Joe Biden comenzó su mandato presidencial consiguiendo hitos importantes. Reincorporó los Estados Unidos en el Tratado de París de lucha contra el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Consiguió que el Congreso (con votos únicamente de los Demócratas) aprobara un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares para ayudar a las finanzas de familias, empresas y administraciones públicas golpeadas por Covid-19. Mediante diversos mecanismos aceleró la tasa de vacunación plena, que ya es del 41%, la tercera más alta del mundo entre economías grandes detrás de Israel (51%) y Chile (43%). Su política exterior y de seguridad se caracteriza por el gradual pero firme avance hacia posturas comunes con los aliados de EUA después de consultas iniciales.
Biden también impuso sanciones a empresas de ciberseguridad rusas como represalia por el hack en 2020 por parte del SVR (servicio Inteligencia exterior ruso) de la empresa tejana de tecnología SolarWinds. El robo de datos de 11.000 empresas (y ministerios de Estados Unidos) a las que les suministra actualizaciones de software se considera el peor de la historia.
Dejando de lado el paquete de estímulo y las acciones en política exterior, varias medidas se han adoptado por orden ejecutiva. La realidad es que el presidente Joe Biden no cuenta con una mayoría sólida en ninguna de las dos cámaras del Congreso: en el Senado el empate a 50 votos se deshace con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris y exige que no se produzca la pérdida del voto de un solo senador Demócrata. En la Cámara de Representantes la mayoría de los Demócratas es de cinco escaños. Este es el motivo principal por el que se ha embarrancado el ambicioso paquete de infraestructura de Biden.
El presidente de Estados Unidos pretendía la inversión de más 2,3 billones de dólares. Inicialmente la Casa Blanca aspiraba a que se aprobara junto con un paquete de aumento de impuestos que financiaría la inversión en las infraestructuras. El elemento más polémico era la subida del impuesto de sociedades del 21 al 28%. La reforma fiscal que aprobó el Congreso en 2017 bajo presidencia de Trump redujo el impuesto de sociedades de EE.UU., que era de los más altos del mundo, del 35 al 21%.
El propuesto incremento del impuesto de sociedades no sólo se estrelló con la oposición de todos los senadores y congresistas republicanos. Dos senadores Demócratas también expresaron dudas, que en la práctica significa que Biden no puede contar con su voto. Se trata de Joe Manchin, que es senador por el estado de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, senadora por Arizona. Virginia occidental es un estado republicano para el que la producción de carbón es esencial. Manchin ha sobrevivido en un estado que ganó Trump por 38 puntos el último noviembre defendiendo la producción de carbón y rechazando iniciativas demasiado radicales. Sucede lo mismo con Kyrsten Sinema, aunque representa un estado mucho más rico, que no produce carbón y con una economía diversificada.
El aumento del impuesto de sociedades que pretendía la Casa Blanca también fue criticado por numerosas asociaciones empresariales, lo que condiciona el ambiente en el que han de votar congresistas y senadores. Manchin, que ha mantenido reuniones personales con Biden, también es contrario a que se apruebe el paquete de infraestructura utilizando el mecanismo parlamentario llamado “reconciliación”. En el Senado se ha mantenido el famoso “filibustero”, que permite al partido en la minoría retrasar y en la práctica detener un proyecto de ley de la mayoría alargando indefinidamente el debate con discursos interminables u otros procedimientos de obstrucción. Para parar un “filibustero”, que impide que el pleno del Senado vote sobre el proyecto de ley, hay una mayoría de 60 senadores.
Manchin, Sinema y otros demócratas de estados republicanos o no sólidamente demócratas no quieren que se utilice el mecanismo de reconciliación para aprobar los paquetes. Con la reconciliación sólo es necesaria una mayoría simple en la Cámara de Representantes y el Senado para aprobar un proyecto de ley. Los servicios legales del Congreso han dictaminado que la reconciliación sólo se puede emplear en determinados supuestos. Además, los Demócratas que representan estados más conservadores y otros moderados temen que los Republicanos también pueden recurrir a la reconciliación si recuperan el control de ambas cámaras del Congreso, un desenlace posible en las elecciones de noviembre de 2022.
Biden, que fue senador desde 1972 hasta 2008, siempre ha recalcado que quiere negociar con los Republicanos y que está dispuesto a hacer concesiones. En la práctica la matemática parlamentaria le obliga a buscar votos republicanos. Hizo una primera concesión a anunciar que la subida del impuesto de sociedades podría ser hasta el 25%, en lugar del 28%. Sin embargo, sin tener seguro los votos de los 50 senadores Demócratas, Biden ha hecho una oferta más radical. Ahora pide una inversión inferior (1 billón de dólares) durante los ocho años próximos.
Este billón es adicional a la cantidad prevista por el plan quinquenal de reparación de autopistas. Abandona la idea de incrementar el impuesto de sociedades, pero exige un impuesto de sociedades mínimo del 15% para las empresas más grandes de EEUU que no pagan impuestos federales.
Según el presidente, hay 55 grandes empresas que no tributan nada en el ámbito federal. Pero aún hay diferencias entre la posición de la Casa Blanca y la de los Republicanos. Los últimos creen que un billón de dólares es excesivo, y proponen 250.000 millones. Rechazan las dos primeras fuentes con las que Biden pretende financiar el plan: el impuesto mínimo del 15% para grandes empresas, una tasa sobre el transporte de bienes en camión por carretera, ingresos derivados de evitar la evasión fiscal y la utilización de partidas en principio destinadas a Covid-19.
De cara a la opinión pública, los Republicanos no pueden oponerse en principio a algún tipo de plan que modernice las envejecidas autopistas, carreteras y puentes de EEUU. Pero se mantienen unidos en su oposición frontal a cualquier propuesta que conlleve el incremento del impuesto de sociedades o que desmantele la reforma fiscal de 2017.
Además de reparar y modernizar las infraestructuras de transporte clásicas (autopistas, carreteras, puentes) el último proyecto de ley de Biden todavía mantiene inversiones como acceso a la banda ancha para comunidades aisladas y ayudas sociales. Aunque justificables, son ejemplos de una cierta ideologización del tema de las infraestructuras, que pone más fácil a los Republicanos defender su oposición a un paquete que todavía creen gasta demasiado y hará crecer el déficit y la deuda nacional.
El Comité de transportes y obras públicas del Senado ha dado luz verde de manera unánime (con votos tanto de los Demócratas como de los Republicanos) a la reautorización quinquenal del programa que financia la reparación de autopistas e infraestructuras viarias. Cuenta con 303.500 millones de dólares para autopistas y carreteras, un 34% más que la autorización aprobada en 2015. El Congreso tiene de plazo hasta el 30 de septiembre para aprobar esta medida.
En medio de este tira y afloja con el Congreso, Biden ha centrado sus esfuerzos en alcanzar en la cumbre del G7 del 11 al 13 de junio un acuerdo que fije un impuesto mínimo de sociedades. No es imposible que el G7 se adopte alguna medida o proclamación favorable a un impuesto de sociedades mínimo. Todos sus miembros están de acuerdo en que las grandes empresas tecnológicas tienen que pagar más impuestos, especialmente en países donde no tienen el domicilio fiscal, pero sí generan muchos beneficios. Sin embargo, la fiscalidad internacional es extremadamente compleja. Las empresas multinacionales tienen su sede en un país, pero desarrollan actividades en diferentes estados. Poner de acuerdo a las principales economías del mundo sobre cómo, cuándo y cuánto deben pagar en impuestos es muy difícil. Sin embargo, Biden lo está intentando.
