¿Está en peligro el modelo de inmersión lingüística?
Posiblemente sí, pero no tanto por causas judiciales. Está en peligro si se tiene en cuenta los datos del reciente estudio del Consejo Superior de Evaluación sobre la progresiva disminución del uso del catalán en los centros educativos. Este estudio viene a decir que, a pesar de que la lengua vehicular en el aula es teóricamente el catalán, no lo ha sido nunca del todo y lo es menos ahora, donde sólo el 46,8% del profesorado dice que “siempre o casi siempre” se dirige a su grupo en catalán, mientras que el 24,3% lo hace “a menudo” (71,1% sumados). Hace quince años, quienes lo hacían “siempre o casi siempre” eran el 63,7% y “a menudo” el 13,8% (77,5% sumados). Más allá de este bajón, y de que alrededor de uno de cada cuatro docentes siempre ha predominado el uso del castellano, los datos muestran también una preocupante tendencia a que el castellano gane terreno en la interacción entre alumnos, y entre alumnos y profesor.
Partiendo de esta base, la sentencia del TSJC (que no del Supremo) del 25%, incluso en el caso de que se llegara a ejecutar en su interpretación más estricta, no varía demasiado o nada esta realidad. El Govern la quiere revertir y ha activado un plan para que la presencia del catalán remonte a la escuela, pero ahora mismo los datos dicen que la presencia del castellano en el sistema educativo supera con creces ese 25%.
¿Qué dice la jurisprudencia y qué dice la ley?
A lo largo de los años ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional que, si bien nunca han cuestionado que el catalán sea la lengua de uso predominante en el sistema educativo catalán, sí que han querido asegurarse de que el castellano no quedaba relegado únicamente a ser el idioma de la asignatura de lengua y literatura castellana. En este difícil equilibrio se mueve el artículo 11 de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que dice que “el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo”. Este “normalmente” puede entenderse de formas diversas. En cualquier caso, la LEC fue recurrida por el PP ante el TC, que en una sentencia de abril de 2019 avaló la constitucionalidad de la ley, y específicamente el punto que describe que la finalidad es el conocimiento de las dos lenguas oficiales, y sólo declaró inconstitucionales unos pocos artículos por invadir competencias estatales.
En cuanto a la resolución que ha vuelto a abrir la caja de los truenos, algunos medios de comunicación, líderes de opinión y entidades de la comunidad educativa se están refiriendo como la “sentencia del Supremo”. En realidad, la sentencia es del TSJC y es de diciembre de 2020, y ya entonces fue criticada, pero ni de lejos levantó la polvareda actual. Como muestra, la plataforma Somescola hizo un comunicado de rechazo, pero no convocó una manifestación como ahora. Lo que ha pasado ahora es que el Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación que el Govern había interpuesto contra esta sentencia, lo que la convierte en firme.
¿A qué obliga ésta la sentencia del TSJC?
Esta sentencia no anula ninguna disposición legal ni administrativa, sino que obliga al Departament de Educació a “normativizar” lo que varias sentencias anteriores, aplicadas a casos particulares, ya habían dictado: el hecho de que el 25% del tiempo lectivo sea en castellano. ¿Cómo se hace esto? El tribunal no lo dice, lo deja en manos del Departament, que por tanto tiene margen para decidir cómo ejecuta esta sentencia (en caso de que deba hacerlo), y antes de decidirlo es probable que pida alguna aclaración al tribunal en caso de que le llegue la petición de ejecución, entre otras razones porque cuando se dictó estaba en vigor una ley orgánica (la LOMCE) que establecía que el castellano era la lengua vehicular del sistema educativo, y que ahora está derogada. La ley orgánica actualmente en vigor (la LOMLOE) devuelve a los gobiernos autonómicos la competencia de decidir las lenguas vehiculares de los sistemas educativos (de hecho, éste fue un punto clave para que ERC apoyara esta ley). Éste era el principal argumento del recurso que el Supremo no ha admitido a trámite.
