El Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) se municipalizó el año 2016. Durante 4 años, sus trabajadoras estuvieron luchando para conseguir un convenio colectivo, pues a pesar de haber avanzado con la municipalización, no tenían ninguno. Por mucho que durante este periodo una de las preocupaciones principales fueran las condiciones laborales, ya detectaban algunos problemas de falta de recursos y saturación. Ahora, afectado por la pandemia, el servicio se ha visto desbordado y sus trabajadoras ven muy necesario dotar y dimensionar el SARA de las herramientas de trabajo suficientes para ofrecer un acompañamiento de calidad y garantizar los derechos económicos para las personas que se encuentran en situación de violencia machista.
Para exigirlo, se han concentrado este martes 13 de julio de 9:30 horas a 11:30 horas a las puertas del Ajuntament de Barcelona. Miembros del Ajuntament y también la gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales bajaron a charlar con ellas para afirmar que un nuevo espacio para el SARA se estudia de cara el 2023. Para las trabajadoras, “no pueden demorarse las necesidades ni un año, ni un mes porque en el camino se ponen en riesgo muchísimas cosas”. Desde la Asamblea de Trabajadoras del SARA creen que el SARA es un servicio muy publicitado políticamente, pero luego también es un servicio muy poco cuidado. “Nos cuidan poco a nosotros, pero sobre todo a las mujeres y las familias que intervenimos que son las máximas perjudicadas”, comenta una trabajadora del SARA.
Las principales reivindicaciones giran en torno a los problemas con las tarjetas monedero y el líquido necesario inicial para cubrir las necesidades básicas de las mujeres en caso de urgencia. También apuntan necesidades de reiniciar el acompañamiento con monitores para los niños y que los tempos entre visita y vista bajen del mes o mes y medio donde están ahora. Indican que hay una especialización en las urgencias orientadas a niños y adolescentes víctimas de violencia machista, ya que éstos tienen derecho a ser informados y acompañados por profesionales.
Todas estas deficiencias, entre otras situaciones, causan un impacto directo en la atención a las personas. Para las trabajadoras del SARA, esta falta de recursos e inoperancia son violencia institucional.
Falta de recursos económicos y de acogida
Después de mucha lucha sindical por las condiciones de las trabajadoras, que las municipalizaran y luego conseguir el convenio específico, durante el último mes la situación de atención se sobrepasó. Trabajadoras del SARA explican que incluso dirección se cogió la baja y se quedaron sin coordinación ni dirección. Además, dicen, ya no llegaba dinero líquido: “ya no podíamos más”.
Muchas de las mujeres que atienden en el SARA piden salir del domicilio para iniciar un proceso de separación y recuperación de la violencia machista vivida. Con ello, desde el compromiso político para la erradicación de las violencias machistas, el Ajuntament de Barcelona es el encargado de cubrir las necesidades económicas básicas y de alojamiento de las mujeres, hijos e hijas que lo necesiten. Las trabajadoras afirman que en la actualidad no cuentan con un aplicativo eficiente y eficaz para cubrir estas necesidades. Denuncian que la Administración quiere implementar el sistema de tarjetas monedero sin contemplar que hay gastos que estas tarjetas no pueden cubrir, al tiempo que no pueden optar todas las mujeres en este sistema por cuestiones documentales, con lo cual siempre falta dinero para poder tener las necesidades básicas de las usuarias cubiertas. O dicho de otro modo, el SARA es un servicio de urgencia que trabaja diariamente con mujeres que pueden llegar allí habiendo salido de casa “como pueden”. “Salen como pueden, sin ropa, sin documentación y por un tema de riesgo no pueden volver a domicilio”, explican. Y es que en el SARA tienen familias acogidas que no disponen de ningún bien personal y necesitan una base “para poder comprar una muda, un pijama, poder renovar documentación, pañales, leche, medicaciones… Cosas muy básicas”. Ahora mismo, a pesar de tener de normal una caja de dinero físico para poder cubrir esto, llevan un tiempo haciendo urgencias sin tener ese dinero.
“Antes cuando venía una urgencia podíamos poner la familia en casas de acogida, con más protección real, pero ahora ya hace años que, cuando pasa, aparte de no poder dar dinero, estas familias terminan yendo a pensiones y se pasan de dos o tres meses allí porque no tenemos plazas en las casas de acogida”, relata una trabajadora del SARA. En la práctica, esto significa estar de dos a tres meses en una habitación con aseo compartido y sin poder acceder a los recursos reales de acompañamiento, protección e intervención por los que acudieron al servicio. “En urgencias tú les vendes un sistema de protección para que puedan salir de casa, pero no cumples ninguna de las expectativas de lo que se vende. Le dices no te preocupes que te cubriremos los necesidades básicas pero es mentira. ¿Protección? Estando en una pensión, no hay ningún tipo de protección real”, se quejan desde la Asamblea.
Paralelamente a que la protección es inexistente, ir en el momento de la urgencia a la casa de acogida que es cuando más acompañamiento necesitan, tenía sentido. ¿Ahora qué pasa? Están tres meses en pensión y cuando la mujer ya está recuperando la autonomía y está mejor es cuando coincide que consigue plaza. Para las trabajadoras esto “no hace la función que debería hacer este espacio que es un primer impacto, una valoración del riesgo inicial y poder dotar a esta protección inicial, ya que es ahí cuando más riesgo y mayor vulnerabilidad emocional hay y es cuando el acompañamiento no se está pudiendo dar”.
