“Los finales épicos pueden parecer imposibles, pero años de resiliencia nos han enseñado que aquello que parece imposible, solo tarda algo más en hacerse realidad. El movimiento por la vivienda seguiremos trabajando hasta lograr las leyes que necesitamos para ganar nuestros hogares”. Así cerraba, a principios del año 2021, el artículo de opinión “Vivienda, un derecho en peligro”. Un año que Cataluña cerró con 9398 desahucios, liderando de nuevo el ranking como territorio donde más se desahucia de todo el estado.
Con miles de personas quedándose en la calle y unas mesas de emergencia colapsadas, el drama estaba servido. Los motivos para llegar a esta situación son claros: la especulación con la vivienda y la nueva crisis económica derivada de la pandemia. Se podría evitar o minimizar este drama social? Sí.
El tira y afloja con las leyes de vivienda
A las dos razones expuestas como culpables de la emergencia habitacional, hay que sumar el resultado de las nefastas políticas de vivienda de las últimas décadas. Políticas que han dejado de lado la función social de la vivienda para tratarlo exclusivamente como un bien de mercado.
Para hacer frente a la situación, gracias a la presión social, en Cataluña se obliga a los especuladores a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables como principal medida para evitar desahucios.
El pasado 23 de febrero, el Parlament de Catalunya aprobó la ley 1/2022, fruto de la presión de las PAH Catalanes que lo elaboran y defienden para ampliar la ley 24/2015 de medidas urgentes contra los desahucios y la pobreza energética. Una ley ganada gracias a una ILP hace siete años. Años en que la problemática ha evolucionado y se ha endurecido con casuísticas no recogidas en el 2015.
El camino no ha sido fácil a causa de los ataques constantes del PP y la derecha política en general, la fuerza de los lobbies inmobiliarios y un Tribunal Constitucional a su servicio. Conquista de leyes impulsadas por gente de la calle, suspensiones, recuperaciones, nuevas leyes, nuevas suspensiones, nuevas leyes… Un círculo vicioso que parece no acabar nunca. ¿Quién paga el pato? Las personas a quienes les sobra mucho de mes al final del sueldo, del paro o de la prestación de turno después de perderlo todo.
La nueva ley antidesahucios catalana
¿Qué se ha conseguido con la ley 1/2022? Para las personas en exclusión, tres medidas imprescindibles para garantizar su derecho a la vivienda. Si la ley 24/2015 obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social, previo a abrir el proceso de desahucio, no contempla la renovación de este si llegada su finalización, la vulnerabilidad de la familia persiste. La nueva ley obliga a la renovación de los alquileres sociales. La no renovación es una de las principales causas de la nueva oleada de desahucios.
Del Decreto suspenso, también se recuperan los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalización de contratos de alquiler, evitando los desahucios invisibles de familias que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato con un gran propietario, al no poder acceder a la subida abusiva del nuevo alquiler y sin posibilidades de alquilar otra vivienda.
La medida más controvertida, revolucionaría y antisistema, es la que dictamina los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título. Ya sean familias que por falta de alternativas han ocupado un piso de banco o de fondo buitre, o familias que después de una ejecución hipotecaria o un desahucio por hipoteca, se han quedado en el mismo piso porque no pueden acceder a otro.
37.500 pisos vacíos
Según ha avanzado el programa Planta Baixa de TV3, a partir de datos facilitados por la Agencia Catalana de l’Habitatge, en Catalunya hay un total de 37.500 pisos vacíos de grandes propietarios, instituciones bancarias y fondos de inversión. Miles de viviendas que hace más de dos años no vive nadie.
La gran mayoría de estas viviendas vacías están gestionadas en propiedad por bancos y la SAREB. La entidad bancaria con más pisos vacíos es el BBVA y Divarian es el fondo buitre con más pisos en su propiedad.
Son datos escandalosos si tenemos en cuenta la carencia de vivienda pública a precios asequibles y la necesidad de vivienda social para hacer frente a la emergencia y dar respuesta a los miles de familias en exclusión residencial.
La ley 24/2015 recoge la cesión obligatoria de estos pisos, ampliada a siete años a la 1/2022, ley que incluye la ampliación de la definición de gran propietario, que incluirá ahora emprendidas de más de 10 viviendas, así como el control de ofertas de alquiler social obligatorio. Las sanciones por no hacerlas, con importes de hasta 90.000 €, se asumirán por parte de la Generalitat y no solo de los Ayuntamientos, marcando el límite de un mes para realizar la oferta, evitando demoras en la firma de los alquileres sociales.
Las grandes mentiras
Cómo es habitual, el relato propiciado por los partidos de derechas, alimentado por los grandes medios financiados por los lobbies inmobiliarios y la prensa sensacionalista, está lleno de mentiras para incomodar al público mayoritario. ¿El objetivo? Poder ganar la opinión pública de los pequeños propietarios, generar conflicto, miedos y poder justificar sus ataques al derecho a la vivienda a golpe de recurso y suspensión de leyes creadas para defender a la gente y no el bolsillo de bancos, fondos, promotores e inmobiliarias.