¿Por qué la movilización ahora?
La diferencia –sustancial– entre la situación anterior y la actual es que, hasta ahora, las sentencias de la sala de lo contencioso del TSJC eran individuales. Un gota a gota prácticamente imperceptible para el conjunto del sistema, ya que sólo aquél que lo pedía conseguía una enseñanza parcial en castellano, y no siempre. Ahora parece que esta resolución quiere institucionalizarlo o sistematizarlo, y eso es lo que ha encendido las alarmas y provocado la convocatoria de este sábado. En todo caso, para la mayor parte de entidades de la comunidad educativa, representadas en Somescola, lo más reprobable es que los tribunales de justicia intervengan en un debate que es pedagógico y en un modelo sobre el que existe un amplio consenso en la comunidad educativa (la muestra más palmaria es el manifiesto del Consejo Escolar de Cataluña)… que seguramente es menos amplio en el ámbito social y político (partidos como Vox, PP y Cs, que en las últimas elecciones catalanas sumaron cerca de medio millón de votos, están claramente en contra).
¿Qué papel juega el ministerio?
En cuanto se conoció la decisión del Supremo, el conseller Cambray habló con la ministra de Educación, Pilar Alegria, quien, según dijo el conseller, le garantizó plena colaboración. ¿Qué quería decir con esto? La sentencia del TSJC nace a instancias de una demanda contencioso-administrativa iniciada por el Ministerio de Educación en tiempos de José Ignacio Wert, contra las resoluciones de preinscripción de los cursos 15/16, 16/17 y 17/18, y por tanto, en teoría, sólo el ministerio debería poder pedir la ejecución de la sentencia. Y se supone que no lo hará, aunque esto implique soportar la presión y la crítica feroz de los partidos de la oposición en Madrid (y de sus altavoces mediáticos), los cuales le recordarán en cada momento que no ha pedido la ejecución de la sentencia. Quizá por eso la ministra de Justicia, Pilar Llop, en unas declaraciones hechas a finales de noviembre, consideró que correspondía al mismo tribunal sentenciador la iniciativa de ejecutar la sentencia, como diciendo que la responsabilidad no recaía en su colega de gabinete. Algunos medios catalanes interpretaron que Llop estaba diciendo que la sentencia se ejecutaría.
¿Estamos cerca del final?
En absoluto. Por el momento, no consta que ni el ministerio ni el TSJC hayan tomado iniciativa alguna sobre la ejecución de la sentencia, pero eso no quiere decir que el tema esté cerrado. Sobre el sistema educativo catalán colgará a partir de ahora una la espada de Damocles, ya que las sentencias no caducan, y por eso, aunque ahora el gobierno de Sánchez aguante la presión y opte por olvidarse de la ejecución, el PP podrá hacerlo el día que vuelva a gobernar. Sea dentro de un año o dentro de diez. Por eso algunas voces están pidiendo que la propia Generalitat inicie algún tipo de procedimiento judicial que acabe con una nueva sentencia que venga a decir que, de acuerdo con la LEC y la LOMLOE, lo que el sistema educativo debe garantizar es la plena competencia lingüística en catalán y castellano de los alumnos al finalizar la etapa de escolarización obligatoria.
¿Qué ha pasado en Canet de Mar?