El acompañamiento psicológico casi ridículo
Aparte de estar dos o tres meses de espera para poder entrar a una casa de acogida, de ver que no hay ayudas económicas para poder cubrir las necesidades básicas, la Asamblea de Trabajadoras del SARA también denuncia que las psicólogas del servicio también están a un mes o mes y medio de lista de espera.
El hecho de que el servicio no cumpla las expectativas o no cumpla lo que dice de entrada también supone un duro golpe para las personas atendidas, según explican las trabajadoras. Y es que aparte de hacer un cambio drástico en la cotidianidad, la rotura se transforma casi en un cierre pues los niños y niñas afectados deben dejar de ir a la escuela en los primeros momentos por un tema de alto riesgo. La poca red que puedan tener estas familias, se pierde: “no pueden ir a casa de la abuela, la tía o los amigos… Tú les haces un aislamiento pero aparte de que no les facilitas las herramientas para salir adelante, la situación en sí puede ser aún más traumática para las mujeres o los niños”.
Y es que como explican desde el SARA, cuando estas mujeres que han vivido violencia de género van al servicio, salen de un proceso de violencia, de riesgo, de tensión, pero entran en una situación donde, como dicen, “no pueden dejarse ir porque siguen solas, en tensión, haciéndose cargo de menores con preguntas sobre por qué no van a la escuela…”. Este es otro elemento que plantean, que las mujeres con criaturas no tienen un acompañamiento de infancia inmediato porque, como en todo, el SARA tiene una lista de espera de mes y medio.
Trabajadoras a punto de colapsar
Desde la Asamblea de Trabajadoras del SARA apuntan que todas estas “disfunciones” las lleva a un estado de estrés importante. Señalan que si bien en teoría deben dar un servicio integral y hacer un proceso de principio a fin, esto no es real. “Hacemos todo lo que podemos pero es imposible a nivel de agendas cuadrar todo”, dicen. Y es que toda la violencia se atiende en un único servicio donde hay 8 salas y trabajan 42 profesionales. Antes de la pandemia, dicen, las psicólogas hacían una media de 22 visitas a la semana y aún así estaban a mes y medio de lista de espera. Ahora, una psicóloga puede llevar entre 60 o 70 casos y no tienen horas para hacer una visita: “en decirle a una usuaria que vuelva al cabo de un mes, mes y medio, les estás diciendo que sólo tendrá 10 sesiones al año”. Para la Asamblea de trabajadoras del SARA esta atención, también con criaturas que han vivido una situación de violencia, no van a la escuela o no entienden porque no ven a su padre, no es un proceso de recuperación.
Además, se da otra situación: cuando llama una mujer para pedir visita. En estos casos, por protocolo, debería pasar una semana como máximo para poder dar la primera visita y poder explorar el riesgo. Ahora mismo se encuentran también en más de un mes. “Hay el apartado de urgencias que si quieren salir del domicilio las podemos atender, pero no vale para aquellas mujeres que están emocionalmente muy afectadas y no están preparadas para salir pero necesitan un espacio para poder explicarse”, dicen.
El ciclo de la violencia pasa por muchas fases y muchas veces, han analizado las trabajadoras, cuando llaman al SARA, lo hacen “en un momento de confrontación, de tener dudas o ambivalencia”. Si en estos casos, valoran que si “tú no tienes una respuesta rápida, muchas mujeres no acaban viniendo a la visita, hacen un retorno o incluso dicen ‘es que estaba mejor en mi casa que de acuerdo que hay violencia, pero mi hijo puede ir a la escuela y tenemos las necesidades básicas cubiertas’. Todo el engranaje en vez de facilitar la salida del hogar, lo está dificultando”, afirman.
Al final, ven que el Ajuntament de Barcelona les coloca toda la responsabilidad hacia las violencias machistas de la ciudad que cada vez tiene más demanda, pero que no les está dando suficientes herramientas: “cada vez hay más conciencia y sensibilización, pero no se ha dimensionado que se necesita”. Y ante esto, todas acaban haciendo de todo. Como no llegan las psicólogas, otras trabajadoras se han encontrado haciendo contenciones emocionales muy graves. “Es muy peligroso. Son situaciones muy delicadas que no estamos pudiendo tratar de cerca y esto es una revictimización de las familias y también es violencia institucional”, denuncian. Y añaden todavía otro elemento: el de la justicia. Dicen que a menudo la abogada no entra a tiempo al proceso judicial, no se acompaña entonces tampoco cuando toca y, a veces, dicen, cuando hay abogada trabajando en el caso ya hay sentencia hecha.
La sensación entre las trabajadoras es que les dan “un encargo super importante pero sin tener las herramientas para hacerlo”. Con el estrés añadido a la ya difícil tarea que realizan por la situación que viven, las trabajadoras del SARA seguirán insistiendo en mejorar las condiciones económicas, materiales, residenciales y personales que haya también de cara a septiembre. Además, cuentan con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y INTERSINDICAL-CSC.