Es esta derecha parlamentaria la que votó en contra en el Parlament de la aprobación de la ley 1/2022 y están amenazando con llevarla al Constitucional desde antes de empezar el proceso para hacerla efectiva.
Hemos podido sentir y leer argumentos y titular como: ‘’Cataluña abre la puerta a las ocupaciones masivas”, “La ley catalana contra desahucios, una norma populista, inconstitucional y generadora de inseguridad”, “No se puede proteger la ocupación y establecer medidas que favorezcan la misma”. La lista es tan interminable, como errónea.
La ley obliga a ofrecer alquileres sociales a personas sin título habilitante, cierto, pero la medida sólo es aplicable a las familias que estén viviendo en esta vivienda antes del 1 de junio de 2021. Cualquier ocupación posterior no está cubierta por la ley más allá de la obligación de la administración pública a garantizar una vivienda.
Esta retroactividad de la ley, rompe totalmente el relato comentado y deja claro que no se abre ninguna puerta a convertir Cataluña “en el paraíso de los okupas”. Si actualmente somos el territorio con más ocupaciones, no deja de ser el efecto más negativo a ser la CCAA donde más se desahucia y una de las que tiene los precios de la vivienda más cara.
Una realidad social, que no se puede vender como el gran problema que se venden las empresas de alarmas o las campañas mediáticas en épocas de vacaciones. Hay que dejar de criminalizar la pobreza, diferenciar la okupación política de la ocupación por necesidad y tener muy presente que los datos son claros cuando hablamos de un problema sobredimensionado.
“La PAH ha sido un grupo de presión que ha forzado la administración a trasladar sobre los propietarios el peso de las políticas de vivienda, sin discriminar los bancos o fondos buitre de los pequeños propietarios” (Òscar Gorgues, Gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona)
También es falso que los pequeños propietarios tengan que asumir la obligación de ofrecer alquileres sociales, en contra de sus intereses, puesto que tienen alquilados los pisos para sobrevivir o ganar calidad de vida. Esta obligación es para grandes propietarios/especuladores. Si eres una persona física con menos de 10 viviendas, no tienes ninguna obligación. Esta recae sobre la Generalitat y los Ayuntamientos, que tienen que activar el realojamiento por las diferentes vías a su alcance, por lo tanto, de garantizar los derechos de propietarios y locatarias vulnerables.
Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, afirma “Es una medida populista, sin recorrido, puesto que el Gobierno de la Generalitat no tiene competencias sobre esto, de forma que el Tribunal Constitucional tiene que determinar si es constitucional o no y, con toda probabilidad acabará quedando sin efecto. Lo único que está generando es inseguridad entre los grandes tenedores de viviendas, que en lugar de invertir en Cataluña preferirán hacerlo en otras autonomías donde no pongan tantas trabas al sector”.
Aquí queda muy resumido otro de los argumentos más típicos y clasistas a la hora de atacar los adelantos en materia de derecho a la vivienda. Por un lado, amenazas del sector al retirar actividad económica y por el otro las controvertidas competencias. “Casi todo sobre lo que legisla esta nueva ley es competencia estatal y no autonómica”, destaca la abogada.
Recordamos el informe del CGPJ, sobre el actual proyecto de ley de Vivienda del Gobierno central, donde dice que el Gobierno podría estar enfangándose más de lo que le correspondería en materia de vivienda, porque en cuestiones de vivienda las que mandan son las comunidades.
En virtud del artículo 18.1.3 de la Constitución Española, “las Comunidades Autónomas podrán asumir como competencia exclusiva la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, competencia que ha sido efectivamente incluida en todos los Estatutos de Autonomía”. En la mayoría de cuestiones, el Estado tiene que tener un papel únicamente supletorio, según establece la propia Constitución en su sinopsis del arte. 47.
Avisa el informe del Poder Judicial que “El Estado dispone de títulos competenciales que pueden incidir en mayor o menor medida en la materia de vivienda, sin que en ningún caso esto le permite ordenar por completo esta materia, ni duplicar o vaciar de contenido las atribuciones autonómicas”.
La polémica está servida. Cataluña avanza, el Tribunal Constitucional sentencia y recorta. Mientras, vemos como se puede secuestrar, en manos de unos pocos poderosos, el derecho a la vivienda y la democracia que lo hace efectivo. Las amenazas a la ley 1/2022 ya sobrevuelan. Miles de personas necesitan que perdure para poder sobrevivir bajo techo. Si el precio a pagar, pasa para reducir los beneficios de los especuladores, ya va siendo hora de regular una situación que le ha permitido, hasta ahora, enriquecerse a golpe de desahucio para acumular viviendas y continuar hinchando la burbuja inmobiliaria.
Catalunya Plural, 2024 
