Las tendencias privatizadoras en la provisión de servicios públicos iniciadas en los países anglosajones en los años setenta llegan a España y Cataluña a finales del siglo XX y se acentúan con la crisis financiera. La corriente que incorpora estas tendencias se denominó Nueva Gestión Pública (NGP) y abanderaba la incorporación de los principios de mercado dentro de la provisión de servicios públicos. Su objetivo era, y es todavía hoy, impulsar la competitividad dentro de las administraciones y empresas del estado, tomando como modelo de éxito a imitar la gestión empresarial privada; algunos de los métodos más conocidos de la NGP en España han sido la privatización formal (gestión de los servicios a través de entidades de titularidad pública sometidas a derecho privado) y la externalización (también llamada privatización funcional).
A pesar de la dificultad de encontrar datos institucionales y públicos que comprueben estas tendencias en España y en el ámbito catalán, iniciativas como el World Inequality Report confirman en España el trasvase de capital de manos públicas a manos privadas. Si en 1980 la riqueza privada en España cuadriplicaba a la pública (400%), en 2020 la primera había aumentado hasta representar el 750% de la segunda.
Varios autores han subrayado las virtudes del modelo reivindicado por la NGP de gestión privada, pero no existe evidencia empírica clara de que sugiera la superioridad de las formas de coordinación público-privada, sea en términos de eficacia o eficiencia: de hecho, varios estudios posteriores a la irrupción de este modelo han demostrado lo contrario. Debido a varios factores, pero uno de ellos siendo esta falta de evidencia, frente al auge de tendencias de gestión privada de servicios públicos se ha reivindicado el retorno a la gestión pública directa de estos servicios, conocida como a remunicipalización o reinternalización.
El análisis de casos de diversas ciudades (París, Dar es Salaam, Buenos Aires) determinó que las entidades remunicipalizadas en el servicio del agua ofrecían servicios más equitativos, transparentes y eficientes que el proveedor privado que las antecedió, con más calidad en el servicio y más sostenibilidad en el largo plazo. En el estado español, el Tribunal de Cuentas determinó en su informe del Sector Público Local de 2011 que en municipios de menos de 20.000 habitantes, la gestión directa de los servicios analizados como el agua, la recogida de basura o la limpieza vial era más eficiente que su externalización.
En cuanto a servicios de titularidad autonómica, los debates sobre la eficiencia también se han dado en el mundo de la sanidad pública, donde encontramos visiones opuestas y no concluyentes sobre la prevalencia del modelo público-privado. Sin embargo, resulta evidente que el tipo de gestión de los recursos públicos que este modelo implica no ha conseguido eliminar los costes sociales, y que la gestión público-privada puede implicar costes adicionales si se tienen en cuenta todas las externalidades que comporta.
Entre estas externalidades sociales negativas, o costes sociales, encontramos dos implicaciones que pueden darse ante un aumento de provisión de servicios públicos por parte de entes privados, ya sea a través de privatizaciones formales o de externalizaciones. Uno es el cambio de relación laboral de las personas que los prestan, pasando de ser funcionarias a ser trabajadoras de la empresa que los provee, y el otro es el rebajamiento de los ciudadanos a la categoría de clientes en vez de titulares de derechos.
La segunda requiere un análisis de la eficiencia del servicio, que hemos visto que es contraria o dudosa a la privatización en ciertas ciudades, por ciertos servicios y en ciertos niveles administrativos; la primera tiene consecuencias directas sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
Dentro del ancho espectro de la contratación pública, a través de donde se canaliza la gestión indirecta de servicios (y, por tanto, a través de manos privadas), empresas que aplican modelos conocidos por sus condiciones laborales precarias como las empresas multiservicio copan hasta el 5% del presupuesto total adjudicado. Si excluimos obras públicas y la provisión de bienes, y nos centramos en la provisión de determinados servicios, la proporción asciende a cifras altas. En cuanto a los servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente, en Cataluña se adjudicó a empresas multiservicio y facilities el 42% del volumen, y en cuanto a los servicios comerciales al por menor de hostelería y restauración, fue el 40%. Por lo tanto, no se pueden ignorar los efectos que oleadas privatizadoras de servicios públicos tienen sobre las condiciones laborales de muchas trabajadoras.
En la provisión y gestión de servicios públicos, autores como Tornos Mas consideran que el debate debe centrarse en torno a la eficiencia de cada modelo: aun así, no podemos ignorar que el estado no solo actúa de garante de derechos en la provisión en sí de bienes y servicios a la ciudadanía, sino que también desprende esta garantía (o su ausencia) en la modalidad en la que lo hace.
Ante la falta de evidencia empírica clara, el análisis del modelo se reduce de momento al estudio de cada caso, y éste debe incorporar externalidades positivas y negativas, incluyendo costes sociales y dejando atrás concepciones de eficiencia puramente económicas. Si dentro de los recientes debates sobre contratación pública está tomando fuerza que tengan menos peso los factores de precio, y se están introduciendo de forma obligatoria factores sociales, como a través de cláusulas especiales de ejecución, la introducción de criterios sociales como la calidad de los derechos de las personas trabajadoras debe integrarse en la valoración del modelo óptimo de gestión.
Referencias:
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