La materia objeto de estudio no resulta novedosa y la justificación de su regulación encuentra un rico argumentario a favor desde diversas y enfrentadas escuelas políticas. Ante esta primera tentativa, y dada la tendencia reguladora vista en Canadá, Paraguay, diversos estados de EEUU o el futuro alemán, empleamos estos párrafos para ampliar el horizonte productivo que la regulación del cannabis -prestando atención al cáñamo-, puede llegar a desplegar.
La proposición de ley, pese a mostrar en el título su presunta naturaleza integral, no ha conseguido identificar las posibilidades que el Cannabis, en todas sus variedades, puede llegar a desarrollar. En la argumentación de la proposición se alegó que “creemos que regular el uso medicinal no es suficiente”. Pues bien: tal propuesta de su uso no medicinal tampoco lo es. Al cáñamo industrial se le menciona a modo definitorio sin desplegar ninguna regulación ni directriz. Lo mismo acontece tanto en la propuesta de ERC como de Unidas Podemos, aunque esta última exponga las externalidades positivas de su cultivo, además de mencionar subsectores industriales donde se muestra una mayor proyección.
Las diversas posibilidades que ofrece la planta van mucho más allá del consumo específico de la floración femenina de la misma (“cogollos”), en donde se encuentran con mayor intensidad los más de 60 cannabinoides (entre ellos el THC, CBD, CBN, CBC, etc). La diferencia más reconocible entre marihuana y cáñamo es el mayor contenido de THC en la primera -y su correspondiente efecto psicoactivo-, frente a un menor CBD y viceversa. Tales compuestos químicos, en interacción con el sistema endocannabinoide humano, generan diversas respuestas en los procesos fisiológicos. El estudio de tales relaciones, posibilita el avance de la medicina clínica, así como el desarrollo de la industria farmacéutica. De la planta del cáñamo se valoran principalmente sus fibras (tallo), y semillas.
El interés agroindustrial del cáñamo reside en la reformulación productiva que podrían ejecutar sectores como la construcción, textil, papel, alimenticio y farmacéutico. De tal manera, los usos, aplicaciones y mercados a los que se enfrenta el cáñamo y la marihuana respectivamente son totalmente diferentes. La demanda con la que los intereses agroindustriales del cáñamo interactúan, experimentan un incremento en tanto que se engloban en la nueva ola de productos ecológicos y medioambientalmente sostenibles. La introducción formal de tales productos bajo esta categoría requeriría de cumplir con las certificaciones correspondientes; aunque de facto la materia prima ya suponga una sobreidentificación hacia la que una proporción de la demanda más sensible tienda a acudir. Atender a tales demandas, significa interpretar y encauzar el mercado.
La introducción del cáñamo a los campos ya es una realidad, recuperando sin saberlo un cultivo histórico que experimentó una extensa cadena de valor y regulación, con mayúscula intensidad en el siglo XVIII, en tanto que suponía una necesidad estratégica para las políticas imperiales europeas (suministro a la industria militar, además de uso civil). De 2015 a 2020, solo en Catalunya, se ha producido un incremento de 6 a 467 hectáreas. La finalidad de tales plantaciones es diversa, aunque se incluya la posibilidad de encubrir plantaciones de marihuana. Catalunya es la comunidad autónoma con mayor superficie empleada (510 para el total del estado). A nivel europeo, Francia es el principal actor, llegando a disponer de 20.000 hectáreas en rendimiento bajo diversas redes de producción y comercialización.
Así pues, ante una oportunidad de mercado incipiente, más aún en contexto de crisis económica y climática, resulta de interés desarrollar estrategias que se adapten a las necesidades productivas, de entre las cuales destaca la recuperación de un sector agrario sólido y sostenible, así como impulsar a subsectores industriales como los mencionados, donde la construcción, el papelero y alimentario, ya gozan de relativa presencia. Tal ejercicio marca un desarrollo endógeno que integra las potencialidades de los inputs existentes a la vez que pretende fortalecer vía industria el tejido productivo frente a shocks externos. Paralelo a ello, tal desarrollo sostenible ha de ser conjugado en función de la mitigación del cambio climático.
La producción agrícola del cáñamo absorbe altas cantidades de dióxido de carbono, habilita manufacturas compuestas por biomateriales en sustitución de los sintéticos ofreciendo rigidez y durabilidad, y puede llegar a generar una emisión negativa de dióxido de carbono desde su aplicación en la construcción (el hormigón de cáñamo posibilita el aislamiento térmico y acústico). Al mismo tiempo, el cáñamo facilita la rehabilitación de tierras en desuso y la mejora del sustrato; siendo recomendable incluso como cultivo de rotación.
¿Es posible integrar tales consideraciones ecológicas en un análisis económico? Las características descritas previamente, generan que desde el primer estadio de la cadena de valor, dentro de un análisis agroecológico, el balance pudiera ser más fácilmente positivo. Tal lógica es desarrollada por las teorías socio-ecológicas, donde se conceptualiza al metabolismo social. Este mismo hace referencia a la evolución de la interacción entre el entorno y los grupos humanos, en el que las variables cobran una dimensión energética y la eficiencia pueda ser evaluada en términos globales y no únicamente según el parcial rendimiento mercantil. Bajo tal línea y desde el plano teórico, las propuestas políticas y económicas deben hermanarse con tales estudios. Así pues, desde este prisma de defensa de transformación productiva y transición ecológica, el juicio sobre una propuesta que no desarrolle tales aspectos siempre será insuficiente.
Para el caso concreto del cáñamo en España, actualmente se requiere de la inscripción en el REGEPA (Registro de Explotaciones Agrarias) para el cual se debe entregar, junto a la documentación que posibilite la trazabilidad, la certificación emitida por las empresas distribuidoras de que las semillas estén autorizadas. Para la elaboración de productos con base de cannabinoides se requiere autorización de la AEMPS (Asociación Española del Medicamento y Productos Sanitarios). Pese a que uno de los fines del cultivo sea la recolección de semillas, estas no pueden ser empleadas para la siembra dado que la adaptación de la planta puede modificar sus características genéticas, así como los niveles de THC. Este mismo se encuentra en 0,3% tras la reciente modificación realizada en el Parlamento Europeo en el marco de la PAC 2023-2027 en octubre del 2020 (previamente estaba en 0,2% desde 1999). Tal cambio evidencia el progresivo cambio de paradigma que se está gestando.
El legislador nacional, sin embargo, debe tomar iniciativa para trazar estrategias agroindustriales ofreciendo seguridad jurídica, iniciativa y agilidad para la toma en marcha de proyectos vinculados al agro sostenible. El pobre marco institucional ha generado pérdidas como el cierre y traslado a Francia en 2008 de la empresa pionera del sector en España, Agrofibra -con cultivos de cáñamo en las comarcas de Berguedà, Solsonès, Bages y Osona-. Ejemplo de un buen hacer, es la creación en 2020 del Polo Tecnológico del Cáñamo en Extremadura en el cual la administración pública (vía CTAEX) está involucrada. En la misma línea, mencionamos la fundación del hub del cannabis por parte de la UPC junto a la empresa Valenveras en marzo de este año. Ante una oportunidad como la presente, la próxima Ley Integral del Cannabis no deberá ignorar la gestación y crecimiento de los subsectores agrícolas e industriales del cáñamo.
Samuel García es miembro del Espai 08
