Hace una semana la Generalitat de Catalunya anunciaba “El SOC destina 14,4 millones de euros a un programa de primera experiencia profesional de jóvenes en las administraciones públicas”. A primera vista pensaríamos, que bien, políticas para la juventud, oportunidades laborales dignas y refuerzo en el sector público, pero a medida que se profundiza en la noticia, el detalle deja de cuadrar.
Para empezar por el principio, aunque el anuncio no lo menciona, este programa es una de las iniciativas de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el gobierno de España en el mes de abril del año pasado, concretamente corresponde a la inversión número 1 “Empleo Joven” del componente 23 llamado “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, es decir, es un programa elaborado por el gobierno de España y aprobado por la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation, este último punto, casualmente, sí se encuentra citado.
En el PRTR se encuentra el programa detallado con los objetivos, beneficiarios, presupuesto y características que éste debería cumplir, que, a su vez, se concreta en la Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se establecen sus bases de este programa. En resumen, los beneficiarios y condiciones que deben regir el programa se encuentran extensamente descritas en el PRTR y la Orden.
Parece que el Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC en catalán) o no se ha leído a fondo la normativa o bien ha decidido unilateralmente cambiar sus condiciones. Empecemos con lo que explica el anuncio, el SOC “subvencionará la contratación en prácticas de más de 600 jóvenes menores de 30 años durante 10 meses en diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya y sus organismos públicos.”, es decir, que según este enunciado sólo se beneficiará del programa la Generalitat y sus organismos, no se menciona en ningún caso a las entidades locales, que se encuentran claramente identificadas tanto en el PRTR como en la orden del Ministerio que contiene las bases, como una de las administraciones públicas beneficiarias de este programa. Podríamos pensar que es un error del anuncio, pero no, pues encontramos que en la Resolución EMT/3881/2021, de 27 de diciembre, por la que el SOC abre la convocatoria anticipada para el año 2022, deja completamente fuera a las entidades locales como administraciones beneficiarias para este año, demostrando no sólo su deslealtad institucional sino la deslealtad a la vocación de transversalidad institucional del programa, que quería ser una oportunidad para los jóvenes a todos los niveles, estatales, autonómicos y evidentemente también locales.
Pero no es sólo en este punto que la Generalitat ha decidido restringir de forma unilateral quien se beneficiará de este programa, el anuncio dice “serán beneficiarias las personas jóvenes en situación de desempleo de entre 16 y 29 años que hayan cumplido su etapa formativa”, hasta aquí cumple lo que establece el PRTR y la orden con las bases, pero sigue así “tendrán que estar en posesión de un título universitario, de formación profesional de grado medio, superior o equivalentes, o uno certificado de profesionalidad.”, vamos, aquí encontramos la segunda deslealtad del Govern al objetivo del programa, decide excluir a las personas jóvenes que no disponen de un título universitario o de un grado de formación profesional, con otras palabras, excluye a las más jóvenes que por razones de edad no han podido alcanzar ninguna de estas formaciones y por supuesto excluye a las personas jóvenes con su etapa formativa finalizada, tal y como se establecía en el PRTR y en la orden del Ministerio, pero que no tienen un grado o título universitario.
Pueden parecer detalles, pero está en el detalle en el que se desarrollan las políticas públicas que las hacen inclusivas o excluyentes especialmente para las personas que más lo necesitan. Este programa, que surgió de una modesta idea de un grupo de personas jóvenes durante el confinamiento, para ofrecer a toda la juventud española una oportunidad de futuro, independientemente de su formación, de trabajar en lo que nos es común como ciudadanos y ciudadanas, el sector público, y que a su vez fueran estos jóvenes que nutrieran a la administración con su propia visión, en resumen, éste quería ser un programa inclusivo, generador y emancipador ciudadano.
Desgraciadamente, con una visión restrictiva, elitista y excluyente, el Govern de la Generalitat ha decidido privar a las personas jóvenes que no tienen un determinado “nivel” de estudios, y a las administraciones locales, la más cercana a la ciudadanía y al territorio, de esta experiencia que, podría ser enriquecedora no sólo para las personas que participaran, sino para toda la ciudadanía. Una nueva oportunidad para generar servicio civil perdida.
Catalunya Plural, 2024 
