El deseo del ala más progresista del partido Demócrata de aprobar un nuevo paquete de estímulo por valor de 3,5 billones de dólares que aporte financiación no sólo para reparar y modernizar infraestructuras de transporte sino también distribuir más ayudas sociales está generando muchos dolores de cabeza a la Casa Blanca. El Senado aprobó el 10 de agosto por 69 votos a favor y 30 en contra un paquete de 1 billón de dólares para reparar y mejorar carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, puertos y ampliar la red de banda ancha. Diecinueve senadores republicanos votaron a favor de esta medida, a pesar de la presión en contra que ejerció Donald Trump. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fue uno de los 19 republicanos que apoyaron el paquete. Biden aun agradeció a los senadores republicanos su coraje político.
Sin embargo, al día siguiente de la votación del 10 de agosto en el Senado, la Casa Blanca inmediatamente anunció que buscaría la aprobación en el Congreso de un paquete de 3,5 billones de dólares. Además de los fondos para infraestructuras de transporte y energía, este proyecto de ley otorgaría bajas por paternidad y maternidad remuneradas, bajas laborales por enfermedades pagadas, vacaciones remuneradas, escolarización universal de los 3 a 4 años, subvenciones para la asistencia a parvularios y a community colleges (universidades públicas) y desgravaciones fiscales y ayudas para fomentar tecnologías y energías verdes.
El peso de las ayudas públicas
Desde un punto de vista europeo, pueden parecer ayudas razonables. Pero es necesario considerar los efectos de un nuevo estímulo de fondos públicos tan grande sobre la deuda de los EEUU, los impuestos que se aumentarían para intentar financiarlo y la polarización política que provoca. La deuda nacional de los EEUU ya alcanza 28,2 billones de dólares (un 107% del PIB) y el déficit público este año es de 3 billones. Con el programa de 3,5 billones y el estímulo de marzo de 1,9 billones (el American Rescue Plan), añadirían 5,4 billones a la deuda nacional, aproximadamente una quinta parte del total ya existente.
La Casa Blanca insiste en que este gasto público, que se distribuiría durante los próximos diez años, no incrementaría el déficit y la deuda. Se generarían ingresos mediante un aumento del impuesto de sociedades (del 21% al 26,5%), una subida del impuesto de la renta para los que ingresan más de 400.000 dólares anuales (que pagarían un tipo de 39,6% en lugar de 37%) y obligando a las multinacionales a pagar más impuestos. Sin embargo, el sistema tributario de los EEUU es muy complejo. Muchos pequeños empresarios se acogen al impuesto de la renta para declarar y tributar sus ingresos. La elevación del impuesto sobre las plusvalías al 25% también afectaría a las clases medias, ya que el 50% de los estadounidenses tienen acciones, sea de manera directa o a través de fondos de inversión o de jubilación.
La Congressional Budget Office, una entidad independiente del Congreso, pronosticó que el proyecto de ley para infraestructuras de 1 billón de dólares elevaría el déficit en 256.000 millones la siguiente década. Por otra parte, el también independiente Committee for a Responsible Federal Budget (Comité para un presupuesto federal responsable) prevé que el verdadero coste del programa más ambicioso sería de 5 billones de dólares durante la próxima década si las ayudas se hacen permanentes.
Más allá de estas consideraciones, la Casa Blanca no cuenta con los votos para aprobar el paquete de 3,5 billones. A pesar de docenas de reuniones, dos senadores Demócratas (Joe Manchin de Virginia occidental y Kyrsten Sinema de Arizona) han reiterado públicamente que se oponen al proyecto de ley de 3,5 billones. Manchin asevera que más de 1,5 billones de gasto público es irresponsable y que los ingresos derivados de incrementos de impuestos hay que emplearlos para reducir el déficit público. Pasa lo mismo con congresistas demócratas moderados en la Cámara de Representantes.
Desde un punto de vista macroeconómico, EEUU no necesita en este momento una inyección tan grande de gasto público. El PIB está creciendo a un ritmo anual de más del 6% y el paro desde abril de 2020 ha disminuido cada mes hasta situarse en el 5,2% en agosto. Muchos economistas argumentan que tantas subvenciones desincentivan el trabajo.
Falta de apoyo
A diferencia de los paquetes de 2020, el de marzo de 2021 concede ayudas que no se deben contabilizar de cara a la declaración de la renta y no exige a los beneficiarios que busquen trabajo. El ritmo de crecimiento de la economía y de generación de empleo se ha desacelerado en los últimos meses en parte porque no se cubren muchas vacantes laborales. Mientras que el PIB alcanzó una expansión del 6,3% a ritmo anual en el primer trimestre y de un 6,6% el segundo, Goldman Sachs (5,5%) y la asociación empresarial Conference Board (5,5%) coinciden en una previsión sustancialmente inferior para el tercer trimestre. La variante Delta y sus efectos sobre el consumo explican parcialmente la desaceleración. Pero el incremento de la inflación y la incertidumbre sobre la agenda legislativa de Biden no ayudan a crear un clima propicio para la economía.
