Cerrado el caso Jaume Roures contra Pere Rusiñol. La magistrada María Antonia Coscolla, Feixa del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, ha decidido el sobreseimiento total de la querella por injurias y calumnias que el empresario Jaume Roures había impuesto contra el periodista Pere Rusiñol por unas declaraciones referentes al cierre de la edición en papel del diario Público en el año 2012. En una entrevista concedida al diario Regió 7, Rusiñol calificó de “estafador” el magnate catalán. El auto de la magistrada, que puede ser recurrido, argumenta que “el investigado usó esa palabra como una palabra común en el sentido de sentirse engañado” y que “el investigado, a consecuencia del incumplimiento de lo que se les había prometido, pudo encontrarse en una situación casi desesperada, al quedarse sin empleo, sin sueldo, y prácticamente sin indemnización”. Por esta razón, las supuestas injurias no constituirían la base de delito alguno.
La (complicada) experiencia de la edición en papel de Público: En febrero de 2012, Jaume Roures y sus socios cerraron la edición en papel de Público mandaron a los trabajadores al Fogasa (fondo de garantía salarial). Según la documentación aportada en el concurso de acreedores, la deuda total superaría los 10 millones, entre mensualidades de los trabajadores, proveedores y colaboradores, así como a la Seguridad Social y Hacienda Pública. Fue precisamente durante el transcurso del concurso de acreedores cuando se puso de manifiesto que la matriz empresarial de Roures, Mediapubli, SL, vinculada a Roures, tenía su sede fiscal en Holanda, país cuyo régimen fiscal era notablemente más laxo que el español por aquel entonces. Después de cerrar la compañía, Mediapubli SL recompró la cabecera de Público y volvió a controlar la empresa, pero esta vez sin necesidad de afrontar las deudas contraídas para con el conjunto de trabajadores.