Con el caso de Canet de Mar ha habido sobre todo un cambio de estrategia política y comunicativa, que cada uno puede valorar si ha sido acertada o equivocada. El juez obliga a un centro a impartir el 25% del tiempo lectivo en uno de sus grupos en castellano. Esto ha ocurrido en 80 ocasiones a lo largo de los últimos 16 años, lo que significa que, de los 26 millones de alumnos que han pasado por el sistema educativo catalán a lo largo de este tiempo ha habido 80 cuyas familias que han instado por vía judicial a que sus hijos recibieran parte de la enseñanza en castellano. Esto es el 0,0003% (aunque lógicamente ha afectado a unos cuantos más, teniendo en cuenta que en clase no están solos). Durante estos 16 años, en los que ha habido consellers de Educació de ERC (Marta Cid, Josep Bargalló), PSC (Ernest Maragall), CDC (Irene Rigau, Meritxell Ruiz) y Junts (Clara Ponsatí), cada nueva sentencia individual se había aplicado sin hacer ruido, seguramente por no dar ideas a otras familias o por no tensar el ambiente. En esta ocasión, y posiblemente porque ambas resoluciones (la no admisión del Supremo y las medidas cautelares de Canet) han llegado tan seguidas, se ha decidido hacer ruido o no se ha podido evitar. En cualquier caso, la imagen del conseller de Educació yendo en persona a la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar para apoyar a su comunidad educativa no se recuerda en ninguno de los anteriores casos.
¿Ha desobedecido al consejero?
Hasta ahora, no. Ha sacado pecho, sin duda, pero no ha desobedecido porque no ha recibido ninguna comunicación de ejecución de la sentencia por parte del TSJC. Cuando trascendió la noticia sobre la no aceptación del recurso por parte del Supremo, comunicó a las direcciones de los más de 5.000 centros educativos que no debían hacer nada ni tocar ningún proyecto lingüístico, porque la sentencia del TSJC no va con ellos sino con el Departament. En realidad, no ha verbalizado en ningún momento que no piensa acatar la sentencia, como tampoco el comunicado de los ocho exconsellers hecho público la semana pasada llamaba a la insumisión. Ahora bien, ciertamente los medios han interpretado este mensaje de desobediencia porque el conseller tampoco ha expresado que acatará la sentencia, sino que la ha criticado con vehemencia y como mucho ha dicho que se aplicará la ley vigente (es decir, la LEC y LOMLOE). Todo ello, pero en especial la carta a los directores, ha servido a la asociación Hablamos Español para interponer una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra González-Cambray ante la fiscalía, que según algunos juristas consultados tiene pocas opciones de prosperar. Además, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha anunciado que su partido se querellará contra el conseller “si no cumple con la sentencia del 25% del castellano”, lo que confirma que esta formación considera que todavía no ha tenido ocasión de desobedecerla. Y el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, también ha anunciado que denunciará al conseller y al president de la Generalitat por “el acoso” a la familia del menor de Canet.
¿Por qué pide Laura Borràs a Educació que asuma la dirección de la escuela de Canet?
Al conseller se le abren varios frentes judiciales, y todavía desde posiciones amigas se le sugiere que abra otro. Entre un sector de la opinión independentista no ha gustado nada que el Departament haya permitido que la Escola Turó del Drac acate la resolución judicial y el grupo de P5 pase a hacer tres tardes a la semana en castellano. Como esta decisión se toma para no comprometer a ningún funcionario (es decir, al equipo directivo del centro), la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en declaraciones a una emisora de radio, ha invitado al conseller a asumir directamente la dirección para así poder desobedecer. Una invitación envenenada que no parece tener que tenerse en cuenta y que hay que enmarcar en el amor y odio que lleva años caracterizando la relación entre los dos socios del Govern. Al fin y al cabo, en Canet se ha hecho como en todos los anteriores 80 casos, y ningún conseller/a ha asumido la dirección del jefe de estos centros.
Este fuego amigo ya lo probó el exconseller Josep Bargalló la pasada legislatura, cuando presentó un plan para fomentar el plurilingüismo que básicamente pretendía que los alumnos fueran más competentes en lenguas extranjeras, y en especial en inglés, pero una alusión al hecho que el castellano sea “lengua primera” de un sector de la población de Cataluña y la posibilidad de que centros ubicados en ámbitos muy catalanohablantes pudieran realizar alguna actividad en castellano para reforzar la competencia de esta lengua incendió las redes porque, sobre todo desde sectores de Junts, se quiso interpretar por la parte que más ardía.
