En los últimos años han ido surgiendo alternativas al modelo de vivienda hegemónica capitalista, que difícilmente lo hace accesible a un público diverso, que no significa necesariamente amplio, debido a: el elevado precio de mercado de la vivienda, el coste de los suministros básicos, los criterios de evaluación de las agencias inmobiliarias, y la especulación. Entre estas alternativas encontramos la co-vivienda y la masovería, posibles soluciones ante el aumento de los precios del alquiler, y del individualismo arrastrado por la corriente imperante del neoliberalismo, por medio de la comunidad y la optimización de servicios comunes.
Un gran ejemplo de este fenómeno son las viviendas en cesión de uso, lo que significa que la propiedad del inmueble es, bien colectiva de la cooperativa o bien cedida por un período de largo plazo (entre 50 y 100 años) por la administración. Entre algunos de ellos, están Sostre Cívic, cooperativa para promover proyectos de vivienda cooperativa; La Borda en el barrio de Sants y recientemente premiada por el galardón Premio Mies Van der Rohe emergente 2022; y algunas cooperativas bajo el cobijo financiero de Coop57: Celobert, Envall Cooperativa, La Titaranya y la Cooperativa de Viviendas.
En Cataluña es una práctica que se va extendiendo, pero en ningún caso es mayoritaria. Sin embargo, es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona desde 2016 ha trabajado, fue entonces cuando se publicó la primera licitación para adjudicar solares para cooperativas de vivienda. En estos momentos se han dispuesto de 10 solares con cavidad para unas 250 personas, convirtiendo la ciudad de Barcelona en la primera ciudad del Estado que tiene en marcha proyectos de covivienda.
Asimismo, surgen otras iniciativas comunitarias para hacer frente a esta crisis. La cooperativa Bloc Cooperatiu con sede en Mataró es un ejemplo. El proyecto se constituye en 2021 como cooperativa de inquilinos, una iniciativa pionera en el mundo que se conforma por socias usuarias y colaboradoras, que a cambio de formar parte de la cooperativa entran en una bolsa de vivienda, y una vez se les asigna un piso, lo pagan por bajo precio de mercado.
“Las socias no deben pagar un capital de 30.000 euros para acceder a la vivienda, algo que a menudo mucha gente no puede permitírselo, esto hace que sea una cooperativa de una diversidad brutal. Nosotros creamos comunidad, red, y aunque no cooperativizamos el suelo, sí que cooperativizamos el entorno, y eso ya es transformador”, explica uno de los socios fundadores de la cooperativa, Lluís Ferrer.
La iniciativa nace en 2019 y entra dentro del programa europeo “Llogue’m”, coordinado e ideado por el Ayuntamiento de Mataró para captar pisos vacíos y reducir el precio del alquiler a cambio de una rehabilitación de hasta un máximo de 18.000 euros. Dentro de este marco nace Bloc Cooperatiu, impulsado por diez ciudadanas de Mataró, mayoritariamente del mundo de la militancia, quien hoy en día, ha constituido una cooperativa y ha generado una red de más de 70 socias. Ahora, sin embargo, se están estudiando otras líneas de viabilidad para que el proyecto continúe una vez se agote la subvención en noviembre de 2022.
“Debemos buscar otras fuentes de financiación. Es cierto que dentro de nuestro modelo de negocio tenemos compleja nuestra existencia, y más cuando no tenemos a nadie con quien reflejarnos, pero creemos que tiene una potencialidad muy grande dentro de la economía social y solidaria y de este fomento. este tipo de vivienda. Es una nueva línea: existe la vivienda en sesión de uso, la masovería, y ahora una cooperativa de inquilinos, ¿por qué no?”, recalca Lluís Ferrer.
Actualmente, la lista de espera para acceder a un inmueble es de 120 personas. Existen unos criterios de adjudicación, y en caso de que haya más de una persona por un piso, se aplican unos criterios de ordenación que se dividen en tres ítems: participación en la cooperativa; criterios sociales (ser madre soltera, y/o migrada, y/o persona joven, etc; y criterios de antigüedad).
“Yo soy socia colaboradora de la cooperativa. Para mí es una lucha social, porque todos tenemos algún conocido o amigo que está en una situación complicada para llegar a finales de mes. Los precios son altísimos, y al final estamos convirtiendo un derecho en un privilegio. Además de este modo creamos comunidad y todos nos sentimos útiles en cierto modo”, dice Julia durante la asamblea general anual de Bloc Cooperatiu.
El acceso a la vivienda parece un periplo cada vez más complicado de alcanzar: la infravivienda, el sinhogarismo y la pobreza energética son factores latentes que vive directamente la ciudadanía. En los últimos años, los casos de incendio por vivienda indigna en el territorio ha estado recorriendo. Desde 2005 sólo en Barcelona han muerto 12 personas por este motivo. Sin hablar del centenar de personas desahuciadas de sus propias casas, como el caso de Jacint Ferrer quien fue amenazado de desahucio por retraso en el alquiler después de vivir durante 80 años. O más recientemente, y como causa directa del golpe de crisis de la Covid-19, el caso de la familia del barrio de Poble-sec, quien fue desahuciada este pasado febrero en medio de un fuerte dispositivo policial. .
Frente a este panorama, sindicatos, redes y plataformas por el derecho a la vivienda cada vez se extienden más y acogen mayor cantidad de adeptos con el impulso de ser un agente activo por el cambio social y político, dando un giro un poco al rumbo del modelo capitalista.
