Estamos en un momento de cambios profundos en el mundo laboral español. La digitalización y la política medioambiental están cambiando el paradigma productivo y como consecuencia, existe un amplio consenso sobre la necesidad de modificar el servicio público de empleo. Puestos en esa tesitura, la cuestión verdaderamente importante es definir con claridad el para qué de esa modificación.
No olvidemos, como no se cansa de repetir un ilustre actor español en base al acervo familiar, que “lo primero va antes”. Y en este caso modernizar la gestión del empleo en España requiere adoptar una primera decisión: ¿Qué es prioritario hoy, el modelo de gestión de las políticas activas y los colectivos prioritarios en situación de desempleo, o el buen funcionamiento del sistema laboral que asegura la provisión de capacidad y talento de las personas para cubrir un puesto de trabajo vacante?
En una buena economía el talento y la capacidad de las personas son básicos para conseguir buenos puestos de trabajo. Así mismo, el crecimiento de la productividad consolida el sistema económico, ya que permite aumentar el crecimiento económico y posibilita la inversión y la creación de un empleo de calidad. Las políticas públicas y, en consecuencia, el servicio público de empleo, deben lograr la mejora de la casación técnica de la oferta y la demanda laboral y conseguir una intermediación más eficiente, con la aportación de herramientas de apoyo tecnológico y humano tanto a la oferta como a la demanda laboral.
Dicho de otra manera, los usuarios finales de las políticas de empleo en el sistema productivo son, de una parte, una persona disponible para trabajar y que no encuentra su ocupación y, de otra, una empresa que no puede ocupar un puesto de trabajo y el objetivo último de la política de empleo es su casación o encuentro mediante una intermediación eficiente Si, lo más importante no es la herramienta técnica o humana de apoyo, que también es necesaria, sino conseguir su finalidad, que no ha de ser otra que lograr que la oferta y la demanda de empleo en España se encuentren de manera eficiente.
A simple vista, esta finalidad puede percibirse socialmente como una cuestión muy simple, y seguramente lo es en ciertas ocasiones, pero no deja de contener una realidad compleja, puesto que hay que medir la capacidad, el talento, la experiencia, la retribución, y la disponibilidad efectiva.
Y efectivamente, la realidad nos pone delante problemáticas nada simples a las que hay que encontrar una solución y dar una respuesta. Entre otras, observamos que la formación necesaria y la formación solicitada no siempre coinciden en las ofertas; que el talento es difícilmente acreditable más allá de demostrar competencias específicas; que la experiencia laboral en su conjunto, y también en su detalle, se queda en su objetividad en cada empleo que se ha tenido, ya que no hay un registro público de la misma; que el esquema retributivo puede responder o no a la aportación requerida o a las retribuciones fijadas unilateralmente y que la disponibilidad real y no forzada no siempre emerge adecuadamente.
A todo ello cabe añadir otros factores sociales o individuales que afectan a las personas en su relación con el empleo, tales como la disponibilidad para la movilidad, la salud física o psíquica, la organización del tiempo y las obligaciones familiares, el arraigo social, … lo cual añade mayor complejidad a las respuestas y soluciones que deben adoptarse. Resulta obvio que las infraestructuras sociales, la enseñanza preescolar o los cuidados, las transiciones educación-empleo, entre otras, pueden ser verdaderas fronteras para el acceso en condiciones de igualdad al empleo.
Esta realidad compleja se aborda mediante una segmentación no ordenada de los programas y servicios que provoca un sistema difuso. Se aborda escasamente la casación técnica, base necesaria de un sistema abierto y transparente y se orienta a la persona solo en sus potencialidades o debilidades personales sin contextualizarlas en su entorno territorial de movilidad posible o sectorial, de la actividad económica concreta. La oferta formativa es intemporal (no programada ni abierta) y no siempre se adecúa temporalmente a los tiempos disponibles de las personas entre empleo y empleo, ni tampoco a las formaciones específicas requeridas para la mejora de su empleabilidad. Y, finalmente, no se garantiza un itinerario personal integral hacia el empleo y el consiguiente acompañamiento a la persona en todo el proceso. En definitiva, no se aborda de manera eficiente el debido apoyo comprometido de las políticas públicas a las personas y a las empresas
Tener una política de empleo merecedora de tal nombre, requiere no perder de vista su principal finalidad: que oferta y demanda de empleo se encuentren, “lo primero va antes”. Hay que conocer y dotar de la mayor transparencia las causas de los “no encuentros”, objetivándolos en la medida de lo posible. Y, asimismo, asignar los recursos y organizarlos para lograr transiciones laborales rápidas y eficientes, sobre la base de la mayor proximidad al lugar dónde se encuentran empresas y trabajadores, a fin de evitar que el alargamiento de los procesos de casación provoquen ineficiencias económicas en las empresas y perjuicios sociales y de renta a las personas.
Disponer de unos servicios de empleo adecuados y garantizar el derecho de acceso a los mismos, presupone tener unos servicios que disponen de las herramientas propias de la sociedad digital y dan un acompañamiento personalizado a la oferta y la demanda laboral que permite rápidos tránsitos laborales, con una nueva gobernanza desde la proximidad local acorde con la estrategia europea en sus ajustes estatales y autonómicos.
En la hora de las reformas, o se empieza bien, por los cimientos y finalidades del sistema, o seguiremos enclaustrados en el mismo lugar. Existe un compromiso europeo por cambiar lo que no funciona y hacerlo eficiente y en ese objetivo debemos poner todo nuestro empeño.
