciones empresariales, las mayorías mínimas de los demócratas en el Congreso y la dificultad de alcanzar acuerdos internacionales serán obstáculos difíciles de superar.
