El objetivo de la ley era evidente: regular el precio de los alquileres, especialmente en aquellas ciudades o municipios donde los elevados precios estaban – y están – expulsando sus ciudadanos. La necesidad de aplicar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y la tendencia alcista de los precios de los alquileres es sencilla de comprender. Tomemos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Barcelona: el precio medio del m2 en el mercado de alquiler, en el año 2000, estaba en 6 euros. Una década más tarde casi se había duplicado, y ya estaba en 11,6 euros por m2. A pesar de la crisis económica vivida en la segunda década del segundo milenio, el precio continuó aumentando, y en el primer trimestre del año 2020 se situaba en los 14 € /m2. Mientras los salarios se estancaban y el paro aumentaba, los precios de la vivienda continuaban subiendo.
Las consecuencias las vivimos a diario: la edad media para emanciparse en España según datos del año 2019 es tres años superior a la media de la Unión Europea (26,2). Según un informe de la OCDE España es el séptimo país con un mayor “sobreesfuerzo” en la vivienda, es decir, donde el coste de tener que pagar el alquiler ocupa una mayor parte del salario, concretamente, un 41%. Los desahucios se han convertido, desde hace más de una década, en una realidad diaria.
Regular los precios de los alquileres era una de las medidas lógicas (no la única) para intentar comenzar garantizar el derecho constitucional de la vivienda. Y, como sucede a menudo, fue un movimiento social organizado – el de defensa del derecho a la vivienda – quien puso sobre la mesa lo que los partidos políticos de izquierdas, de centro, o de derechas, no se habían atrevido a plantear hasta entonces. Así, el Sindicato de inquilinos, con el apoyo de 4.000 entidades sociales tras meses de negociaciones, logró que JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP aprobaran en el Parlament de Catalunya una ley autonómica pionera en el estado.
Hay muchos intereses contrarios a la regulación de los precios de los alquileres. La vivienda es posiblemente el campo de la política donde más evidente se explicita la diferencia entre mayoría ciudadana y élites económicas. La división entre ambos se hace evidente al hablar de la ley que pretende regular el sector de la vivienda, aunque sea de forma moderada y no muy diferente a otras ciudades europeas. A un lado se encuentra el Sindicat de Inquilinas, la PAH, la Red de Economía Solidaria (XES), el Observatorio DESC, Òmnium Cultural o la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social. En el otro, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval), la Cámara de la Propiedad, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), o la Cámara de Fomento.
A pesar de la oposición de ciertos sectores económicos interesados en mantener el statu quo, en Catalunya, la idea de regular el precio de los alquileres se ha convertido en algo de sentido común. Ahora bien, sin una evidencia empírica que demostrara que la regulación obtendría los resultados deseados, este sentido común era poco más que una hipótesis esperanzadora. Pero los resultados están llegando. El Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) publicaba la semana pasada los datos del primer trimestre de 2021 donde se exponía la evolución de los precios medios del alquiler, así como el número de contratos registrados, que corresponden al segundo trimestre de aplicación de la ley en cuestión.
Los datos se han de coger con precaución por tres motivos principales. El primero, porque la excepcionalidad del año pandémico ha afectado, con toda seguridad, el funcionamiento normal del mercado de los alquileres. El segundo, porque el período analizado es todavía demasiado corto para extraer conclusiones de carácter definitivo. El tercero, porque no se puede adjudicar una línea recta entre la aplicación de la ley y el precio de los alquileres. La legislación obviamente que afecta el resultado, pero hay otras variables que también tienen incidencia. Y, aun así, los resultados muestran unos inicios prometedores que contradicen todos aquellos agoreros que, con un discurso interesado, argumentaban que la oferta de pisos caería y que se paralizarían los nuevos contratos.
Los primeros indicios: la regulación parece funcionar
El primer dato relevante es aquella que cumple con el leitmotiv de la misma ley: la regulación hace caer el precio de los alquileres. En aquellos municipios donde la regulación no entró en vigencia, los precios de los alquileres han subido un 1,2% respecto del mismo período del año anterior. En cambio, en aquellos municipios regulados por la ley, los precios de los alquileres bajaron un 4,8%. Considerando que la ley está dando los primeros pasos y que todavía no han empezado a imponer las sanciones correspondientes para aquellos propietarios que la incumplan, los resultados iniciales parecen apuntar en la buena dirección, que no es otra que avanzar hacia el desempeño de un derecho constitucional.
El segundo dato a destacar, aunque no ha tenido tanto eco mediático, es casi más relevante que el primero: durante los trimestres analizados donde la regulación ha estado operativa, la oferta no ha caído. Este era uno de los “grandes” argumentos de los economistas (neo) liberales, que afirmaban que los propietarios no les saldría a cuenta alquilar por debajo del precio de mercado. Por el contrario, el número de contratos aumenta en las zonas reguladas. Otra vez, unos primeros indicios que deben de tomarse con la precaución necesaria. Pero lo que parece claro es que las primeras evidencias empiezan a desmontar los fantasmas.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional muy probablemente tumbará la ley al exceder las competencias autonómicas, es necesario que el ministro Ábalos se libre de presiones, dogmas y relatos interesados y replique la ley catalana en todo el estado. No lo agradecerá el establishment de grandes propietarios, pero por mucho dinero que tengan estos, su voto en las urnas sigue valiendo lo mismo. Esto es lo que hay que recordarle al ministro Ábalos, ahora que cada vez es más difícil justificar que los fantasmas existen.
