Nos acercamos a un nuevo 11 de septiembre, hora de desempolvar la estelada, de bajar a la calle, de oír hablar de independencia, de recordar el 1 de octubre y la gente que está en el exilio, de reivindicar que la nación no se acaba en la Albera o en el Sènia y que hay unas islas, mediterráneo allá. Pero la realidad es que el principal reto para un proyecto independentista no es reencontrarse con lo que he planteado hasta aquí, sino que es la operación de reforma en marcha, que vincula a todos los Països Catalans con diferencias, cuenta con papeles importantes para Francina Armengol, Ximo Puig y Pere Aragonés.
Han pasado unos años de los diferentes procesos que han cambiado el panorama político en nuestro país, el 15M, las huelgas generales contra los recortes y la reforma laboral, el proceso soberanista en el Principat, la huelga de docentes de Balears y la primavera valenciana. Se ha demostrado la capacidad, o más bien la incapacidad, de cambio que ofrecen las opciones «progresistas» y los planteamientos independentistas «de la ley a la ley» y ahora toca recoger cable y reforzar posiciones.
En este nuevo panorama, el PSOE se mueve como nadie y su posición al frente del ejecutivo español, con un Podemos que le ríe todas las gracias y las victorias electorales en Catalunya, Valencia y las Islas Baleares, favorece totalmente su dominio del terreno. Así, el PSOE abre la puerta a una reforma limitada para recomponer la legitimidad del estado, haciendo gestos simbólicos con la mesa de diálogo con la Generalitat de Catalunya y permitiendo los indultos. Simultáneamente, la amenaza recentralizadora flota en el ambiente y el reclamo de los fondos europeos es el oro más preciado por los gobiernos autonómicos.
Todos estos elementos y muchos más que no podemos detallar en un breve artículo de opinión, son los que se pelean en la operación reforma que está dirigiendo ahora el PSOE. Una auténtica llamada al pragmatismo político dirigida al progresismo y soberanismo de los Països Catalans, ya que la oferta por parte del estado no es ni siquiera una reforma estatutaria, ni un pacto fiscal y mucho menos el derecho de autodeterminación. Es una batalla por la referencialidad a la hora de repartir el dinero que viene de Europa, con el trasfondo de una reestructuración social y económica para garantizar la continuidad del sistema capitalista después de la sacudida de la pandemia.
Está en juego el refuerzo del estado español, el imperio del pragmatismo político y el descuartizamiento final de las aspiraciones transformadoras que empezaron ya hace más de una década. Nos toca hacer fracasar el proyecto de reforma, porque la clase trabajadora no tenemos nada que ganar, porque no nos encamina a ninguna aspiración emancipadora nacional o de mejora de las condiciones de vida, sino al reparto del poder político entre los de siempre.
Toca hacer fracasar la reforma, para que la ruptura siga viva, para que la grieta que hemos generado a base de años de lucha en las calles, no se cierre con pactos de palacio. Y la responsabilidad recae en nosotros, el pueblo, que no sólo tenemos que criticar lo que pasa, sino que tenemos que forzar lo que nosotros queremos. Los primeros pasos en este camino son llenar las calles este once de septiembre, con la idea clara, que la independencia de nuestro pueblo no se negocia ni se pacta, sino que es un proceso que cambiará la realidad de los Països Catalans, para poner los recursos económicos al servicio de la vida digna de las clases populares. Que la independencia de los Països Catalans, es la fuerza para hacer caer un sistema corrupto que enriquece desproporcionadamente a unos pocos, mientras nos condena a la mayoría a sufrir por nuestro puesto de trabajo, por llegar a final de mes, por pagar alquileres desorbitados y las facturas de la luz más caras de la historia.
Porque la ruptura y la lucha son el único camino.
