El primer debate de política general de la legislatura terminó el pasado jueves con la aprobación de cuarenta y nueve resoluciones presentadas por diversos grupos parlamentarios, sobre todo tipo de ámbitos temáticos. Dos de estas resoluciones eran sobre política educativa, a las que se ha sumado otra aprobada ayer mismo por la Comissió d’Educació del Parlament. Las resoluciones parlamentarias se aprueban por mayoría y teóricamente son de obligado cumplimiento por parte del Govern, si bien no tienen fuerza jurídica y por lo tanto muy a menudo el ejecutivo las incumple. Las tres recientemente aprobadas son sobre ámbitos muy sensibles de la actualidad educativa.
Más plazas de FP
A propuesta del grupo de En Comú Podem, el jueves se aprobó una resolución que insta al Govern a incrementar más plazas de FP pública y presencial, a incrementar también las plantillas y los centros, a “crear un grupo de trabajo con los actores implicados en el marco de la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya que aborde la planificación de la FP creando un verdadero mapa territorial de centros de referencia y integrados de FP”, a combatir las desigualdades territoriales existentes en la oferta de estos estudios, y a introducir en los currículos de todas las especialidades de FP la perspectiva de género y la visibilidad de las aportaciones de las mujeres. Esta propuesta de resolución se aprobó con el voto de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que votó en contra.
En cambio, la cámara rechazó una propuesta de resolución muy similar presentada por el grupo socialista. En este caso, se iba un poco más allá, y se instaba al Govern a “incrementar la oferta pública de ciclos formativos como mínimo con 38.000 nuevas plazas, especialmente de grado medio”, así como a publicar un mapa de la oferta de ciclos formativos en toda Catalunya y elaborar un mapa de necesidades formativas en el territorio. Votaron en contra ERC, JxCat y la CUP y se abstuvo Vox.
Escuela inclusiva y centros de máxima complejidad
Otra resolución, en este caso presentada por la CUP, pide al Govern tres cuestiones en el ámbito de la inclusión y la segregación escolar. Por un lado, una mejor coordinación entre los servicios de salud, sociales y educativos a fin de que cada niño o joven vulnerable que necesite algún tipo de recurso socio-sanitario cuente con un “plan de actuación individualizado”. Por otra parte, se pide revisar los criterios de clasificación de complejidad del alumnado, con una mayor participación de la comunidad educativa, así como una moratoria “de un mínimo de dos años” para que los centros que han perdido nivel de complejidad mantengan la misma asignación de recursos que tenían antes.
Y, finalmente, la creación “sin más demora de un grupo de trabajo que cuente con la totalidad de la comunidad educativa para avanzar hacia el desarrollo efectivo del Decreto sobre Escuela Inclusiva y garantizar el curso 2021-22 y siguientes los recursos docentes y educativos necesarios para aplicar plenamente los objetivos y criterios de este decreto”. Esta propuesta de resolución se aprobó con los votos de la CUP, En Común Podemos y el PSC, la abstención de ERC, JxCat y PP, y el voto en contra de Cs y Vox.
Tramitación de las becas MEC
Aparte, en la Comissió d’Educació de ayer se aprobó una resolución, presentada por el PSC y transaccionada con ERC sobre las llamadas becas MEC, que es dinero que paga el Ministerio de Educación al alumnado con discapacidad, según criterios de renta, para el comedor o para terapias que se hacen fuera del horario lectivo. Son becas del Ministerio pero las tramita la Generalitat, y por ello en este caso el Parlament insta al Govern a que, “en Catalunya, su resolución y percepción se realice, como máximo, a finales del primer trimestre de cada curso escolar” (actualmente, se hace en el tercero, lo que genera bastantes problemas a las familias). También se insta a los gobiernos catalán y español “a seguir trabajando para hacer efectivo de cara al próximo curso escolar 2022-23 el traspaso de la gestión de las becas pendientes”. En este caso, la resolución la aprobaron todos los grupos, con las abstenciones de Vox y Ciutadans.
Aparte, en el debate de política general, Vox, PP y Ciutadans presentaron varias propuestas de resolución sobre cuestiones como la llamada libertad de escoger el modelo educativo o sobre la obligatoriedad de impartir el 25% de las asignaturas en castellano, que fueron rechazadas por la mayoría.
