En Cataluña se vacuna desde diciembre. Se han comentado mucho las desventajas que, sobre la gente, tiene el hecho de haber hecho la campaña de vacunación dejando al margen la AP (Atención Primaria) y apostando por los ‘vacunòdroms’. Hemos celebrado la velocidad que finalmente ha tomado la vacunación y el alto índice de desempeño en algunas franjas de edad y también en determinados estatus sociales. Pero nos queda mucho por comentar: la eficacia real de las vacunas (que se está comprobando una vez administradas), como afecta la dificultad de conservación, qué diferencias se han observado entre los diferentes laboratorios, los efectos secundarios… entendemos que aún tenemos que dedicar todos los esfuerzos a la lucha contra la pandemia y que ya habrá tiempo para el análisis, aunque será urgente hacerlo tan pronto como sea posible.

Hay un aspecto, sin embargo, sobre el que hay una reflexión urgente: la identificación y el registro de las personas vacunadas, que posteriormente facilitará el certificado de vacunación. Vacunar tiene dos objetivos claros: evitar la enfermedad grave al que se vacuna y acreditar que está vacunado para facilitar las medidas posteriores de prevención de esta enfermedad. Estaremos de acuerdo en que, para cumplir el segundo objetivo -el primero no hay que decirlo- hay que identificar debidamente la persona que recibe el pinchazo. Como se indica, entre la documentación requerida para vacunarse, hay la TS (Tarjeta Sanitaria) y el DNI, pasaporte o carné de conducir. En el centro donde me vacuné yo sólo pedían la TS. Comentándolo en diferentes entornos, he podido comprobar que esta ha sido una práctica habitual, es más, en mi pequeña encuesta, la más habitual. Se trata de una mala praxis que podría tener consecuencias nefastas si no fuera porque la gran mayoría de gente se vacuna con su nombre y apellidos, y hacerlo de otro modo no puede tener beneficios, más allá de algún caso muy particular.

Hay, sin embargo, una excepción a esta falta de cuidado a la hora de identificar la gente: los perfiles que justamente se identifican en situación de vulnerabilidad porque son personas migradas. Los y las negras, los y las árabes que no han terminado aún su “proceso de integración”. Por el hecho de haber conseguido cita online, con la ayuda imprescindible de alguien acostumbrado a hacer estos trámites en nuestro país, deben tener por fuerza su TS que les garantiza una asistencia sanitaria igual que en el resto de catalanes. Lo que pasa es que alguno de ellos está en una situación administrativa no resuelta, y no tiene ningún documento que acredite su identidad, salvo la TS. A este colectivo se les niega la vacunación, como mínimo en el centro que han elegido y por lo que habían concertado cita, porque no pueden presentar ni DNI, ni pasaporte, ni carnet de conducir. Eso sí, toda aquella gente no racializada han podido vacunarse sin tener que identificarse, porque nadie ha puesto en duda su identidad y han recibido la dosis sin presentar ningún otro documento aparte de la TS -siempre según la mi modesta encuesta-.

Nosotros, los y las que estamos interesados ​​en la salud y la sanidad pública y que trabajamos en entornos donde los perfiles racializados están muy presentes, sabemos que existe algún centro de vacunación donde no se pide nada, pensado expresamente para proteger “nuestra” salud facilitando la vacunación de los que sufren “situaciones vulnerables”. Pero, ¿hace falta, nuevamente, discriminar? ¿Es necesario que se vuelvan a sentir ciudadanos de cuarta? Sería interesante ver cómo lo hacen en estos centros, a nombre de quien se expiden los certificados, cuando falta este documento identificativo. Porque veríamos que la misma fórmula se podría aplicar en el lugar donde han ido con cita previa como cualquier ciudadano, y donde muchas veces han sufrido discriminación por no presentar, sencillamente, más documentación que el resto -recuerdo que, en mi modesta encuesta, en la mayoría de casos, a las personas no racializadas no nos han pedido nada más aparte de la TS para vacunarnos.-

Esta dificultad habría sido mucho menor si el protagonismo de la vacunación y los recursos hubieran recaído sobre los y las profesionales de la atención primaria que, por definición, conocen de primera mano la población que tienen adscrita.

En resumen, hace falta más rigor a la hora de identificar todos y facilitar especialmente la vacunación y su registro a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Volvemos a topar con “la ley de cuidados inversos”: cuidamos más a quien menos lo necesita. Y discriminamos de nuevo a los y las que siempre discriminamos.

Le debo este escrito al Sekou, que salió de su intento frustrado de vacunarse, con cita concertada normativamente, diciendo que “en este país los que no tenemos papeles somos menos que los perros, que sí tienen. Pero, ¿habéis pensado que los perros també contagiamos?”.

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