Cabe recordar que los Demócratas cuentan con mayorías mínimas en ambas cámaras del Congreso: el Senado la vicepresidenta debe deshacer el empate a 50 y en la Cámara de Representantes la mayoría Demócrata es de sólo ocho escaños. También hay que destacar que desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el Congreso de los EEUU ya han aprobado paquetes de estímulo por valor de 5 billones de dólares. Inicialmente era necesaria una inyección de gasto público frente a la fuerte bajada del PIB, el cierre de comercios y la incapacidad de muchos estadounidenses de poder trabajar. Pero los paquetes de 2 billones de marzo y 900.000 millones de diciembre de 2020 fueron el resultado de negociaciones y compromisos entre los Republicanos (que controlaban la Casa Blanca y el Senado) y los Demócratas, que tenían la mayoría en la Cámara de Representantes. El American Rescue Plan de 1,9 biliones de marzo de 2021 se aprobó sólo con votos Demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
La sombra de Afganistán
Republicanos y Demócratas se critican mutuamente ante fenómenos claramente negativos como la retirada precipitada y humillante de Afganistán, el incremento de la criminalidad violenta, la crisis en la frontera con México y la subida de la inflación. La comparecencia ante el Senado y la Cámara de Representantes del ministro de Asuntos Exteriores, Antony Blinken, y de la cúpula militar de Biden ha dejado claro que el acuerdo que firmó Donald Trump con los talibanes era muy flojo. Dejaba de lado el gobierno afgano, ordenaba la liberación de 5000 talibanes de prisiones afganas y sólo exigía a los talibanes que no atacaran a las fuerzas occidentales ni ocuparan ciudades o capitales provinciales.
Sin embargo, Biden ignoró la petición de Blinken, del jefe del estado mayor de las fuerzas armadas (General Mark Milley) y del general Kenneth McKenzie (jefe del Central Command, que engloba el norte de África, Asia meridional y central) de mantener 2.500 efectivos de manera provisional para facilitar un acuerdo político más ventajoso entre el gobierno afgano y los talibanes. EEUU tuvo que llevar a cabo la retirada de sus civiles y afganos (120.000) que colaboraron con las fuerzas occidentales bajo la amenaza de un grupo terrorista (los talibanes). El 26 de agosto un ataque suicida del ISIS mató 182 personas (169 afganos y 13 militares de los EEUU) a la entrada del aeropuerto de Kabul. El ataque Retaliator con un dron por parte de los EEUU erróneamente mató 10 civiles de una ONG, subrayando que sin presencia de ningún tipo (militares, fuerzas especiales) sobre el terreno en Afganistan costará evitar la reconstitución de Al Qaida y el ISIS en el país.
Frentes sociales abiertos
El incremento de la criminalidad en muchas ciudades de los EEUU es difícilmente atribuible a los Republicanos. Durante 2020 los Demócratas llevaron a cabo recortes sustanciales en el presupuesto de la policía. Permitieron que manifestaciones violentas destruyeran estaciones de policía y comercios. Un intento de reformar la actuación de la policía pactada entre Demócratas y Republicanos ha fracasado ante la exigencia de los Demócratas de reducir el presupuesto para cuerpos de policía que no alcancen ciertos objetivos. El negociador republicano, el senador afroamericano Tim Scott de Carolina del Sur, encabezó un proyecto bajo Donald Trump que redujo sentencias criminales y crea zonas de oportunidad económica en barrios afroamericanos pobres. Scott aceptaba que la policía tuviera que llevar cámaras (que registren su actuación) y prohibir ciertas prácticas.
En cuanto a la crisis en la frontera con México, las imágenes de miles de haitianos acampados cerca de la frontera perjudican la Casa Blanca. Miles de centroamericanos y haitianos se han desplazado hasta la frontera porque creen que Biden les dejará entrar. No les falta razón. El líder de los Demócratas en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que EEUU necesita mano de obra barata, insinuando que todos los inmigrantes deberían poder entrar. Los haitianos exigen que se les dé más comida. En un vídeo de hace pocos años Biden señalaba que quería una ola imparable de inmigración hacia los EEUU que dejara a la población blanca en minoría. Trump restringió la inmigración, hizo alargar el muro en la frontera y atacó los inmigrantes. Pero el Tribunal Supremo reinstauró la política según la cual los que solicitan asilo en los EEUU deben permanecer en México.
Biden, menos popular
Más allá de todas estas consideraciones, está la realidad de las encuestas. El índice de aprobación de Biden ha descendido considerablemente en todas las encuestas. La de Pew Research muestra que un 44% del electorado aprueba su gestión, mientras que un 53% la censura. El estudio de Pew, confirmado por encuestas internas de los Demócratas, muestra que desde julio el apoyo para Biden entre los jóvenes (18 a 29 años) ha caído 14 puntos. Entre los hispanos ha disminuido 16 puntos. Y entre los afroamericanos ha retrocedido 18 puntos. La encuesta de Gallup, realizada durante la primera mitad de septiembre, lo sitúa en un índice de aprobación del 43%, seis puntos menos que en agosto y trece puntos menos que en junio. Entre los votantes independientes, sólo tiene una valoración positiva del 37%, mientras que el 55% desaprueban de su gestión.
Muchos Republicanos han sumado a los Demócratas en la Cámara de Representantes (votación de 254 a 175) y el Senado (votación de 65 a 35) para impedir un cierre del gobierno federal y prorrogar la financiación de su actividad hasta diciembre. Diecinueve senadores republicanos apoyaron el proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares. En cambio, los Demócratas más radicales en la Cámara de Representantes no quieren aprobar este proyecto de ley si no se vota también sobre el paquete de 3,5 billones.
Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió gobernar para todos los estadounidenses y reconciliar el país después de las divisiones creadas por Donald Trump. Ya ha hecho bastante concesiones a los Demócratas radicales que ahora han secuestrado su agenda. Necesita además una victoria legislativa. Si coopera con los Republicanos moderados, debilitará la posición de Trump y la influencia de sus seguidores. Es hora de que Joe Biden actúe como un estadista.
